La emprsa petrolera Hupecol Operating Co. demandó esta semana a la Nación por $83.000 millones en razón del perjuicio que le representa no poder explotar el crudo en la zona de Caño Cristales, Guayabero y Duda. En marzo de 2016 el Gobierno había dado licencia a la compañía, cuando los acuerdos con las Farc, que dominaban la región, ya estaban muy adelantados. La reacción de las comunidades organizadas de La Macarena y un fuerte sector de opinión pública hicieron que el Gobierno se echara para atrás. Algo similar está pasando con la minería de oro en el municipio de La Vega, Cauca, en el macizo colombiano.
En la medida en que avanzaba el acuerdo de La Habana con las Farc, las grandes mineras como Continental Gold, Anglo Gold Ashanti y Carboandes pusieron en marcha un gran plan para entrar a La Vega detrás del oro, utilizando una maraña de maniobras amparadas por las Leyes 685 de 2001 y 1382 de 2010, el Decreto 480 de 2014 y la declaratoria de cinco bloques en áreas estratégicas mineras en La Vega que comprometen resguardos indígenas y reservas campesinas situadas dentro de la Reserva de la Biosfera Constelación del Cinturón Andino, declarada por la Unesco según Acuerdo 56 de 1978.
Las comunidades campesinas han venido enfrentando “a pecho” —como ellas mismas dicen— dos gigantescos proyectos: El Dominical, que comprende 26.000 hectáreas, cuya prospección y exploración superficial fueron realizadas por la empresa Continental Gold, y La Custodia, que comprende 3.625 hectáreas, cuya exploración profunda fue hecha por la empresa Carboandes. Proyectos que en 2014 fueron detenidos por la presencia de la guerrilla, pero que se han comenzado a “implementar” ahora, después de la dejación de armas de las Farc. La “implementación” consiste en presionar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para que formalice la existencia de la pequeña minería, que son en realidad avanzadas de mineros foráneos que explotan pequeñas minas en tierras de campesinos con el propósito de fomentar una cultura minera. Así, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y el Ministerio de Minas y Energía firmaron el Convenio CGG-149 de caracterización y formalización de la pequeña minería en Cauca, al determinar en La Vega 28 focos de minería ilegal o, como ellos los denominan, Unidades de Producción Minera (UPM). En la realidad, como afirman las organizaciones Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega (PCPV) y Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), en este territorio hay unos pocos campesinos que barequean de vez en cuando, pero que no tienen tradición minera.
La estrategia de las empresas consiste en legalizar esas avanzadas por medio de subcontratación a la sombra del Decreto 480 de 2014, que permite que reciban créditos y tecnología las reconocidas como UPM, de manera que estos mineros foráneos son en realidad testaferros de una operación empresarial de gran envergadura. En los sectores de Hueco Hondo, El Ventiadero, El Recreo, Albania, Calixta y La Pampa se explota el oro por medio de socavones, y en algunos también con retroexcavadoras, por gente armada llegada de Chocó, Nariño y Antioquia que ha logrado inducir con la quimera del oro a algunos campesinos a trabajar en minería. El cuadro se completa con el proyecto de construcción de una hidroeléctrica a filo de agua en el río Pancitará, que hace sospechar que su función será alimentar de agua y energía la explotación a gran escala del oro en el Macizo Colombiano y en el Patía.
Las comunidades que vienen organizándose como Reservas Campesinas se han opuesto a la minería desde hace una década y han emprendido acciones de control y protección territorial junto a comunidades indígenas —“para ver florecer la tierra”—, que consisten en el saboteo y la neutralización de los trabajos adelantados por esas UPM y por las mineras para que salgan del territorio y abandonen su actividad. Es una medida defensiva que llaman “legitimidad de puño”.
El PCPV en conjunto con los indígenas y otras organizaciones comunitarias ha optado por hacer realidad la perspectiva abierta por la paz y convocar una consulta popular de iniciativa ciudadana para defender el agua, la cultura campesina e indígena y en general la biosfera —envoltura viva de la tierra— contra la amenaza de los proyectos minero-energéticos en marcha.
Desde hace varios meses han aparecido pintas de AUC y han declarado objetivo militar a “todos los sapos, colaboradores, guerrilleros y promotores de la consulta popular y a todo el proceso campesino”. La amenaza incluye familiares. Más aún, pintas como esas también aparecieron cerca al lugar donde fueron asesinados dos miembros de la SIJÍN adscritos a la unidad que investigaba casos de minería ilegal.
