El antro de la corrupción

Es el tercer informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Esta entidad del orden nacional ha sido la encargada de canalizar mayoritariamente los gastos para la pandemia del nuevo coronavirus. También ha estado en medio del debate por múltiples denuncias de presuntos casos de corrupción. Al menos, hay cuatro tipos de denuncias. Por un lado, denuncias sobre sobrecostos en los kits de alimentos que se contrataron en 2020. En segundo lugar, denuncias sobre los contratistas o los privados con los cuales firmó la UNGRD. Muchos de ellos no cumplían requisitos, no tenían idoneidad o están envueltos en graves procesos judiciales, pero aun así firmaron. En tercer lugar, procesos de ocultamiento de información. Incluso, llegaron a cambiar manuales de funciones para justificar que la contratación se rige bajo el derecho privado, el objetivo era saltarse las normas de contratación. Un cuarto cuestionamiento es que la UNGRD se ha convertido en un banco burocrático de personalidades políticas.

Sobre esto último, dice el informe que el 72% de los contratos revisados tienen cuestionamientos por nexos políticos, antecedentes de empresas con hallazgos fiscales e irregularidades en los documentos de contratación, entre otros. Por ejemplo, hay empresas cuyo objeto social no tiene que ver con temas médicos sino con la venta de licores y juegos pirotécnicos, y aun así fueron contratados por la UNGRD. Todos los contratos están firmados por Eduardo José González Ángulo, director general de la UNGRD y ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Pares también resalta que estos contratos cuestionados concentran el 89% de los recursos destinados para estos objetos realizados. Vean la siguiente gráfica:

Foto: Pares

Hay casos más graves que otros. Cuatro contratos evaluados tienen problemas de forma, como mala redacción e información falsa, errores en los datos o ausencia de estos. Lo que se traduce en que el 42% de la contratación, correspondiente a un valor de $146.570’619.526 (ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta millones seiscientos diecinueve mil quinientos veintiséis pesos) son contratos mal firmados. Esto sucede a pesar de que la UNGRD está pagando entre cinco y diecisiete millones de pesos mensuales a personal profesional en derecho, que supuestamente acreditó su idoneidad para la realización de estos.

En este objeto de estudio, Pares encuentra serios indicios de que el Gobierno nacional habría favorecido presuntamente a políticos cercanos al uribismo. Un ejemplo para resaltar es el de Luis Guillermo Plata, exministro de Industria y Comercio durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien llevó a trabajar a la Subcuenta COVID a su exviceministra Claudia Ramírez, quien firmó un contrato por 7 meses con un valor total de $107’607.228. También, hay contratos con excontratistas de la Secretaría de Seguridad de Cali en el tiempo que estuvo a cargo de Andrés Villamizar, reconocido por su labor en la Fundación Azul, que le hizo proselitismo político a Peñalosa en Bogotá. Villamizar y otra contratista consiguieron $183’108.372.

En esta misma línea, de los contratos evaluados se logra establecer que varios de los contratistas encargados del manejo de la pandemia trabajaron previamente en la administración del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño: excontratistas durante su administración en el Jardín Botánico, la Secretaría de Hábitat y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado terminaron trabajando en la subcuenta COVID-19. En este grupo de contratistas, concentran un monto de contratación por $707’113.828, con ocho contratos de personas que trabajaron para la administración de Peñalosa entre 2015 y 2019 o que tienen relación con él.

En este informe se identifica que el gobierno de Iván Duque contrató también a personas con vínculos políticos con el excandidato a la Alcaldía de Bogotá en 2019 Miguel Uribe Turbay, a quien el expresidente Álvaro Uribe le ofreció ser cabeza de lista al Senado de la República en 2022 por el Centro Democrático[1]. La gerente general de la subcuenta, Adriana Lucía Jiménez, y otros contratistas como Claudia Candela Bello, Juan Sebastián Castro Gaona y Cristian Francisco Pulido Acuña tienen relación con Uribe Turbay. Esta denuncia se conoció inicialmente por una columna de Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de la Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, publicada por Los Danieles[2], y por otros mensajes difundidos en redes sociales por el medio Cuestión Pública[3].

Pares también identificó que la empresa de una exreina del Valle del Cauca ha resultado beneficiaria con más de $9.000’000.000 para la compra de tapabocas. En ese sentido, también se logró establecer que dos empresas que tienen contratos con la subcuenta COVID-19 tienen hallazgos fiscales de la Contraloría de Bogotá y la General de la República. El primero, en un contrato con el Instituto para la Economía Social (IPES), en el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015); el segundo, con la Gobernación de Caquetá.

[1] Infobae. “Miguel Uribe Turbay sería el heredero de Álvaro Uribe como cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático”.

[2] Enciso, Camilo. Los Danieles. “La vacuna del delfín”.

[3] Cuestión Pública. Twitter. https://twitter.com/cuestion_p/status/1358070736448020482?s=20.