Una verdadera guerra civil se vive en la costa Pacífica nariñense, incluso se ha comprobado la presencia de emisarios estables de carteles mexicanos. Son 14 estructuras ilegales disputándose el territorio metro a metro. Las comunidades se quejan de que no saben quién manda, los grupos cambian todos los días y la violación a los derechos humanos no hace más que incrementarse. Si bien Tumaco ha sido el centro de atención, lo cierto es que todos los municipios de la zona están incendiados. A continuación, se ve el mapa de presencia de dichas estructuras criminales:
Las disidencias de Gentil Duarte están en guerra con la Segunda Marquetalia, que son los de Iván Márquez, quienes a su vez se disputan el territorio con las disidencias dispersas, es decir, las que trabajan con carteles del narcotráfico. Todos estos, a su vez, se disputan la zona con el Clan del Golfo y el Eln. Sin embargo, una de las situaciones más dramáticas se vive sobre el municipio de Magüí Payán, particularmente en las comunidades representadas por Asojuntas del Río Patía y el Consejo Comunitario Manos Amigas. La radiografía, luego de un recorrido por la zona, es desoladora: al menos 15 caseríos están totalmente abandonados. Han sido desplazadas cerca de 1.000 personas entre afrodescendientes, indígenas y campesinos provenientes de las veredas: Aguacatal-San Luis, Punta de Barco, Playa Menuda, El Trueno, Nuevo Amanecer, Serenil, Guápil, Junta Grande, José López, Plan Miguel, Santa Rosa, Tortuga, Tortuga-Magale, Zorro, Salto, Palmas, Casa Roja, Doradillos, Chorrera, Juan de Dios, Canaibu; así como del municipio de Cumbitara, las veredas de Pesquería, Bocana, Nulpí, Guayabalito; también del municipio de Policarpa, las veredas de Sánchez, Sidón, El Cocal, Nulpí, Miguel. En uno de los caseríos solo queda una familia.
Las comunidades manifiestan que desde hace dos años hay una guerra sin cuartel, nadie sabe cuáles son los grupos, cada semana cambian y nadie sabe quiénes son los mandos. Se dice que los reclutamientos han aumentado, todo el mundo lo está haciendo y las edades en que se reclutan son muy bajas. Además, los grupos tienen paranoia y por ende las denuncias de desapariciones forzadas, secuestros y confiscación de celulares son el común denominador.
En la zona, los enfrentamientos más fuertes son entre la disidencia de Gentil Duarte Frente Rafael Aguilera o Frente 30 contra el Clan del Golfo, al mando de alias Matamba. Este último es el delegado de Otoniel en la zona y controla gran parte de la salida de droga desde el Pacífico nariñense. Se habla de combates semanales, donde mueren decenas de personas, pero nadie ve nada, nadie sabe la cifra exacta, es una tierra de nadie.
Es tanta la necesidad de tropa que los grupos han comenzado a traerla de otras regiones. Por ejemplo, la gente de Mordisco y Duarte habría ordenado trasladar tropa desde el Cauca e incluso desde el Valle del Cauca para reforzar con combatientes. El Clan del Golfo envío contingentes desde Buenaventura y desde el Urabá. También el Eln reforzó contingentes y, en general, todo el mundo está enviando tropa o reclutando lo que puede.
La disputa es por casi todo. De las economías ilegales, por ejemplo, son miles de hectáreas de hoja de coca sembradas, también salen toneladas de droga por toda la costa y hay decenas de cristalizaderos. Pero no solo es narcotráfico, la minería ilegal es próspera y, claro, el acaparamiento de tierra. Además, se disputan base social, el control de los ríos y con ello todo lo que se mueve en el territorio.
Las Fuerzas Militares parecen ser espectadoras de toda la tragedia. Se dedican al tema de erradicación, pero las comunidades se quejan de su falta de operatividad, aunque también se recogieron denuncias sobre lo que las comunidades llaman una complacencia con el Clan del Golfo.
Las comunidades acusan a los militares de estar aliados con los Guachos y el Clan del Golfo. Por otro lado, las Fuerzas Militares dicen que están en acciones y operativos de lucha contra las drogas y que están persiguiendo criminales.
El último de los sucesos se presentó entre el 10 y el 17 de abril, en estas fechas decenas de personas se concentraron y comenzaron una movilización, dicen ellos, de forma autónoma en el caserío de San Luis. La razón de la movilización está dada por la supuesta connivencia del ejército con los grupos neoparamilitares, denominados los Guachos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en esta zona del Pacífico colombiano.
Por su parte, las Fuerzas Militares dicen que estaban en peligro de ser secuestrados por los lugareños y que se movilizan bajo presiones. Los militares pedían tiempo para moverse del lugar. La situación en la zona es tensa, la gente no quiere regresar, se ha dispersado en varias zonas urbanas y los grupos criminales son los que manejan todo, hasta la movilidad de las personas. Lo que se vio en el recorrido es una verdadera tragedia humanitaria.
