Hace diez años llegar a Puerto Gaitán desde Villavicencio tomaba un día atravesando sabanas, bajos; cruzando caños y comiendo tierra colorada.
A lado y lado de las trochas había hatos de llaneros viejos que poco a poco se fueron transformando en ranchos comprados por don Víctor Carranza, don Leónidas Vargas y otros sujetos conocidos en el país y en el exterior. Durante una época los paramilitares hacían retenes a lo largo de la carretera hacia Puerto Carreño. En la Cristalina había un comando permanente que cubría todo lo que hoy es el campo petrolero de la Pacific Rubiales Energy, de donde la petrolera saca hoy 250.000 barriles diarios de crudo, la cuarta parte de lo que el país produce. Es una empresa poderosa y bien cotizada, la niña consentida del Gobierno, que explota con la misma voracidad el petróleo que la mano de obra, por medio de una red infinita de subcontratistas —y de subcontratistas de los subcontratistas—. Por eso los 12.700 obreros que trabajan para unos y otros hacen cuentas de los 15 millones de dólares diarios que le entran y lo que se les paga día a día, y la cuenta no les da. La situación en que viven y trabajan es simplemente miserable y agobiante. Viven en carpas como si fueran refugiados de guerra en Afganistán —15, 20 o 40 personas por carpa—; tienen acceso a unas pocas baterías sanitarias —las colas para hacer popó son largas y angustiantes—; deben hacer fila también para el catering —el inglés es el idioma en las instalaciones—; cuadrillas de seguridad de la empresa integradas por exoficiales o exsuboficiales del Ejército, la Policía o el DAS les vigilan cada movimiento y cualquier irregularidad es denunciada a la Fuerza Pública siempre alerta y dispuesta a intervenir a favor de los intereses superiores de la patria. La seguridad social es de hecho inexistente. Las enfermerías no dan abasto porque las condiciones de hacinamiento multiplican cualquier infección en minutos. La tensión a que son sometidos los trabajadores hace que los conflictos internos conviertan los campamentos en infiernos chiquitos. Los obreros son contratados por las intermediarias por 21 días de trabajo y siete de descanso, pero no siempre un contrato sigue a otro; se pueden interrumpir por uno o dos meses, de tal forma que se rompa la continuidad laboral. Las firmas subcontratistas y sus ramificaciones cubren todos los frentes de trabajo, desde el transporte de contenedores donde viven los ingenieros, hasta la operación de taladros con punta de diamante, pasando por todo lo menudo y sucio que supone una explotación de tal magnitud. Sobra decir que el trabajo está cuidadosamente dividido para impedir “masas laborales” que puedan organizar sindicatos o protestas y cada actividad controlada por un capataz brutal al que le pagan según resultados. Las horas extras han desaparecido a favor de bonos, que, claro, son negociados con el superintendente. Las compañías que seleccionan el personal poseen un enorme poder y suelen estar manejadas por políticos locales que hacen de los trabajadores enganchados y de sus familias verdaderos secuestrados electorales.
La petrolera ha interrumpido no sólo los flujos de agua de las sabanas y los bajos, sino los caminos vecinales y servidumbres de los colonos y vaqueros sin que éstos puedan interponer la queja porque no hay autoridad local que se le enfrente a la compañía; los comerciantes de Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio, interesados en abastecer a las compañías, no se atreven a decir ni mu porque las sanciones caen encima del traidor como moscas en boñiga. Total: el despotismo absoluto contra obreros, colonos y comerciantes, sin que exista un mecanismo que pueda denunciar las arbitrariedades. Por eso ha pasado lo que ha pasado: una protesta airada que no tardó en ser sofocada violentamente por los llamados organismos de seguridad del Estado, que no lo son en realidad, ya que la Rubiales tiene poder sobre el Gobierno. En julio pasado se presentó la primera ocasión para un acuerdo laboral. Pero cuando se calmaron los ánimos botaron a la sabana a 600 trabajadores que la seguridad de la empresa tenía fichados y al mismo tiempo los patronos se levantaron de la mesa. Entonces se escribió el segundo capítulo que conocemos: helicópteros disparando bombas lacrimógenas, bombas de estruendo y balas de goma contra los obreros. El paro se levantó el jueves pasado. Veremos si llegamos a diciembre sin que la partitura de la empresa se repita y de nuevo deba salir el intrépido general Palomino a garantizar el orden.
