Petro

Siendo Petro representante a la Cámara, lo conocí para escribir un reportaje.

Había comenzado a dar los  debates contra el paramilitarismo y la corrupción, que son con mucho las fuerzas más intransigentes opuestas a toda modificación del status quo. Lo defienden porque viven de él. No es una posición ideológica sino una defensa grosera de su bolsa. Petro decidió comenzar por ahí, pero tenía en su mira otra fuente de la corrupción: la privatización de los servicios públicos. El llamado Consenso de Washington dio luz verde para que los  intereses privados cayeran todos a una sobre el capital social representado en el Estado. Se impuso  la tesis de que la privatización de servicios públicos era el antídoto contra la corrupción. Pasado un tiempo, se vio que el modelo era perverso. La idea de que la competencia impedía la corrupción no sólo resultó falaz sino que representó una solución contraproducente. Los intereses privados se ponen de acuerdo  para hacer manguala, crear monopolios, ganar  licitaciones y organizar pandillas de litigantes que enredan de tal forma los contratos, que el Estado queda en sus manos. El caso Nule es la evidencia de un iceberg que anda navegando. Los empresarios requieren de los políticos para esquilmar al Estado; necesitan que el poder  les haga la segunda y, para eso, compran  funcionarios. Los políticos son los que en última instancia manejan el aparato y deciden qué hacer con el billete.

La realidad que todos sabemos es que Petro intentó devolver al Estado las funciones que le corresponden. La idea no era sólo castigar a los corruptos, sino acabar con la estructura que los cría. Para ello, sabiendo que existía una oposición institucional, el papel gestor del Estado se podía desarrollar sin caer en la inmoralidad. No se pudo porque la oposición se alió con las empresas para rescatar su parte,  sus canonjías acostumbradas. No es otro el caso de las basuras en Bogotá. Un meganegocio monopolizado por una alianza empresarial que armó una estrategia para impedir que el servicio regresara a manos del gobierno distrital. El contrato  valía la pena: $2,4 billones. Petro podía quitarles  el negocio, pero los camiones compactadores, la información y la nómina eran propiedad del cartel de la basura. El pulso estuvo ahí. Los empresarios lo ganaron, sabían que “no existía en Bogotá una capacidad de camiones con estas características para atender la necesidad de ese servicio”. La improvisación consistió en no tener listo el equipo para recoger la basura, y no era fácil porque era imposible hacer la prórroga del contrato de manera unilateral. Petro quedó entre la espada y la pared y las basuras en la calle. En vez de buscar el cadáver aguas abajo, el procurador decidió buscarlo aguas arriba. La trinca entre contratistas y políticos encontró en Ordóñez el instrumento  para castigar la osadía de quitarle al cartel los 2,7 billones del negocio. Y de paso tratar de mostrar que la izquierda es incompetente. Lo grave del procurador no es que rece el rosario en latín; lo  peligroso es que haya usado su  firma para anular la voluntad de 750.000 ciudadanos. Podía hacerlo y lo ha hecho: ha destituido 800 alcaldes. Ordóñez es un cruzado  que está dispuesto, ahuchado por Uribe y por la extrema derecha, a impedir las negociaciones de La Habana. ¿No se ve esta intención  en la presión que hizo ante a la Corte Penal Internacional? El tiro fue contra Petro, pero el tatucazo fue contra la mesa de negociación. En eso coinciden el nuevo embajador de EE.UU. en Colombia y las Farc. Hay que abonarle a Ordóñez que hayan coincidido en algo y que además, sea nuestro Torquemada la única persona que ha logrado unificar a la izquierda. El caso de Petro pone sobre el tapete de discusión una nueva reforma que module el poder del procurador, como sostuvo el ministro de Justicia,  y al mismo tiempo, como han propuesto la Farc, le quite al Congreso la facultad para elegir los órganos de control, que  deben ser elegidos popularmente. Hasta aquí estoy de acuerdo con Petro.

