EN MAYO —MES DE LAS FLORES, MES de María—, la empresa Prima Colombia Hardwood ha comenzado a tumbar árboles en Bahía Solano para exportar a China, con la que tiene firmados ya 17 contratos sobre 7.000 metros cúbicos de las maderas más finas del Chocó: algarrobo, sande, cedro amargo, bálsamo, caimito, chanul y virola.
La tal empresa no es cualquiera. Es dueña de REM Forest Products, del billonario canadiense Frank Giustra, un corsario financiero que hizo puente con Álvaro Uribe y obtuvo una licencia de aprovechamiento forestal otorgada por Codechocó en 2006 (Resolución 2293) para explotar durante 15 años más de cinco millones de metros cúbicos de madera; unos US$1.500 millones. Estas compañías tienen a su vez vínculos financieros con Pacific Rubiales Energy, Medoro Resources, Alange Corp, Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura: madera, oro y petróleo. La Prima-REM ha instalado en la playa de Huaca un campamento con una docena de empleados canadienses, otros tantos colombianos, 80 ciudadanos nativos de las comunidades negras e indígenas y dos helicópteros. Pero las primeras trozas de prueba eran tan grandes y pesadas, que los aparatos no pudieron levantarlas. Ahora, ya en forma, con todo tipo de patentes, la empresa se dispone a cortar su primer millón de metros cúbicos en 44.596 hectáreas, todas dentro del Consejo Comunitario de Los Delfines, autorizado por la Ley 70 de 1993 y creado en 1999. Este territorio colectivo —inembargable, inalienable, imprescriptible— se extiende entre Bahía Solano y Juradó, el Pacífico y la Serranía del Baudó, y ocupa una superficie de 67.327 hectáreas donde viven 18 comunidades, 1.329 familias y 5.846 personas. Es decir, el 70% de la superficie del Consejo Comunitario será controlado por la empresa. La madera que se explotará en los próximos años costaría US$280 millones, de los cuales la compañía reconocerá al Consejo Comunitario el 10%.
Los directivos actuales de Los Delfines hicieron el negocio, pese a que en 2005 el consejo se opuso a la Ley Forestal —felizmente rechazada por la Corte Constitucional—, por considerar que con ella se “facilitarían transacciones y el aprovechamiento con ánimo de lucro de los bosques nativos y plantados en las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia”. Desde luego se trata de un nuevo consejo que llamó a una consulta previa entre la comunidad para poder autorizar el negocio. La consulta otorgó la licencia, Codechocó dio el visto bueno y el Ministerio de Medio Ambiente aplaudió el logro. El mecanismo de la consulta previa —dice el Convenio 169 de la OIT— busca que las decisiones de las comunidades sean democráticas y por tanto defiendan sus formas de vida y sus derechos sobre tierras y territorios. El Consejo Comunitario de Mecana, donde se ha construido el campamento de Prima Colombia Hardwood, considera amañada y tramposa la consulta y corrupto el Consejo de Los Delfines. Muchos consejos comunitarios se han vuelto una vía legal para permitir que los recursos —madera, oro, petróleo— sean explotados a cambio de miserables dádivas. Algunas consultas previas están siendo realizadas de manera tramposa por autoridades locales y, de hecho, compradas por empresas interesadas en una determinada explotación. Está a punto de imponerse un clientelismo feroz en las comunidades negras e indígenas para dirigir la consulta previa en una dirección: la de las locomotoras.
Para protestar contra la tala de una de las selvas más preciosas del planeta, y lo que puede suceder en el Chocó no sólo con la madera y su oro, sino con su misma gente, se encadenó tres días a un árbol de Bahía Solano Juan Ceballos. Pero, a estas horas de grandes desfalcos y robos en el Distrito y en las EPS, ¿a quién puede importarle la suerte de un ciudadano amarrado a un árbol sin haber sido secuestrado por la guerrilla?
