¿Desaparecer el delito político?

Lo que no lograron el No al plebiscito y las objeciones de Iván Duque lo podría alcanzar la creatividad parlamentaria en nombre de la “paz total” y el “perdón social”: asfixiar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Mientras se expresan reservas —legítimas, pues tanto Gentil Duarte como Iván Márquez estuvieron en La Habana— tras el encuentro del comisionado de Paz, Danilo Rueda, con miembros del Frente Primero de las disidencias, La Silla Vacía publicó el borrador del proyecto de ley de Antonio José Correa, senador de la U, “nutrido” del trabajo de Juan Fernando Petro, hermano del presidente. Busca que la JEP acoja a “los actores que han estado y que se han sometido a la justicia” (antiguos paramilitares y grupos criminales).

Según el congresista, su proyecto fue consensuado con “víctimas del conflicto”: ¿de cuál “conflicto”? ¿El de Enilce López, la Gata, cuyo grupo es cercano a Correa? ¿Del hijo de ella, Jorge Luis Alfonso López (exalcalde condenado por homicidio), con quien trabajó este político? ¿De excongresistas parapolíticos del PIN/Opción Ciudadana al que perteneció el actual senador de la U?

El proyecto que reforma el marco jurídico de la justicia transicional crearía una “Sala de descongestión y cierre” y aumentaría las competencias de la JEP al punto de convertirla en un menú para delincuentes.

Con su transformación de la Ley 1820 de 2016, la laxitud frente a los “delitos conexos” reventaría el resorte del delito político. ¿Qué tipo de trampa supone intentar que, en el mandato de un exguerrillero, desaparezca el sentido del delito político? ¡El sueño dorado de Álvaro Uribe!

Al respecto, el senador Iván Cepeda me aseguró en Blu Radio: “El Gobierno Petro ha sido muy claro en que va a implementar el proceso de paz, tal y como se firmó (…). Eso significa no alterar el Acuerdo. Ahora, debo incluir un asterisco: es posible que en la negociación con el Eln haya que buscar una salida de justicia transicional”.

¿Usted no aprueba, entonces, alterar la JEP?, insistí. Y reiteró: “El Acuerdo de Paz no se puede alterar. Hay disposiciones institucionales que lo impiden. No es solo que el Gobierno está claramente decidido: quienes hacemos parte de esta corriente política que está hoy en este Gobierno hemos sido los defensores a ultranza de ese Acuerdo. Constitucionalmente, es imposible deshacerlo. Cualquier ley que se tramite, como la que usted ha mencionado, imagino que la Corte Constitucional la declararía inconstitucional”.

En el mismo programa, añadió Juan Pappier, de Human Rights Watch: “Ese proyecto condena a la JEP al fracaso, justo cuando ha empezado a mostrar resultados históricos. Ese proyecto de ley debería ser archivado, no es consistente con el Acuerdo de Paz. Colapsaría la JEP”.

Antes de posesionarse, Petro se reunió con la magistratura para presentar su proyecto de “paz total”: él conoce la presión material e histórica que el Acuerdo de La Habana ejerce actualmente sobre la capacidad instalada de la justicia transicional.

Si Danilo Rueda no es transparente y oportuno, y el Congreso no se concentra en debatir y legislar sobre lo que es posible en el marco de la Constitución —¡con lealtad al 90 % de firmantes que sí han cumplido con lo pactado!—, estos globos mediáticos mutarán en bombas atómicas sobre el corazón de la negociación: la JEP.