Ciento setenta y tres kilómetros de cadáveres

ES UNA CONSTANTE: TAN PRONTO SE abre una luz —tímida, parpadeante— de acercamiento entre el gobierno —cualquier gobierno— y las guerrillas, comienzan a publicarse estadísticas sobre secuestros, minas quiebrapatas, reclutamiento de menores y demás infamias que la opinión pública atribuye mecánicamente a las Farc y al Eln.

Un reflejo condicionado, como aquel que estudió Pavlov en los perros. Con el asesinato de los universitarios en Córdoba —dos en San Bernardo del Viento y dos en Cereté— el tema Bacrim se ha puesto de moda, e inclusive ha motivado un cruce de dardos envenenados entre Rafael Pardo y el expresidente Uribe, que anda cada día más nervioso y pendenciero. Ante el crecimiento inocultable de las tales Bacrim, Uribe opina que si existen es porque no se las combate como se hacía en su gobierno: “El único remedio contra bandas criminales es combatirlas a toda hora como nosotros lo hacíamos”. En otras palabras, Santos no las combate. El señor Ernesto Báez, en una gran entrevista hecha por Vladdo y publicada por Semana, tercia desde la cárcel. Las Bacrim “son paramilitares mal desmovilizados”. Y añade: “Porque estamos detenidos 3.000, pero se desmovilizaron 35.000”. La mitad de éstos fue reclutada al efecto y el gobierno les pagaba $352.000. Las cifras fueron infladas porque, como argumenta Báez, “lo que cuenta son los números; es mejor decir: fue tan exitosa mi gestión que desmovilicé a 35.000 bandidos”. Los peores enemigos —digo yo— son los amigos traicionados. Báez, como Mancuso, como Don Berna, como H.H., todos están tirándole cada vez más a Justicia y Paz, mostrando, por lo demás, que el tan mentado proceso fue un operativo publicitario. Según Báez, en Ralito se hicieron “una serie de compromisos con el Gobierno —unos verbales y otros escritos—, 95% de los cuales fueron flagrantemente violados… Si nos hicieron trampa a nosotros, que éramos primos hermanos con el gobierno, cómo no será con las Farc que son enemigos”, concluye don Ernesto.

El Acuerdo de Santa Fe de Ralito fue firmado en 2003. En 2006 se habían desmovilizado la mayoría de frentes de las Auc —una “asociación de ejércitos particulares”, según Báez—; en agosto de 2006 los jefes de los paracos son recluidos en La Ceja, después van a cárceles de máxima seguridad y finalmente cuando están “diciendo la verdad” y comienzan a señalar, en 2008, con nombres propios a coroneles y generales, capitanes y mayores que tenían vínculos con los paramilitares, son extraditados a EE.UU. por narcotráfico. Las fechas son muy dicientes. La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz fue habilitada en junio de 2005 como jurisdicción especial de la Fiscalía General para la reinserción de las Auc. Entre junio de 2006 —repito la fecha porque el país debe tenerla en cuenta— y diciembre de 2010, ese organismo ha documentado la escalofriante cifra de “173.183 homicidios y 34.467 desapariciones forzadas cometidos por paramilitares”. Hay más cifras en las cuentas de la Fiscalía: 74.990 comunidades desplazadas, 3.557 menores de edad reclutados, 3.532 extorsiones, 3.527 secuestros, 677 casos de violencia contra mujeres. El informe fue publicado por El Espectador el 13 de enero del presente año. Y el país como si nada. Ni un editorial de prensa ni un pronunciamiento de la Iglesia ni una disculpa de las Fuerzas Militares ni un murmullo de las ONG. Nada. Silencio. Si se fusilaran de uno en uno esos 135.000 colombianos y colombianas, la fila sería de 173 kilómetros, la distancia que hay de Bogotá a Tunja; o de Cali a Popayán, o de Medellín a Honda. Si se metieran todos los desaparecidos en un mismo sitio se haría un pueblo tan grande como Yarumal, en Antioquia, Zarzal, en Valle, y Guaduas en Cundinamarca. ¿Quién puede creer la historia de la desmovilización del paramilitarismo mirando esa cola de cadáveres? Bien vistas las cosas, Justicia y Paz fue una estratagema para llevar las cabezas de las Auc a cárceles de EE.UU. y dejar las manos libres a 30.000 delincuentes para que se rebusquen a mano armada. Es el país que Uribe dejó. Y por el que brinca.