Hace diez años llegar a Puerto Gaitán desde Villavicencio tomaba un día atravesando sabanas, bajos; cruzando caños y comiendo tierra colorada.
A lado y lado de las trochas había hatos de llaneros viejos que poco a poco se fueron transformando en ranchos comprados por don Víctor Carranza, don Leónidas Vargas y otros sujetos conocidos en el país y en el exterior. Durante una época los paramilitares hacían retenes a lo largo de la carretera hacia Puerto Carreño. En la Cristalina había un comando permanente que cubría todo lo que hoy es el campo petrolero de la Pacific Rubiales Energy, de donde la petrolera saca hoy 250.000 barriles diarios de crudo, la cuarta parte de lo que el país produce. Es una empresa poderosa y bien cotizada, la niña consentida del Gobierno, que explota con la misma voracidad el petróleo que la mano de obra, por medio de una red infinita de subcontratistas —y de subcontratistas de los subcontratistas—. Por eso los 12.700 obreros que trabajan para unos y otros hacen cuentas de los 15 millones de dólares diarios que le entran y lo que se les paga día a día, y la cuenta no les da. La situación en que viven y trabajan es simplemente miserable y agobiante. Viven en carpas como si fueran refugiados de guerra en Afganistán —15, 20 o 40 personas por carpa—; tienen acceso a unas pocas baterías sanitarias —las colas para hacer popó son largas y angustiantes—; deben hacer fila también para el catering —el inglés es el idioma en las instalaciones—; cuadrillas de seguridad de la empresa integradas por exoficiales o exsuboficiales del Ejército, la Policía o el DAS les vigilan cada movimiento y cualquier irregularidad es denunciada a la Fuerza Pública siempre alerta y dispuesta a intervenir a favor de los intereses superiores de la patria. La seguridad social es de hecho inexistente. Las enfermerías no dan abasto porque las condiciones de hacinamiento multiplican cualquier infección en minutos. La tensión a que son sometidos los trabajadores hace que los conflictos internos conviertan los campamentos en infiernos chiquitos. Los obreros son contratados por las intermediarias por 21 días de trabajo y siete de descanso, pero no siempre un contrato sigue a otro; se pueden interrumpir por uno o dos meses, de tal forma que se rompa la continuidad laboral. Las firmas subcontratistas y sus ramificaciones cubren todos los frentes de trabajo, desde el transporte de contenedores donde viven los ingenieros, hasta la operación de taladros con punta de diamante, pasando por todo lo menudo y sucio que supone una explotación de tal magnitud. Sobra decir que el trabajo está cuidadosamente dividido para impedir “masas laborales” que puedan organizar sindicatos o protestas y cada actividad controlada por un capataz brutal al que le pagan según resultados. Las horas extras han desaparecido a favor de bonos, que, claro, son negociados con el superintendente. Las compañías que seleccionan el personal poseen un enorme poder y suelen estar manejadas por políticos locales que hacen de los trabajadores enganchados y de sus familias verdaderos secuestrados electorales.
La petrolera ha interrumpido no sólo los flujos de agua de las sabanas y los bajos, sino los caminos vecinales y servidumbres de los colonos y vaqueros sin que éstos puedan interponer la queja porque no hay autoridad local que se le enfrente a la compañía; los comerciantes de Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio, interesados en abastecer a las compañías, no se atreven a decir ni mu porque las sanciones caen encima del traidor como moscas en boñiga. Total: el despotismo absoluto contra obreros, colonos y comerciantes, sin que exista un mecanismo que pueda denunciar las arbitrariedades. Por eso ha pasado lo que ha pasado: una protesta airada que no tardó en ser sofocada violentamente por los llamados organismos de seguridad del Estado, que no lo son en realidad, ya que la Rubiales tiene poder sobre el Gobierno. En julio pasado se presentó la primera ocasión para un acuerdo laboral. Pero cuando se calmaron los ánimos botaron a la sabana a 600 trabajadores que la seguridad de la empresa tenía fichados y al mismo tiempo los patronos se levantaron de la mesa. Entonces se escribió el segundo capítulo que conocemos: helicópteros disparando bombas lacrimógenas, bombas de estruendo y balas de goma contra los obreros. El paro se levantó el jueves pasado. Veremos si llegamos a diciembre sin que la partitura de la empresa se repita y de nuevo deba salir el intrépido general Palomino a garantizar el orden.