Se descuadernó el país con la ausencia de las Fuerzas Militares

Los últimos días en Colombia muestran un país descuadernado en materia de seguridad. La bomba de Corinto y los desplazamientos masivos de Argelia en el departamento del Cauca, la masacre del norte del Valle, así como los hechos violentos de Nariño, Putumayo y lo que sucede en la frontera entre Arauca y Apure evidencian el grave estado de la seguridad en Colombia, un retroceso frente a todos los avances presentados en una década. La explicación a esto ya la he escrito en otras columnas, una tormenta perfecta o la unión de cuatro factores: 1) Boom de las economías ilegales. 2) Empate técnico criminal. 3) Ausencia de una política de seguridad y liderazgo. 4) Año preelectoral.

Más allá de este diagnóstico de la seguridad, la pregunta central se hace sobre el papel de las Fuerzas Militares y, en general, sobre la Fuerza Pública colombiana. Sobre su inoperancia se han elaborado cuatro hipótesis. Por un lado, el miedo jurídico. Muchos militares dicen que no operan debido al temor de procesos jurídicos y siempre argumentan vacíos legales, por ende prefieren no combatir o no lanzar operativos militares. En segundo lugar, se argumenta que hay una especie de desmoralización debido a los múltiples escándalos de corrupción y en materia de derechos humanos. Ello, a su vez, lleva a un tercer factor que es la división interna de una parte del mando militar. Una división de la cual se viene hablando hace bastante tiempo y que no se habría podido resolver.

Sin embargo, hay una cuarta hipótesis que muchos repiten, pero nadie la dice públicamente. Se refiere a un cálculo político de algunos mandos militares, según el cual, para asegurar que no los reformarán ni les quitarán presupuesto en el próximo mandato presidencial, prefieren bajar el ritmo de las operaciones y así hacerse indispensables para el próximo presidente. Si bien esta tesis parece bastante conspirativa, cada vez más gente la repite.

Lo cierto, más allá de estas cuatro hipótesis, es que la inoperancia se da en todo el país, no es solo un fenómeno del Cauca o de Nariño, lo mismo ocurre en Antioquia o Norte de Santander, así como en el suroriente del país. Por tanto, no es un tema aislado o un asunto de algunos contingentes militares, es un fenómeno generalizado. Tal vez, al final, la conclusión sea una mezcla de las cuatro o varias de estas hipótesis, pero la realidad es que la seguridad se ha deteriorado de forma considerable en los últimos dos años.

Las disidencias de las Farc pasaron de operar en 2018 en 56 municipios a 127 en la actualidad. El Eln pasó de 99 a 167 municipios y el Clan del Golfo opera en más de 200 municipios. Un deterioro acelerado que se ha producido en los casi tres años de la administración Duque. Un gobierno que, en teoría, debía traer mucha seguridad, pues esa era su principal bandera. Los más interesados en que la seguridad mejore son Iván Duque y el uribismo, pero parece que no logran encontrar el camino. A este ritmo Duque entregará un país vuelto añicos en agosto del 2022.

Los últimos días en Colombia muestran un país descuadernado en materia de seguridad. La bomba de Corinto y los desplazamientos masivos de Argelia en el departamento del Cauca, la masacre del norte del Valle, así como los hechos violentos de Nariño, Putumayo y lo que sucede en la frontera entre Arauca y Apure evidencian el grave estado de la seguridad en Colombia, un retroceso frente a todos los avances presentados en una década. La explicación a esto ya la he escrito en otras columnas, una tormenta perfecta o la unión de cuatro factores: 1) Boom de las economías ilegales. 2) Empate técnico criminal. 3) Ausencia de una política de seguridad y liderazgo. 4) Año preelectoral.

Más allá de este diagnóstico de la seguridad, la pregunta central se hace sobre el papel de las Fuerzas Militares y, en general, sobre la Fuerza Pública colombiana. Sobre su inoperancia se han elaborado cuatro hipótesis. Por un lado, el miedo jurídico. Muchos militares dicen que no operan debido al temor de procesos jurídicos y siempre argumentan vacíos legales, por ende prefieren no combatir o no lanzar operativos militares. En segundo lugar, se argumenta que hay una especie de desmoralización debido a los múltiples escándalos de corrupción y en materia de derechos humanos. Ello, a su vez, lleva a un tercer factor que es la división interna de una parte del mando militar. Una división de la cual se viene hablando hace bastante tiempo y que no se habría podido resolver.

Sin embargo, hay una cuarta hipótesis que muchos repiten, pero nadie la dice públicamente. Se refiere a un cálculo político de algunos mandos militares, según el cual, para asegurar que no los reformarán ni les quitarán presupuesto en el próximo mandato presidencial, prefieren bajar el ritmo de las operaciones y así hacerse indispensables para el próximo presidente. Si bien esta tesis parece bastante conspirativa, cada vez más gente la repite.

Lo cierto, más allá de estas cuatro hipótesis, es que la inoperancia se da en todo el país, no es solo un fenómeno del Cauca o de Nariño, lo mismo ocurre en Antioquia o Norte de Santander, así como en el suroriente del país. Por tanto, no es un tema aislado o un asunto de algunos contingentes militares, es un fenómeno generalizado. Tal vez, al final, la conclusión sea una mezcla de las cuatro o varias de estas hipótesis, pero la realidad es que la seguridad se ha deteriorado de forma considerable en los últimos dos años.

Las disidencias de las Farc pasaron de operar en 2018 en 56 municipios a 127 en la actualidad. El Eln pasó de 99 a 167 municipios y el Clan del Golfo opera en más de 200 municipios. Un deterioro acelerado que se ha producido en los casi tres años de la administración Duque. Un gobierno que, en teoría, debía traer mucha seguridad, pues esa era su principal bandera. Los más interesados en que la seguridad mejore son Iván Duque y el uribismo, pero parece que no logran encontrar el camino. A este ritmo Duque entregará un país vuelto añicos en agosto del 2022.