ES UNA CONSTANTE: TAN PRONTO SE abre una luz —tímida, parpadeante— de acercamiento entre el gobierno —cualquier gobierno— y las guerrillas, comienzan a publicarse estadísticas sobre secuestros, minas quiebrapatas, reclutamiento de menores y demás infamias que la opinión pública atribuye mecánicamente a las Farc y al Eln.

Un reflejo condicionado, como aquel que estudió Pavlov en los perros. Con el asesinato de los universitarios en Córdoba —dos en San Bernardo del Viento y dos en Cereté— el tema Bacrim se ha puesto de moda, e inclusive ha motivado un cruce de dardos envenenados entre Rafael Pardo y el expresidente Uribe, que anda cada día más nervioso y pendenciero. Ante el crecimiento inocultable de las tales Bacrim, Uribe opina que si existen es porque no se las combate como se hacía en su gobierno: “El único remedio contra bandas criminales es combatirlas a toda hora como nosotros lo hacíamos”. En otras palabras, Santos no las combate. El señor Ernesto Báez, en una gran entrevista hecha por Vladdo y publicada por Semana, tercia desde la cárcel. Las Bacrim “son paramilitares mal desmovilizados”. Y añade: “Porque estamos detenidos 3.000, pero se desmovilizaron 35.000”. La mitad de éstos fue reclutada al efecto y el gobierno les pagaba $352.000. Las cifras fueron infladas porque, como argumenta Báez, “lo que cuenta son los números; es mejor decir: fue tan exitosa mi gestión que desmovilicé a 35.000 bandidos”. Los peores enemigos —digo yo— son los amigos traicionados. Báez, como Mancuso, como Don Berna, como H.H., todos están tirándole cada vez más a Justicia y Paz, mostrando, por lo demás, que el tan mentado proceso fue un operativo publicitario. Según Báez, en Ralito se hicieron “una serie de compromisos con el Gobierno —unos verbales y otros escritos—, 95% de los cuales fueron flagrantemente violados… Si nos hicieron trampa a nosotros, que éramos primos hermanos con el gobierno, cómo no será con las Farc que son enemigos”, concluye don Ernesto.

El Acuerdo de Santa Fe de Ralito fue firmado en 2003. En 2006 se habían desmovilizado la mayoría de frentes de las Auc —una “asociación de ejércitos particulares”, según Báez—; en agosto de 2006 los jefes de los paracos son recluidos en La Ceja, después van a cárceles de máxima seguridad y finalmente cuando están “diciendo la verdad” y comienzan a señalar, en 2008, con nombres propios a coroneles y generales, capitanes y mayores que tenían vínculos con los paramilitares, son extraditados a EE.UU. por narcotráfico. Las fechas son muy dicientes. La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz fue habilitada en junio de 2005 como jurisdicción especial de la Fiscalía General para la reinserción de las Auc. Entre junio de 2006 —repito la fecha porque el país debe tenerla en cuenta— y diciembre de 2010, ese organismo ha documentado la escalofriante cifra de “173.183 homicidios y 34.467 desapariciones forzadas cometidos por paramilitares”. Hay más cifras en las cuentas de la Fiscalía: 74.990 comunidades desplazadas, 3.557 menores de edad reclutados, 3.532 extorsiones, 3.527 secuestros, 677 casos de violencia contra mujeres. El informe fue publicado por El Espectador el 13 de enero del presente año. Y el país como si nada. Ni un editorial de prensa ni un pronunciamiento de la Iglesia ni una disculpa de las Fuerzas Militares ni un murmullo de las ONG. Nada. Silencio. Si se fusilaran de uno en uno esos 135.000 colombianos y colombianas, la fila sería de 173 kilómetros, la distancia que hay de Bogotá a Tunja; o de Cali a Popayán, o de Medellín a Honda. Si se metieran todos los desaparecidos en un mismo sitio se haría un pueblo tan grande como Yarumal, en Antioquia, Zarzal, en Valle, y Guaduas en Cundinamarca. ¿Quién puede creer la historia de la desmovilización del paramilitarismo mirando esa cola de cadáveres? Bien vistas las cosas, Justicia y Paz fue una estratagema para llevar las cabezas de las Auc a cárceles de EE.UU. y dejar las manos libres a 30.000 delincuentes para que se rebusquen a mano armada. Es el país que Uribe dejó. Y por el que brinca.