La mañana del 2 de diciembre de 2008, Marjorie abordó un bus en el barrio Laureles rumbo a Villa Hermosa, donde la esperaba Róbert Alexánder López, pospenado de la cárcel de Bellavista. La psicóloga, contratista del programa de Paz y Reconciliación, velaba por la salud mental de los reclusos y luego acompañaba su reinserción.
Costeando los pasajes con sus propios recursos, sin chaleco ni escarapela, llegó a la visita domiciliaria del paciente, condenado por delitos sexuales y porte ilegal de armas. Estaba solo, su pareja había salido.
Marjorie Kisner Mira desapareció. Tres días después, hallaron su cuerpo desmembrado cerca de la casa del criminal.
En 2010, la familia Kisner Mira demandó al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), al Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y al Municipio de Medellín.
Estos son algunos fragmentos de las apelaciones a dicha demanda:
Inpec: “El daño acaeció por la falta de interés [de la víctima] sobre su propia vida”.
ITM: “Tenía el conocimiento suficiente para precaver la peligrosidad de la persona que le provocó la muerte”.
Alcaldía: “[…] la compañera permanente del homicida […] señaló que la psicóloga podía prever que el día de los hechos ella no se encontraría en su domicilio […] lo cual es indicativo de que una visita a solas con el pospenado no obedecía al cumplimiento de las obligaciones pactadas”.
Tres instituciones oficiales argumentaron que una ciudadana fue desaparecida, asesinada y descuartizada por decisión propia. Para elevar la revictimización y la misoginia, la degradaron a amante de su victimario.
López ha pagado 15 de los 26 años de su condena, recibió 40 % de rebaja y su defensa logró que lo eximieran de un derecho básico de la familia de la víctima: la verdad. Lo trasladaron de cárcel, otros reclusos lo atacaron por ser “el asesino de la psicóloga”.
Marjorie desapareció dos días antes de la expedición de la Ley 1257 de 2008 (“garantizar para las mujeres una vida libre de violencia”). En 2015, la Ley 1761 (“Ley Rosa Elvira Cely”) tipificó el feminicidio.
¿Hoy sería diferente?
Las mujeres dedicadas a disciplinas del cuidado como la medicina, la enfermería, la psicología, el trabajo social, la sociología o la antropología, entre otras, están expuestas a riesgos prominentes, en particular si se trata de misiones de campo.
El Estado, que nos debería proteger, cometió un feminicidio moral: estigmatizó a Marjorie por su condición de mujer (¿hubieran tildado a un hombre de “enamorado” de su verdugo?), destruyó su legado espiritual (fue resiliente ante los prejuicios asociados al Déficit de Atención e Hiperactividad que ella misma padeció) y deslegitimó su trabajo de cuidado, imprescindible en un país en conflicto. De nuevo se evidencia la visión reduccionista de los feminicidios, que radica en considerar que la mujer es la única responsable de minimizar los riesgos y que la recepción de la demanda basta como forma de acompañamiento estatal.
El Consejo de Estado le dio la razón a la familia. En un acto público de reconocimiento, el ITM y la Alcaldía deberán pedir disculpas y exaltar la memoria de la psicóloga. “Una de nuestras condiciones es un acto administrativo donde obligan a las entidades a tener medidas de seguridad y protección para sus profesionales, e igualmente a quien maneja el contrato”, dice Viviana, la hermana mayor.
El 15 de septiembre Marjorie cumpliría 50 años.
La mañana del 2 de diciembre de 2008, Marjorie abordó un bus en el barrio Laureles rumbo a Villa Hermosa, donde la esperaba Róbert Alexánder López, pospenado de la cárcel de Bellavista. La psicóloga, contratista del programa de Paz y Reconciliación, velaba por la salud mental de los reclusos y luego acompañaba su reinserción.
Costeando los pasajes con sus propios recursos, sin chaleco ni escarapela, llegó a la visita domiciliaria del paciente, condenado por delitos sexuales y porte ilegal de armas. Estaba solo, su pareja había salido.
Marjorie Kisner Mira desapareció. Tres días después, hallaron su cuerpo desmembrado cerca de la casa del criminal.
En 2010, la familia Kisner Mira demandó al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), al Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y al Municipio de Medellín.
Estos son algunos fragmentos de las apelaciones a dicha demanda:
Inpec: “El daño acaeció por la falta de interés [de la víctima] sobre su propia vida”.
ITM: “Tenía el conocimiento suficiente para precaver la peligrosidad de la persona que le provocó la muerte”.
Alcaldía: “[…] la compañera permanente del homicida […] señaló que la psicóloga podía prever que el día de los hechos ella no se encontraría en su domicilio […] lo cual es indicativo de que una visita a solas con el pospenado no obedecía al cumplimiento de las obligaciones pactadas”.
Tres instituciones oficiales argumentaron que una ciudadana fue desaparecida, asesinada y descuartizada por decisión propia. Para elevar la revictimización y la misoginia, la degradaron a amante de su victimario.
López ha pagado 15 de los 26 años de su condena, recibió 40 % de rebaja y su defensa logró que lo eximieran de un derecho básico de la familia de la víctima: la verdad. Lo trasladaron de cárcel, otros reclusos lo atacaron por ser “el asesino de la psicóloga”.
Marjorie desapareció dos días antes de la expedición de la Ley 1257 de 2008 (“garantizar para las mujeres una vida libre de violencia”). En 2015, la Ley 1761 (“Ley Rosa Elvira Cely”) tipificó el feminicidio.
¿Hoy sería diferente?
Las mujeres dedicadas a disciplinas del cuidado como la medicina, la enfermería, la psicología, el trabajo social, la sociología o la antropología, entre otras, están expuestas a riesgos prominentes, en particular si se trata de misiones de campo.
El Estado, que nos debería proteger, cometió un feminicidio moral: estigmatizó a Marjorie por su condición de mujer (¿hubieran tildado a un hombre de “enamorado” de su verdugo?), destruyó su legado espiritual (fue resiliente ante los prejuicios asociados al Déficit de Atención e Hiperactividad que ella misma padeció) y deslegitimó su trabajo de cuidado, imprescindible en un país en conflicto. De nuevo se evidencia la visión reduccionista de los feminicidios, que radica en considerar que la mujer es la única responsable de minimizar los riesgos y que la recepción de la demanda basta como forma de acompañamiento estatal.
El Consejo de Estado le dio la razón a la familia. En un acto público de reconocimiento, el ITM y la Alcaldía deberán pedir disculpas y exaltar la memoria de la psicóloga. “Una de nuestras condiciones es un acto administrativo donde obligan a las entidades a tener medidas de seguridad y protección para sus profesionales, e igualmente a quien maneja el contrato”, dice Viviana, la hermana mayor.
El 15 de septiembre Marjorie cumpliría 50 años.