Todo huele mal en Pegasus. Entre más silencios o más justificaciones se exhiben, más truculento resulta. Ahora nos sorprenden con una versión proveniente de funcionarios del gobierno norteamericano, según la cual, el software de espionaje electrónico Pegasus fue adquirido con “fondos legales” de ese país, en el marco de la “cooperación habitual entre Colombia y EE. UU.”, que decidieron no informar al presidente de entonces Iván Duque y que su utilización por parte de organismos de ambos países se limitó exclusivamente a la persecución de estructuras del narcotráfico. Vaya, vaya.
Sobre esta oscura operación de espionaje han trazado una línea de tiempo los funcionarios del gobierno Biden, en reuniones con nuestro embajador en Washington y al parecer con el propio presidente Gustavo Petro. Han dicho que la adquisición del software se concretó en el 2020, al final del gobierno Trump. Y que luego de su uso por dos años, preciso cuando ocurrieron el estallido social y las campañas al Congreso y Presidencia de la República, pusieron fin al programa de espionaje con Pegasus, antes de que Gustavo Petro llegara al Palacio de Nariño. Agregan los voceros de la Casa Blanca que, en el 2021, una vez se conocieron en el mundo denuncias de utilización indebida e ilegal de Pegasus en graves violaciones a los derechos humanos contra opositores, ONG y periodistas, su uso se frenó y vetó en los EE. UU., y que, en el 2023, el presidente Biden prohibió, mediante una orden ejecutiva, la compra de programas espía a proveedores como NSO Group, la fabricante de Pegasus.
No es por aguarle la fiesta a los uribistas que celebran estas “explicaciones”, pero generan nuevas preguntas. No sabemos aún por qué en una operación legal se usan millones de dólares en efectivo y se transportan subrepticiamente en vuelos destinados exclusivamente a ello. No nos han dicho quiénes operaron y en qué instalaciones de nuestras fuerzas de seguridad el software espía. No tenemos certeza sobre el listado de espiados, si eran exclusivamente narcotraficantes y los resultados de las interceptaciones. Genera extrañeza, si le creemos a los gringos, que las denuncias por Pegasus aparecieran en muchos países desde el 2019, documentándose con mayor solidez y extensión en el 2021, mientras su utilización se extendió hasta mediados del 2022.
Lo que sí resulta claro es que la responsabilidad política y penal, por acción o por omisión, recae en el entonces presidente Iván Duque. Es poco probable que no estuviese enterado de una operación de tal magnitud. Si no vio, ni oyó nada, revela una incompetencia del tamaño de una catedral. Pero si se enteró de la misma, aceptó o aprobó un entramado que, más allá de la cooperación militar o judicial entre dos Estados, viola nuestra soberanía. Duque juró que como jefe de Estado dirigiría las relaciones internacionales con arreglo a la Constitución y la Ley, y que defendería su independencia, la honra de la nación y la inviolabilidad de nuestro territorio.
Olvidó Duque o no se enteró que nuestra Constitución le ordenaba que “las relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional”. Ahora habrá que recordarle que, en nuestro código penal, articulo 455, tipifica el delito de “traición a la patria” sobre “el que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, o a afectar su naturaleza de Estado soberano, a fraccionar la unidad nacional”. Esta conducta del entonces presidente Duque debe ser reprochada, censurada y sancionada política y jurídicamente para que no sigan pegasuándose nuestra dignidad como nación.
Todo huele mal en Pegasus. Entre más silencios o más justificaciones se exhiben, más truculento resulta. Ahora nos sorprenden con una versión proveniente de funcionarios del gobierno norteamericano, según la cual, el software de espionaje electrónico Pegasus fue adquirido con “fondos legales” de ese país, en el marco de la “cooperación habitual entre Colombia y EE. UU.”, que decidieron no informar al presidente de entonces Iván Duque y que su utilización por parte de organismos de ambos países se limitó exclusivamente a la persecución de estructuras del narcotráfico. Vaya, vaya.
Sobre esta oscura operación de espionaje han trazado una línea de tiempo los funcionarios del gobierno Biden, en reuniones con nuestro embajador en Washington y al parecer con el propio presidente Gustavo Petro. Han dicho que la adquisición del software se concretó en el 2020, al final del gobierno Trump. Y que luego de su uso por dos años, preciso cuando ocurrieron el estallido social y las campañas al Congreso y Presidencia de la República, pusieron fin al programa de espionaje con Pegasus, antes de que Gustavo Petro llegara al Palacio de Nariño. Agregan los voceros de la Casa Blanca que, en el 2021, una vez se conocieron en el mundo denuncias de utilización indebida e ilegal de Pegasus en graves violaciones a los derechos humanos contra opositores, ONG y periodistas, su uso se frenó y vetó en los EE. UU., y que, en el 2023, el presidente Biden prohibió, mediante una orden ejecutiva, la compra de programas espía a proveedores como NSO Group, la fabricante de Pegasus.
No es por aguarle la fiesta a los uribistas que celebran estas “explicaciones”, pero generan nuevas preguntas. No sabemos aún por qué en una operación legal se usan millones de dólares en efectivo y se transportan subrepticiamente en vuelos destinados exclusivamente a ello. No nos han dicho quiénes operaron y en qué instalaciones de nuestras fuerzas de seguridad el software espía. No tenemos certeza sobre el listado de espiados, si eran exclusivamente narcotraficantes y los resultados de las interceptaciones. Genera extrañeza, si le creemos a los gringos, que las denuncias por Pegasus aparecieran en muchos países desde el 2019, documentándose con mayor solidez y extensión en el 2021, mientras su utilización se extendió hasta mediados del 2022.
Lo que sí resulta claro es que la responsabilidad política y penal, por acción o por omisión, recae en el entonces presidente Iván Duque. Es poco probable que no estuviese enterado de una operación de tal magnitud. Si no vio, ni oyó nada, revela una incompetencia del tamaño de una catedral. Pero si se enteró de la misma, aceptó o aprobó un entramado que, más allá de la cooperación militar o judicial entre dos Estados, viola nuestra soberanía. Duque juró que como jefe de Estado dirigiría las relaciones internacionales con arreglo a la Constitución y la Ley, y que defendería su independencia, la honra de la nación y la inviolabilidad de nuestro territorio.
Olvidó Duque o no se enteró que nuestra Constitución le ordenaba que “las relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional”. Ahora habrá que recordarle que, en nuestro código penal, articulo 455, tipifica el delito de “traición a la patria” sobre “el que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, o a afectar su naturaleza de Estado soberano, a fraccionar la unidad nacional”. Esta conducta del entonces presidente Duque debe ser reprochada, censurada y sancionada política y jurídicamente para que no sigan pegasuándose nuestra dignidad como nación.