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Sobre la alfombra de oro del nordeste antioqueño, el Clan del Golfo y los Libertadores del Nordeste se disputan el territorio, mientras que el ELN y el Estado Mayor Central buscan conservar su dominio. Desde allí, uno de los lugares más riesgosos del país para ejercer el periodismo, reporta María*, de cuarenta años, directora de tres medios pequeños y madre de dos hijas.
Hace un año, un desconocido llegó a su casa para advertirle que suspendiera sus informes. Seis meses después, el Clan del Golfo le dio un ultimátum: “Plomo es lo que le vamos a dar por lambona”. Su madre e hijas se desplazaron y ella se refugió en Medellín, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) la acompañó y la Gobernación de Antioquia le costeó una breve estadía; sin embargo, regresó porque necesita trabajar para vivir. En seis años ha recibido doce amenazas (ni el cáncer que padece la ha detenido). El vehículo de su esquema no es blindado y, según me explica, la Unidad Nacional de Protección no ha reconsiderado su nivel de riesgo, en una región donde los homicidios han aumentado un 70 % en 2024, y donde la puja por la explotación minera naturalizó los desplazamientos y el confinamiento.
En 2023, la Flip documentó 101 casos de agresiones a mujeres periodistas, cinco de ellas amenazas. Este año van setenta agresiones y dieciocho intimidaciones. El subregistro es producto de la estrategia de silenciamiento: muchas no denuncian por miedo a retaliaciones, a ser acusadas de “victimizarse”, al hostigamiento revictimizante real y virtual.
María es una mujer invisible para las grandes audiencias, las redes sociales virtuales y sus bodegas, distraídas con el escándalo consuetudinario de los centros de poder. Más que un cliché, la “Colombia profunda” es un país inmenso, real, donde mujeres periodistas regionales y rurales enfrentan a las mafias narcotraficantes, guerrilleras, paramilitares, militares y políticas.
Mientras el presidente Gustavo Petro generalizaba con el estigma de las “Muñecas de la mafia”, Laura Ardila Arrieta recorría parajes silenciosos y ajenos, a 8.000 km de su familia. La censura a su libro La Costa Nostra visibilizó a gran escala las denuncias que ha publicado desde hace muchos años sobre el accionar mafioso de los Char. Este lunes, la periodista Jineth Bedoya y su madre (¡Coraje!), Luz Nelly Lima, recibirán la Ley 2358 de 2024 que crea el Fondo “No es Hora de Callar” para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.
Esta conversación supera los límites de la indignación; antes bien, urge inscribirla en el acato a las leyes, en un cambio cultural que empieza por el lenguaje. En la Sentencia T-087 de 2023 de la Corte Constitucional, la magistrada Natalia Ángel Cabo aclaró su voto: no basta con expedir leyes, solo su implementación puede transformar los problemas estructurales.
En lugares como el nordeste antioqueño, las reporteras invisibles caminan sobre una alfombra roja… de sangre. Regresar vivas a casa es su máximo galardón.
*Fuente protegida