EN MAYO —MES DE LAS FLORES, MES de María—, la empresa Prima Colombia Hardwood ha comenzado a tumbar árboles en Bahía Solano para exportar a China, con la que tiene firmados ya 17 contratos sobre 7.000 metros cúbicos de las maderas más finas del Chocó: algarrobo, sande, cedro amargo, bálsamo, caimito, chanul y virola.
La tal empresa no es cualquiera. Es dueña de REM Forest Products, del billonario canadiense Frank Giustra, un corsario financiero que hizo puente con Álvaro Uribe y obtuvo una licencia de aprovechamiento forestal otorgada por Codechocó en 2006 (Resolución 2293) para explotar durante 15 años más de cinco millones de metros cúbicos de madera; unos US$1.500 millones. Estas compañías tienen a su vez vínculos financieros con Pacific Rubiales Energy, Medoro Resources, Alange Corp, Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura: madera, oro y petróleo. La Prima-REM ha instalado en la playa de Huaca un campamento con una docena de empleados canadienses, otros tantos colombianos, 80 ciudadanos nativos de las comunidades negras e indígenas y dos helicópteros. Pero las primeras trozas de prueba eran tan grandes y pesadas, que los aparatos no pudieron levantarlas. Ahora, ya en forma, con todo tipo de patentes, la empresa se dispone a cortar su primer millón de metros cúbicos en 44.596 hectáreas, todas dentro del Consejo Comunitario de Los Delfines, autorizado por la Ley 70 de 1993 y creado en 1999. Este territorio colectivo —inembargable, inalienable, imprescriptible— se extiende entre Bahía Solano y Juradó, el Pacífico y la Serranía del Baudó, y ocupa una superficie de 67.327 hectáreas donde viven 18 comunidades, 1.329 familias y 5.846 personas. Es decir, el 70% de la superficie del Consejo Comunitario será controlado por la empresa. La madera que se explotará en los próximos años costaría US$280 millones, de los cuales la compañía reconocerá al Consejo Comunitario el 10%.
Los directivos actuales de Los Delfines hicieron el negocio, pese a que en 2005 el consejo se opuso a la Ley Forestal —felizmente rechazada por la Corte Constitucional—, por considerar que con ella se “facilitarían transacciones y el aprovechamiento con ánimo de lucro de los bosques nativos y plantados en las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia”. Desde luego se trata de un nuevo consejo que llamó a una consulta previa entre la comunidad para poder autorizar el negocio. La consulta otorgó la licencia, Codechocó dio el visto bueno y el Ministerio de Medio Ambiente aplaudió el logro. El mecanismo de la consulta previa —dice el Convenio 169 de la OIT— busca que las decisiones de las comunidades sean democráticas y por tanto defiendan sus formas de vida y sus derechos sobre tierras y territorios. El Consejo Comunitario de Mecana, donde se ha construido el campamento de Prima Colombia Hardwood, considera amañada y tramposa la consulta y corrupto el Consejo de Los Delfines. Muchos consejos comunitarios se han vuelto una vía legal para permitir que los recursos —madera, oro, petróleo— sean explotados a cambio de miserables dádivas. Algunas consultas previas están siendo realizadas de manera tramposa por autoridades locales y, de hecho, compradas por empresas interesadas en una determinada explotación. Está a punto de imponerse un clientelismo feroz en las comunidades negras e indígenas para dirigir la consulta previa en una dirección: la de las locomotoras.
Para protestar contra la tala de una de las selvas más preciosas del planeta, y lo que puede suceder en el Chocó no sólo con la madera y su oro, sino con su misma gente, se encadenó tres días a un árbol de Bahía Solano Juan Ceballos. Pero, a estas horas de grandes desfalcos y robos en el Distrito y en las EPS, ¿a quién puede importarle la suerte de un ciudadano amarrado a un árbol sin haber sido secuestrado por la guerrilla?