Se cumplen dos semanas de paro en las que hemos visto gracias a la gente —que además de protestar tiene el valor de grabar— videos que dan cuenta de la debacle moral del Estado. El llanto salido de la entraña de la madre de Santiago Murillo, de 19 años, al verlo muerto. La alegría de Lucas Villa que le costó ocho tiros. El momento en que un agente del Esmad golpea, desde la moto y sin mediar palabra, a un joven en Floridablanca, Santander. Hemos visto correr la sangre de jóvenes que han preferido protestar a esperar a que el sinfuturo les llegue sin más ni más; también, estallidos violentos de una protesta que pierde argumentos al intentar quemar vivos a diez agentes de Policía. Van 14 noches de ansiedad, desvelos, rabia e impotencia; de buscar sin éxito la palabra que recoja tanta indignación. Y entre el horror, llama la atención una vieja y perversa técnica usada por el Estado: armar civiles para sabotear la protesta pacífica, para asesinar liderazgos, para justificar su brutalidad, para soltar el miedo.
Una técnica que, disfrazada de operación de inteligencia, es prima hermana del paramilitarismo. Infiltrar policías de civil armados se parece a motivar la creación de ejércitos particulares para operaciones antisubversivas. No es lo mismo, pero persigue el mismo objetivo. Buscan difuminar los rastros de quien dio la orden y quien la ejecutó. Apuntan a hacer el trabajo sucio que el orden legal prohíbe, justificado en que “es por el bien de la patria”. Pero si algo ha dejado este paro son evidencias de ese accionar. Grabaciones de filas de civiles en una estación de Policía. Entrega de armas a particulares o protección a personas que, pistola en cinto, entran y salen de las protestas. El mundo ha visto a civiles que disparan indiscriminadamente contra la multitud, que actúan como vándalos en las marchas y terminan protegidos por agentes de policía. Pasó este fin de semana en Cali. Civiles que recibieron a bala a la minga indígena porque, a su juicio, pueden protestar pero no en Ciudad Jardín.
Otra parte de la técnica es la que se develó la semana pasada, cuando sorprendieron en flagrancia en el oeste de Cali a un grupo de hombres descendiendo armados de un camión; al verse pillados huyeron mientras disparaban. En video quedó el contenido del camión: varias placas vehiculares, uniformes de la Policía, los papeles del vehículo a nombre de la entidad, esposas. Tanto, que la comandancia debió reconocer que el camión sí le pertenecía, pero los que estaban en él no, o más bien sí, pero que hacían inteligencia para impedir una extorsión. Es más, que los agredidos por la turba fueron ellos, indefensos. Pero la gente los vio, los grabó y no les cree el numerito.
Un juego peligroso, porque el Estado gana con cara y también con sello. Pues si sale mal, el infiltrado corre grandes riesgos, pero su “sacrificio” sirve para deslegitimar la protesta, como ocurrió con el vil asesinato del capitán Jesús Alberto Solano, comandante de la Sijín de Soacha, quien se encontraba solo entre la multitud, vestido de civil y armado. Alguien notó que era policía y él trató de huir. Corrió cuatro cuadras y al pasar frente al negocio de empanadas de la familia Vélez, uno de los jóvenes, de 21 años y recién llegado de servicio militar, reaccionó a gritos: ¡Agárrenlo! Sebastián Vélez lo alcanzó. Una vez lo tocó, el capitán sacó un arma y le propinó tres tiros. El muchacho y el capitán cayeron. Michael, hermano de Sebastián, socorrió a su herido. Los perseguidores del capitán lo lincharon, lo acuchillaron y, salvajemente, lo hirieron de muerte. Sebastián, su hermano y otra persona fueron capturados. A los Vélez se les acusa de homicidio agravado, hurto y (ojo con esto) porte ilegal de armas. Es decir, al joven que el capitán le dio tres tiros lo acusan de llevar la pistola del policía. La defensa de los Vélez asegura que Sebastián actuó sin saber que era policía, pensando que perseguían a un ladrón y ¿cómo saber si era un agente si iba de civil y armado?, igual que los hombres que dispararon contra Lucas Villa en Pereira. Debe ser por todo esto que el rey de la inteligencia israelí, Rafi Eitan, sostenía que “toda operación de inteligencia es una alianza con el delito”.