Una mafia blindada en la UNP

La política de paz total del Gobierno Petro es un ambicioso proyecto con una sencilla e imperiosa motivación: detener la violencia y darle valor a la vida. El camino para conseguirlo será espinoso y complejo, pues requiere desarrollar el Estado territorial, uno que llegue a las regiones para ofrecer oportunidades a las gentes abandonadas a su suerte. Un Estado que defienda las vidas sin estratificaciones y clasificaciones de orden y de prioridad. La premisa se pone a prueba con los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz. Hombres y mujeres que se reconciliaron con la Constitución y las leyes, y como muestra de su voluntad entregaron su única garantía: un fusil. Sin embargo, el Estado no ha cumplido la principal promesa que les hizo: garantizarles la vida. Ya van 356 firmantes asesinados desde 2016, según se reveló en la audiencia de medidas cautelares que adelantó la JEP en favor de quienes dejaron las armas con el Acuerdo del Teatro Colón, hace ya seis años.

Durante la sesión, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, dejó sonando una hipótesis de investigación muy poco desarrollada pero de la que se habla en las filas de excombatientes: que en la Unidad Nacional de Protección (UNP) se ha refugiado una mafia que tuvo orígenes en las Convivir en la primera mitad de los años 90, que se multiplicó sin control a expensas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y ejecutó el exterminio de la Unión Patriótica y los asesinatos de decenas de dirigentes de izquierda, así como también terminó creando un fuerte vínculo con militares y policías retirados de la fuerza pública pero activos en la corrupción, el narcotráfico y el crimen.

La hipótesis del comisionado tiene sustento, pues, según dijo, su oficina tiene identificado a un testigo que hoy está siendo protegido y que ha aportado información sobre esta mafia enquistada en la UNP. Allí operan estructuras criminales relacionadas con actividades de tráfico de drogas mediante vehículos de la entidad, con montajes judiciales contra quienes les incomoden, con traslados seguros de cabecillas delincuenciales, y tienen una poderosa red de informantes. De otro lado, estas mismas estructuras han creado una cartelización muy sofisticada para que dos o tres empresas sean las únicas ganadoras de las grandes licitaciones. Con eso garantizan el control absoluto de las minutas y los términos de arriendos de los vehículos. Entonces facturan a manos llenas. Hacen pasar vehículos sin blindaje como blindados, los arriendan por ocho días pero sólo son utilizados tres días a la semana. Cuando un carro se vara, en vez de llevarlo al mecánico se lo entregan a otro protegido y así ganan unos días sin que el carro funcione.

La UNP hoy es una entidad del Estado que alberga una de las peores mafias del país. Una multiplicidad de sindicatos controlados por las empresas que rentan los carros y tercerizan la operación es el mecanismo de protección que no permite intervenir y desmontar el cartel. Tanto es así, que cuando el director de la entidad, Augusto Rodríguez, intenta hacer algo, tratan de amedrentarlo con amenazas, escándalos prefabricados y hasta con situaciones que ponen en riesgo las vidas de protegidos. Lo peor es que la información, según dijo el comisionado Rueda, está en manos de la Fiscalía General de la Nación y el testigo protegido ha estado a su disposición, pero el ente investigador ha mostrado desinterés absoluto por hacer justicia e identificar a los responsables. Y es que seguramente ahí caerán muchos de los antiguos compañeros de gabinete del fiscal Barbosa, más sus amigos policías y militares, y los empresarios portentosos que le garantizan sus camionetas de lujo para sacar a pasear a sus perritos.