La emprsa petrolera Hupecol Operating Co. demandó esta semana a la Nación por $83.000 millones en razón del perjuicio que le representa no poder explotar el crudo en la zona de Caño Cristales, Guayabero y Duda. En marzo de 2016 el Gobierno había dado licencia a la compañía, cuando los acuerdos con las Farc, que dominaban la región, ya estaban muy adelantados. La reacción de las comunidades organizadas de La Macarena y un fuerte sector de opinión pública hicieron que el Gobierno se echara para atrás. Algo similar está pasando con la minería de oro en el municipio de La Vega, Cauca, en el macizo colombiano.
En la medida en que avanzaba el acuerdo de La Habana con las Farc, las grandes mineras como Continental Gold, Anglo Gold Ashanti y Carboandes pusieron en marcha un gran plan para entrar a La Vega detrás del oro, utilizando una maraña de maniobras amparadas por las Leyes 685 de 2001 y 1382 de 2010, el Decreto 480 de 2014 y la declaratoria de cinco bloques en áreas estratégicas mineras en La Vega que comprometen resguardos indígenas y reservas campesinas situadas dentro de la Reserva de la Biosfera Constelación del Cinturón Andino, declarada por la Unesco según Acuerdo 56 de 1978.
Las comunidades campesinas han venido enfrentando “a pecho” —como ellas mismas dicen— dos gigantescos proyectos: El Dominical, que comprende 26.000 hectáreas, cuya prospección y exploración superficial fueron realizadas por la empresa Continental Gold, y La Custodia, que comprende 3.625 hectáreas, cuya exploración profunda fue hecha por la empresa Carboandes. Proyectos que en 2014 fueron detenidos por la presencia de la guerrilla, pero que se han comenzado a “implementar” ahora, después de la dejación de armas de las Farc. La “implementación” consiste en presionar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para que formalice la existencia de la pequeña minería, que son en realidad avanzadas de mineros foráneos que explotan pequeñas minas en tierras de campesinos con el propósito de fomentar una cultura minera. Así, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y el Ministerio de Minas y Energía firmaron el Convenio CGG-149 de caracterización y formalización de la pequeña minería en Cauca, al determinar en La Vega 28 focos de minería ilegal o, como ellos los denominan, Unidades de Producción Minera (UPM). En la realidad, como afirman las organizaciones Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega (PCPV) y Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), en este territorio hay unos pocos campesinos que barequean de vez en cuando, pero que no tienen tradición minera.
La estrategia de las empresas consiste en legalizar esas avanzadas por medio de subcontratación a la sombra del Decreto 480 de 2014, que permite que reciban créditos y tecnología las reconocidas como UPM, de manera que estos mineros foráneos son en realidad testaferros de una operación empresarial de gran envergadura. En los sectores de Hueco Hondo, El Ventiadero, El Recreo, Albania, Calixta y La Pampa se explota el oro por medio de socavones, y en algunos también con retroexcavadoras, por gente armada llegada de Chocó, Nariño y Antioquia que ha logrado inducir con la quimera del oro a algunos campesinos a trabajar en minería. El cuadro se completa con el proyecto de construcción de una hidroeléctrica a filo de agua en el río Pancitará, que hace sospechar que su función será alimentar de agua y energía la explotación a gran escala del oro en el Macizo Colombiano y en el Patía.
Las comunidades que vienen organizándose como Reservas Campesinas se han opuesto a la minería desde hace una década y han emprendido acciones de control y protección territorial junto a comunidades indígenas —“para ver florecer la tierra”—, que consisten en el saboteo y la neutralización de los trabajos adelantados por esas UPM y por las mineras para que salgan del territorio y abandonen su actividad. Es una medida defensiva que llaman “legitimidad de puño”.
El PCPV en conjunto con los indígenas y otras organizaciones comunitarias ha optado por hacer realidad la perspectiva abierta por la paz y convocar una consulta popular de iniciativa ciudadana para defender el agua, la cultura campesina e indígena y en general la biosfera —envoltura viva de la tierra— contra la amenaza de los proyectos minero-energéticos en marcha.
Desde hace varios meses han aparecido pintas de AUC y han declarado objetivo militar a “todos los sapos, colaboradores, guerrilleros y promotores de la consulta popular y a todo el proceso campesino”. La amenaza incluye familiares. Más aún, pintas como esas también aparecieron cerca al lugar donde fueron asesinados dos miembros de la SIJÍN adscritos a la unidad que investigaba casos de minería ilegal.