El 2023 será un año para la Jurisdicción Especial para la Paz. En marzo se cumplirán cinco años de funcionamiento del sistema de justicia transicional que se creó con el Acuerdo de Paz con las Farc, de forma que el país y el mundo están expectantes de cómo serán las sanciones que se impongan a los máximos responsables del conflicto armado. De hecho, por estos días, existe una explicable expectativa sobre una diligencia que está programada para los días 26 y 27 de enero, en la cual se va a definir si crímenes perpetrados por dos peces gordos del paramilitarismo serán objeto de su atención. La audiencia única de verdad plena en la que participarán Jorge 40 y Salvatore Mancuso es una prueba de fuego para al sistema, primero porque definirá si el tribunal de paz asume el reto de esclarecer judicialmente los contornos que permitieron la puesta en marcha de uno de los ejércitos más sangrientos y potentes del conflicto armado colombiano, y segundo, porque esto exigirá revertir los errores de Justicia y Paz. Un sistema transicional que fue hundido por la vasta cantidad de postulados y versiones que hicieron del exceso de información su mejor arma para garantizar la impunidad.
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El 2023 será un año para la Jurisdicción Especial para la Paz. En marzo se cumplirán cinco años de funcionamiento del sistema de justicia transicional que se creó con el Acuerdo de Paz con las Farc, de forma que el país y el mundo están expectantes de cómo serán las sanciones que se impongan a los máximos responsables del conflicto armado. De hecho, por estos días, existe una explicable expectativa sobre una diligencia que está programada para los días 26 y 27 de enero, en la cual se va a definir si crímenes perpetrados por dos peces gordos del paramilitarismo serán objeto de su atención. La audiencia única de verdad plena en la que participarán Jorge 40 y Salvatore Mancuso es una prueba de fuego para al sistema, primero porque definirá si el tribunal de paz asume el reto de esclarecer judicialmente los contornos que permitieron la puesta en marcha de uno de los ejércitos más sangrientos y potentes del conflicto armado colombiano, y segundo, porque esto exigirá revertir los errores de Justicia y Paz. Un sistema transicional que fue hundido por la vasta cantidad de postulados y versiones que hicieron del exceso de información su mejor arma para garantizar la impunidad.
Además, la JEP tiene el reto de nunca ser un burladero judicial que concede libertades sin contraprestación alguna. En el caso de Jorge 40, quien solo participó en cuatro versiones en Justicia y Paz, en las que confesó un solo crimen y aceptó otros 98, por línea de mando, sus aportes a la verdad han sido más que pobres; en 48 llamados a rendir versión se negó y ahora volvió con la intención de ser aceptado por la JEP. En el caso de Mancuso, condenado a 40 años de prisión, sus aportes en Justicia y Paz dejaron cientos de horas de confesiones en manos de la justicia. Sin embargo, al llegar al capítulo de empresarios y militares el excomandante paramilitar sostuvo que sin garantías de seguridad para él y su familia no seguiría aportando. Los casos de estas dos cabezas del paramilitarismo tienen varios retos, pero lo más importante puede ser no echar por la borda el juicioso trabajo de decenas de fiscales y jueces que hicieron su trabajo bien en la justicia ordinaria, y no otorgar la libertad sin que a cambio ofrezcan aportes nuevos y precisos sobre quienes estuvieron detrás del paramilitarismo y cómo fue financiado.
Adicionalmente, la promesa más repetida durante el proceso de paz fue que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo. Durante la negociación se hicieron esfuerzos para que fueran escuchadas, pero estos no buscaban resolver sus angustiosas solicitudes. Al final, la mesa les tiró la pelota a la JEP y a la Comisión de la Verdad, y les dejó abierto un margen para que estas entidades definieran sus tiempos y fórmulas para dar respuesta a quienes exigen verdad, justicia y reparación. Es decir, la mesa de diálogos de La Habana trasladó al sistema de justicia transicional las exigencias de las víctimas para que de forma creativa y novedosa les permitieran participar e interactuar a lo largo del proceso judicial. En términos generales, la JEP ha cumplido con esta responsabilidad, pero por momentos parece que olvidara quiénes son los principales acreedores de sus decisiones. Para la esperada cita de este mes, los magistrados encargados de adelantar las audiencias únicas de verdad plena de Mancuso y Jorge 40 definieron que, al no tener certeza sobre el universo de víctimas, estas estaban invitadas a participar solo en calidad de oyentes.
La decisión despierta los fantasmas del pasado, las largas horas de audiencias de Justicia y Paz en que las personas afectadas por su violencia oyeron frente a un televisor, sufriendo sin que su victimario pudiera ser interpelado, sin poder si quiera dejar en evidencia las mentiras y elusivas que utilizaron los “paras” para encubrir muchos de los responsables e intenciones de sus crímenes. La decisión de incluir a las víctimas como parte activa de las audiencias, dando valor a la experiencia y el conocimiento que tienen ellas en buscar la verdad en la boca de sus victimarios, debe ser una regla de oro en la JEP. Es la única manera de no repetir los errores del pasado.