A los periodistas nos enseñan con esmero cómo hablar. Con menor exigencia, cómo escribir. Poco, a leer. Nunca, a escuchar. El costo de no leer ni oír con rigor es muy alto cuando se tiene un megáfono en la mano.
Cubrimos el proceso de La Habana y no nos dimos por aludidos: ¿qué nos corresponde de las garantías de no repetición?, ¿cómo las libertades de expresión (visión liberal tradicional) y de información (como hecho social) han sido instrumentalizadas a favor de la guerra?
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Salvatore Mancuso se refirió al papel del periodismo. Mencionó las “relaciones fluidas” (¿?) que las autodefensas mantenían con Claudia Gurisatti, de NTN24, y William Saggel, de El Meridiano. Habló de Francisco Santos en El Tiempo. Sin embargo, como dicen por ahí, “faltan datos de otros municipios”. En Medellín, por ejemplo, Raúl Tamayo durante décadas ejerció como columnista/funcionario/esposo de una propietaria de El Colombiano; en la columna “Paramilitarismo platónico”, Yohir Akerman lo expuso (la réplica de Tamayo corroboró la denuncia en su contra). En Un Pasquín, Vladdo reveló que Ernesto Yamhure recibía orientación editorial de Carlos Castaño: aquel que decía sostener “una relación académica” con el líder de las AUC contaba con tribuna en El Espectador, Caracol Radio y Radio Súper (panelista en La Hora de la Verdad, de Fernando Londoño: panfleto de la derecha reaccionaria).
Lo escrito escrito está. Las “pruebas” contra el periodismo reposan en archivos de prensa, radiales y televisivos, físicos y virtuales, que revelan el ADN editorial de cada medio, de cada periodista.
On Liberty (1859), de John Stuart Mill, faro de buena parte de las constituciones latinoamericanas, predica: “La única manera que tiene el hombre de acercarse al total conocimiento de un objeto es lo que pueda ser dicho de él por personas de todas las opiniones”. Hijo de su tiempo, el filósofo británico no chapucea en el lodazal de los discursos de odio que hoy no constituyen opiniones, sino delitos.
Cuando la Constitución establece en el artículo 20 (citado por el presidente Gustavo Petro) que “no habrá censura”: ¿a quién le habla? ¿Quiénes determinan los límites de la libertad de información en las democracias? ¿Jueces? ¿Legisladores? ¿Ombudsmen? ¿Empresas privadas?
El caso Fox News contra Dominion es una alerta contundente.
Siglos de pensamiento en torno a la libertad de expresión apuntan a concitar un “debate lo más amplio y robusto posible”. En consecuencia, la libertad de información eleva la exigencia a quienes son críticos del poder.
El jurista Roberto Gargarella afirma que el Estado debe ser neutral ante la libertad de expresión, permitir que los individuos elijan los discursos que más los satisfagan. La ciudadanía es el censor natural de la información libre (el compromiso de la radio es superior por su gratuidad, acceso y rango de cobertura).
Esta coyuntura de crítica a los “medios tradicionales” desde el poder gubernamental y las audiencias es una conversación pública inaplazable.
Aunque produzca rabia o risa: el jefe de un periodista no puede ser el presidente, tampoco ningún grupo económico, político ni otro empleador (con o sin armas). Parafraseo al maestro Javier Darío Restrepo: mi jefe no es quien me paga, mi jefe son los lectores. Trabajar para la ciudadanía no significa “complacerla”, es formarla en la crítica… ¡hasta del mismo periodismo!
Cuando un periodista no sabe –ni quiere– oír, el precio lo paga la democracia.
A los periodistas nos enseñan con esmero cómo hablar. Con menor exigencia, cómo escribir. Poco, a leer. Nunca, a escuchar. El costo de no leer ni oír con rigor es muy alto cuando se tiene un megáfono en la mano.
Cubrimos el proceso de La Habana y no nos dimos por aludidos: ¿qué nos corresponde de las garantías de no repetición?, ¿cómo las libertades de expresión (visión liberal tradicional) y de información (como hecho social) han sido instrumentalizadas a favor de la guerra?
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Salvatore Mancuso se refirió al papel del periodismo. Mencionó las “relaciones fluidas” (¿?) que las autodefensas mantenían con Claudia Gurisatti, de NTN24, y William Saggel, de El Meridiano. Habló de Francisco Santos en El Tiempo. Sin embargo, como dicen por ahí, “faltan datos de otros municipios”. En Medellín, por ejemplo, Raúl Tamayo durante décadas ejerció como columnista/funcionario/esposo de una propietaria de El Colombiano; en la columna “Paramilitarismo platónico”, Yohir Akerman lo expuso (la réplica de Tamayo corroboró la denuncia en su contra). En Un Pasquín, Vladdo reveló que Ernesto Yamhure recibía orientación editorial de Carlos Castaño: aquel que decía sostener “una relación académica” con el líder de las AUC contaba con tribuna en El Espectador, Caracol Radio y Radio Súper (panelista en La Hora de la Verdad, de Fernando Londoño: panfleto de la derecha reaccionaria).
Lo escrito escrito está. Las “pruebas” contra el periodismo reposan en archivos de prensa, radiales y televisivos, físicos y virtuales, que revelan el ADN editorial de cada medio, de cada periodista.
On Liberty (1859), de John Stuart Mill, faro de buena parte de las constituciones latinoamericanas, predica: “La única manera que tiene el hombre de acercarse al total conocimiento de un objeto es lo que pueda ser dicho de él por personas de todas las opiniones”. Hijo de su tiempo, el filósofo británico no chapucea en el lodazal de los discursos de odio que hoy no constituyen opiniones, sino delitos.
Cuando la Constitución establece en el artículo 20 (citado por el presidente Gustavo Petro) que “no habrá censura”: ¿a quién le habla? ¿Quiénes determinan los límites de la libertad de información en las democracias? ¿Jueces? ¿Legisladores? ¿Ombudsmen? ¿Empresas privadas?
El caso Fox News contra Dominion es una alerta contundente.
Siglos de pensamiento en torno a la libertad de expresión apuntan a concitar un “debate lo más amplio y robusto posible”. En consecuencia, la libertad de información eleva la exigencia a quienes son críticos del poder.
El jurista Roberto Gargarella afirma que el Estado debe ser neutral ante la libertad de expresión, permitir que los individuos elijan los discursos que más los satisfagan. La ciudadanía es el censor natural de la información libre (el compromiso de la radio es superior por su gratuidad, acceso y rango de cobertura).
Esta coyuntura de crítica a los “medios tradicionales” desde el poder gubernamental y las audiencias es una conversación pública inaplazable.
Aunque produzca rabia o risa: el jefe de un periodista no puede ser el presidente, tampoco ningún grupo económico, político ni otro empleador (con o sin armas). Parafraseo al maestro Javier Darío Restrepo: mi jefe no es quien me paga, mi jefe son los lectores. Trabajar para la ciudadanía no significa “complacerla”, es formarla en la crítica… ¡hasta del mismo periodismo!
Cuando un periodista no sabe –ni quiere– oír, el precio lo paga la democracia.