Una verdadera guerra civil se vive en la costa Pacífica nariñense, incluso se ha comprobado la presencia de emisarios estables de carteles mexicanos. Son 14 estructuras ilegales disputándose el territorio metro a metro. Las comunidades se quejan de que no saben quién manda, los grupos cambian todos los días y la violación a los derechos humanos no hace más que incrementarse. Si bien Tumaco ha sido el centro de atención, lo cierto es que todos los municipios de la zona están incendiados. A continuación, se ve el mapa de presencia de dichas estructuras criminales:
Las disidencias de Gentil Duarte están en guerra con la Segunda Marquetalia, que son los de Iván Márquez, quienes a su vez se disputan el territorio con las disidencias dispersas, es decir, las que trabajan con carteles del narcotráfico. Todos estos, a su vez, se disputan la zona con el Clan del Golfo y el Eln. Sin embargo, una de las situaciones más dramáticas se vive sobre el municipio de Magüí Payán, particularmente en las comunidades representadas por Asojuntas del Río Patía y el Consejo Comunitario Manos Amigas. La radiografía, luego de un recorrido por la zona, es desoladora: al menos 15 caseríos están totalmente abandonados. Han sido desplazadas cerca de 1.000 personas entre afrodescendientes, indígenas y campesinos provenientes de las veredas: Aguacatal-San Luis, Punta de Barco, Playa Menuda, El Trueno, Nuevo Amanecer, Serenil, Guápil, Junta Grande, José López, Plan Miguel, Santa Rosa, Tortuga, Tortuga-Magale, Zorro, Salto, Palmas, Casa Roja, Doradillos, Chorrera, Juan de Dios, Canaibu; así como del municipio de Cumbitara, las veredas de Pesquería, Bocana, Nulpí, Guayabalito; también del municipio de Policarpa, las veredas de Sánchez, Sidón, El Cocal, Nulpí, Miguel. En uno de los caseríos solo queda una familia.
Las comunidades manifiestan que desde hace dos años hay una guerra sin cuartel, nadie sabe cuáles son los grupos, cada semana cambian y nadie sabe quiénes son los mandos. Se dice que los reclutamientos han aumentado, todo el mundo lo está haciendo y las edades en que se reclutan son muy bajas. Además, los grupos tienen paranoia y por ende las denuncias de desapariciones forzadas, secuestros y confiscación de celulares son el común denominador.
En la zona, los enfrentamientos más fuertes son entre la disidencia de Gentil Duarte Frente Rafael Aguilera o Frente 30 contra el Clan del Golfo, al mando de alias Matamba. Este último es el delegado de Otoniel en la zona y controla gran parte de la salida de droga desde el Pacífico nariñense. Se habla de combates semanales, donde mueren decenas de personas, pero nadie ve nada, nadie sabe la cifra exacta, es una tierra de nadie.
Es tanta la necesidad de tropa que los grupos han comenzado a traerla de otras regiones. Por ejemplo, la gente de Mordisco y Duarte habría ordenado trasladar tropa desde el Cauca e incluso desde el Valle del Cauca para reforzar con combatientes. El Clan del Golfo envío contingentes desde Buenaventura y desde el Urabá. También el Eln reforzó contingentes y, en general, todo el mundo está enviando tropa o reclutando lo que puede.
La disputa es por casi todo. De las economías ilegales, por ejemplo, son miles de hectáreas de hoja de coca sembradas, también salen toneladas de droga por toda la costa y hay decenas de cristalizaderos. Pero no solo es narcotráfico, la minería ilegal es próspera y, claro, el acaparamiento de tierra. Además, se disputan base social, el control de los ríos y con ello todo lo que se mueve en el territorio.
Las Fuerzas Militares parecen ser espectadoras de toda la tragedia. Se dedican al tema de erradicación, pero las comunidades se quejan de su falta de operatividad, aunque también se recogieron denuncias sobre lo que las comunidades llaman una complacencia con el Clan del Golfo.
Las comunidades acusan a los militares de estar aliados con los Guachos y el Clan del Golfo. Por otro lado, las Fuerzas Militares dicen que están en acciones y operativos de lucha contra las drogas y que están persiguiendo criminales.
El último de los sucesos se presentó entre el 10 y el 17 de abril, en estas fechas decenas de personas se concentraron y comenzaron una movilización, dicen ellos, de forma autónoma en el caserío de San Luis. La razón de la movilización está dada por la supuesta connivencia del ejército con los grupos neoparamilitares, denominados los Guachos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en esta zona del Pacífico colombiano.
Por su parte, las Fuerzas Militares dicen que estaban en peligro de ser secuestrados por los lugareños y que se movilizan bajo presiones. Los militares pedían tiempo para moverse del lugar. La situación en la zona es tensa, la gente no quiere regresar, se ha dispersado en varias zonas urbanas y los grupos criminales son los que manejan todo, hasta la movilidad de las personas. Lo que se vio en el recorrido es una verdadera tragedia humanitaria.