El 19 de agosto se cumplen 12 años del día en que un patrullero de la Policía asesinó a Diego Felipe Becerra, un pelado de 16 años que un viernes en la noche salió con sus amigos a hacer unos grafitis en el puente de la 116 con avenida Boyacá, en Bogotá, y terminó muerto e involucrado, falsamente, en un montaje para legalizar el operativo policial. Ocurrió pasadas las 10 de la noche, cuando unos agentes llegaron al puente por sorpresa, los jóvenes se asustaron y salieron a correr. El patrullero Wílmer Antonio Alarcón trató de alcanzar a Diego Felipe y cuando lo tuvo cerca le soltó un balazo por la espalda.
Antes de morir lo llevaron al hospital herido y desde ese momento Alarcón, los policías que estaban con él y todos los uniformados de su CAI se concertaron para hacer un montaje. Le quitaron la lata de grafiti y le pusieron un arma, consiguieron dos falsos testigos y construyeron una historieta para enlodar al pelado que acababan de asesinar. Pero se encontraron con dos padres valientes y obstinados: Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, quienes desde ese momento no han descansado en su empeño por llevar a la justicia a los tres civiles y 11 policías que hicieron parte del homicidio y del posterior montaje. Ha sido una batalla tenaz contra el poder, contra la Policía y hasta contra la justicia, pero hoy parece que ganaron la partida.
La familia de Diego Felipe y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ya tienen un acuerdo de solución amistosa en el que el Estado colombiano asume la responsabilidad por el asesinato del menor de edad, repara a la familia y exalta la memoria del niño que esa noche corrió por susto y terminó asesinado y pasado como un delincuente por los policías, que hicieron todo lo posible por enlodar su nombre, torcer la escena y huir de la justicia. De los 14 involucrados, hoy cinco policías están condenados y hasta el general retirado Francisco Patiño, quien fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, está siendo investigado en este caso.
Todo lo que ha sufrido la familia de Diego Felipe hoy parece que será recompensado. El acuerdo de solución amistosa, con el que se frenarían las acciones legales nacionales e internacionales, incluye un acto de reconocimiento de responsabilidad de la Policía Nacional, algo a lo que la institución se ha negado históricamente; también se establece que la cátedra de respeto a los derechos humanos que reciben los policías se bautizará con el nombre del joven asesinado, nombre que también llevará una condecoración que será entregada a los agentes que se destaquen en el respeto por los derechos humanos. Al mismo tiempo, el Concejo de Bogotá tiene listo un proyecto de acuerdo en el que se honra la memoria de Diego Felipe, se crea el Día Distrital del Arte Urbano, un museo virtual destinado al grafiti y se da su nombre al puente en el que fue asesinado, entre otras.
Una pequeña recompensa en memoria de Diego Felipe Becerra que devuelva en algo lo que han tenido que vivir sus familiares en estos 12 años. Una lucha valiente que encontró eco en la doctora Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia, quien no dudó ni un segundo que en casos como el de Diego Felipe el Estado debe asumir las responsabilidades, pedir perdón, reparar a las víctimas y poner al servicio de la memoria y la educación las fallas cometidas por los funcionarios públicos involucrados en graves crímenes. Una estrategia que cambia por completo la larga tradición de defensa jurídica del Estado, que llevaba los procesos hasta las condenas internacionales, para luego incumplirlas, dilatar en el tiempo las medidas tomadas y someter al Estado a un estúpido desgaste, con el fin de encubrir a los servidores públicos que violaron ley. En estos pequeños actos es donde se debe notar el cambio en las formas de gobernar, en un Estado que reconoce las responsabilidades cuando le caben y pide perdón.