Siendo Petro representante a la Cámara, lo conocí para escribir un reportaje.

Había comenzado a dar los  debates contra el paramilitarismo y la corrupción, que son con mucho las fuerzas más intransigentes opuestas a toda modificación del status quo. Lo defienden porque viven de él. No es una posición ideológica sino una defensa grosera de su bolsa. Petro decidió comenzar por ahí, pero tenía en su mira otra fuente de la corrupción: la privatización de los servicios públicos. El llamado Consenso de Washington dio luz verde para que los  intereses privados cayeran todos a una sobre el capital social representado en el Estado. Se impuso  la tesis de que la privatización de servicios públicos era el antídoto contra la corrupción. Pasado un tiempo, se vio que el modelo era perverso. La idea de que la competencia impedía la corrupción no sólo resultó falaz sino que representó una solución contraproducente. Los intereses privados se ponen de acuerdo  para hacer manguala, crear monopolios, ganar  licitaciones y organizar pandillas de litigantes que enredan de tal forma los contratos, que el Estado queda en sus manos. El caso Nule es la evidencia de un iceberg que anda navegando. Los empresarios requieren de los políticos para esquilmar al Estado; necesitan que el poder  les haga la segunda y, para eso, compran  funcionarios. Los políticos son los que en última instancia manejan el aparato y deciden qué hacer con el billete.

La realidad que todos sabemos es que Petro intentó devolver al Estado las funciones que le corresponden. La idea no era sólo castigar a los corruptos, sino acabar con la estructura que los cría. Para ello, sabiendo que existía una oposición institucional, el papel gestor del Estado se podía desarrollar sin caer en la inmoralidad. No se pudo porque la oposición se alió con las empresas para rescatar su parte,  sus canonjías acostumbradas. No es otro el caso de las basuras en Bogotá. Un meganegocio monopolizado por una alianza empresarial que armó una estrategia para impedir que el servicio regresara a manos del gobierno distrital. El contrato  valía la pena: $2,4 billones. Petro podía quitarles  el negocio, pero los camiones compactadores, la información y la nómina eran propiedad del cartel de la basura. El pulso estuvo ahí. Los empresarios lo ganaron, sabían que “no existía en Bogotá una capacidad de camiones con estas características para atender la necesidad de ese servicio”. La improvisación consistió en no tener listo el equipo para recoger la basura, y no era fácil porque era imposible hacer la prórroga del contrato de manera unilateral. Petro quedó entre la espada y la pared y las basuras en la calle. En vez de buscar el cadáver aguas abajo, el procurador decidió buscarlo aguas arriba. La trinca entre contratistas y políticos encontró en Ordóñez el instrumento  para castigar la osadía de quitarle al cartel los 2,7 billones del negocio. Y de paso tratar de mostrar que la izquierda es incompetente. Lo grave del procurador no es que rece el rosario en latín; lo  peligroso es que haya usado su  firma para anular la voluntad de 750.000 ciudadanos. Podía hacerlo y lo ha hecho: ha destituido 800 alcaldes. Ordóñez es un cruzado  que está dispuesto, ahuchado por Uribe y por la extrema derecha, a impedir las negociaciones de La Habana. ¿No se ve esta intención  en la presión que hizo ante a la Corte Penal Internacional? El tiro fue contra Petro, pero el tatucazo fue contra la mesa de negociación. En eso coinciden el nuevo embajador de EE.UU. en Colombia y las Farc. Hay que abonarle a Ordóñez que hayan coincidido en algo y que además, sea nuestro Torquemada la única persona que ha logrado unificar a la izquierda. El caso de Petro pone sobre el tapete de discusión una nueva reforma que module el poder del procurador, como sostuvo el ministro de Justicia,  y al mismo tiempo, como han propuesto la Farc, le quite al Congreso la facultad para elegir los órganos de control, que  deben ser elegidos popularmente. Hasta aquí estoy de acuerdo con Petro.