En los próximos meses el expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, pasarán por una prueba de fuego: él podría ir a juicio. Cualquier colombiano que no haya estado en coma los últimos 20 años sabe que el personaje en el ojo del huracán es un caudillo de intenso narcisismo y sumo cuidado. De los muchos rumores que sobre él han circulado —sospecho que la mayoría son falsos, no todos—, la manipulación de testigos es una acusación levemente menor, pero es delito.
Ya se oyen voces destempladas y algo histéricas que hablan de la imperativa necesidad de detener el proceso mediante un golpe de Estado o lo que sea. Sucede, sin embargo, que un intento de esta trascendencia no está al alcance de los vociferantes, de modo que se repetirá lo que varias veces en el gobierno de Duque: campanadas sueltas que no conducen a ninguna misa. Solo el presidente o tal vez un grupo grande de militares de alto rango tienen el poder de intentar algo así y no se ven por ninguna parte las intenciones de semejante aventura suicida.
De modo que, entre estridencias y lamentos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) seguirá el proceso, ojalá apegada a las reglas, porque casos se han visto en que el aparato de la justicia en Colombia procede de manera sesgada y saltándose las garantías legales. El dolo —hay que reiterarlo— debe demostrarse con pruebas contundentes, no mediante suposiciones alegres. Si la prueba central del caso es que Diego Cadena, abogado de Uribe, ejerció presión sobre el testigo Monsalve, tendría que probarse que fue por orden expresa de Uribe, no porque ajá.
Se ven venir tres escenarios posibles, con variaciones. Los menciono en un orden que no implica valoración alguna.
El escenario uno es que terminada la indagatoria no se encuentren indicios sólidos y haya cesación de procedimiento. Para Uribe sería el resultado ideal, así a estas alturas sea muy improbable porque la CSJ no avanza tanto para después salir con un chorro de babas.
El escenario dos sería un llamamiento a juicio, al final del cual se dé un fallo absolutorio, sobre todo por no poderse probar el dolo en las acciones del acusado. Aunque un resultado como este, imposible de prever ahora, sí le serviría al ex, su imagen saldría averiada, lo que sin duda afectaría al CD, no se sabe en qué medida.
El tercer escenario sería que el juicio termine con un fallo condenatorio. En tal caso, es muy probable que el presidente Duque otorgue un perdón al condenado —tiene las facultades, aunque desconozco cómo funciona el asunto en Colombia—. Entonces Uribe se iría para su casa y el CD terminaría tan vapuleado, que correría el riesgo de desaparecer como partido. Claro, si por cualquier razón no hay perdón presidencial, Uribe iría a alguna forma de cárcel y tendría la opción de apelar ante la sala plena de la CSJ, con la esperanza de que esta halle errores o evidencias nuevas para reversar el fallo. Muy improbable corolario.
Debo decir que el resultado fundamental de los dos últimos escenarios, sobre todo del último, es lo que algunos sugerimos hace nueve años cuando terminó la segunda presidencia de Uribe. Señor, decíamos, para bien y para mal usted ya hizo lo que iba a hacer, váyase para su finca y/o dedíquese a cualquier cosa que no sea la política activa. Los expresidentes activos en política son una aberración que conviene archivar y no solo en Colombia.
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En los próximos meses el expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, pasarán por una prueba de fuego: él podría ir a juicio. Cualquier colombiano que no haya estado en coma los últimos 20 años sabe que el personaje en el ojo del huracán es un caudillo de intenso narcisismo y sumo cuidado. De los muchos rumores que sobre él han circulado —sospecho que la mayoría son falsos, no todos—, la manipulación de testigos es una acusación levemente menor, pero es delito.
Ya se oyen voces destempladas y algo histéricas que hablan de la imperativa necesidad de detener el proceso mediante un golpe de Estado o lo que sea. Sucede, sin embargo, que un intento de esta trascendencia no está al alcance de los vociferantes, de modo que se repetirá lo que varias veces en el gobierno de Duque: campanadas sueltas que no conducen a ninguna misa. Solo el presidente o tal vez un grupo grande de militares de alto rango tienen el poder de intentar algo así y no se ven por ninguna parte las intenciones de semejante aventura suicida.
De modo que, entre estridencias y lamentos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) seguirá el proceso, ojalá apegada a las reglas, porque casos se han visto en que el aparato de la justicia en Colombia procede de manera sesgada y saltándose las garantías legales. El dolo —hay que reiterarlo— debe demostrarse con pruebas contundentes, no mediante suposiciones alegres. Si la prueba central del caso es que Diego Cadena, abogado de Uribe, ejerció presión sobre el testigo Monsalve, tendría que probarse que fue por orden expresa de Uribe, no porque ajá.
Se ven venir tres escenarios posibles, con variaciones. Los menciono en un orden que no implica valoración alguna.
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El escenario dos sería un llamamiento a juicio, al final del cual se dé un fallo absolutorio, sobre todo por no poderse probar el dolo en las acciones del acusado. Aunque un resultado como este, imposible de prever ahora, sí le serviría al ex, su imagen saldría averiada, lo que sin duda afectaría al CD, no se sabe en qué medida.
El tercer escenario sería que el juicio termine con un fallo condenatorio. En tal caso, es muy probable que el presidente Duque otorgue un perdón al condenado —tiene las facultades, aunque desconozco cómo funciona el asunto en Colombia—. Entonces Uribe se iría para su casa y el CD terminaría tan vapuleado, que correría el riesgo de desaparecer como partido. Claro, si por cualquier razón no hay perdón presidencial, Uribe iría a alguna forma de cárcel y tendría la opción de apelar ante la sala plena de la CSJ, con la esperanza de que esta halle errores o evidencias nuevas para reversar el fallo. Muy improbable corolario.
Debo decir que el resultado fundamental de los dos últimos escenarios, sobre todo del último, es lo que algunos sugerimos hace nueve años cuando terminó la segunda presidencia de Uribe. Señor, decíamos, para bien y para mal usted ya hizo lo que iba a hacer, váyase para su finca y/o dedíquese a cualquier cosa que no sea la política activa. Los expresidentes activos en política son una aberración que conviene archivar y no solo en Colombia.
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