La celebración de la Constituyente marca un punto de quiebre definitivo en la política venezolana. Al eliminar el último viso de democracia —elecciones transparentes, competitivas y libres— legaliza la dictadura y pone fin a la posibilidad del diálogo. Ahora que la disolución de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General es casi un hecho, aumentar la lucha por fuera de los canales políticos tradicionales y lograr una mayor presión internacional serán dos de los imperativos de los grupos opositores, pero ¿a través de cuáles tácticas se derroca a un dictador?
En el libro Why Civil Resistance Works, Erica Chenoweth y Maria J. Stephan muestran que de 323 campañas violentas y no violentas realizadas entre 1900 y 2006 contra regímenes dictatoriales alrededor del mundo, las segundas tuvieron dos veces más éxito. Según las autoras, las razones principales que explican la mayor eficacia de este tipo de resistencia son: el compromiso con la no violencia aumenta la legitimidad de quienes la practican; fomenta una mayor participación ciudadana, la cual aumenta la presión contra el régimen; hace contraproducente el uso de la violencia por parte de éste, y facilita el redireccionamiento de las lealtades de los servidores públicos y otros actores sociales.
Cuanto mayor movilización y protesta no violenta también crece la condena internacional, en especial cuando la represión oficial es registrada por los medios, así como los costos políticos y económicos para el régimen. En ausencia de la aplicación de las cláusulas democráticas contempladas por la OEA y Mercosur o la mediación efectiva por parte de Unasur, el endurecimiento de la crítica regional y mundial y la intensificación de sanciones selectivas por parte de Estados Unidos no frenaron la Constituyente, tal vez porque fueron contrarrestados por el apoyo de Cuba, Bolivia, China, Ecuador, Nicaragua, Rusia y varios caribeños.
El hecho de que una docena de gobiernos, incluyendo Colombia, junto con varios organismos multilaterales y ONG, hayan desconocido los resultados electorales, podría facilitar una mayor acción y aislamiento colectivos. Sin embargo, las opciones disponibles son pocas y su coordinación esencial. La aplicación multilateral de sanciones económicas selectivas —no sólo de Estados Unidos— hace más difícil evadirlas y que Maduro se escude en la tesis de la agresión imperialista, pero la literatura especializada sugiere que tienen limitada efectividad por sí solas. A su vez, la afectación de la población venezolana por cualquier sanción general aplicada a la industria petrolera es un riesgo real, mientras que la coordinación de ayuda humanitaria desde la ONU u otra entidad latinoamericana plantea el desafío de no aflojar la presión simultánea a la dirigencia política-militar chavista. Si bien algunos han sugerido que el caso venezolano amerita invocar la doctrina de la responsabilidad de proteger (R2P) o abrir una investigación de la Corte Penal Internacional, estos no constituyen instrumentos necesariamente viables ni deseables.
Más allá de lo que puede y quiere (o no) hacer el mundo ante la crisis en Venezuela, la pregunta de fondo es si la resistencia civil masiva y no violenta es sostenible, o si ante la falta de consenso sobre qué sigue ahora y de un líder opositor que oriente la movilización ciudadana, no terminarán ganando la violencia y la apatía resignada.
La celebración de la Constituyente marca un punto de quiebre definitivo en la política venezolana. Al eliminar el último viso de democracia —elecciones transparentes, competitivas y libres— legaliza la dictadura y pone fin a la posibilidad del diálogo. Ahora que la disolución de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General es casi un hecho, aumentar la lucha por fuera de los canales políticos tradicionales y lograr una mayor presión internacional serán dos de los imperativos de los grupos opositores, pero ¿a través de cuáles tácticas se derroca a un dictador?
En el libro Why Civil Resistance Works, Erica Chenoweth y Maria J. Stephan muestran que de 323 campañas violentas y no violentas realizadas entre 1900 y 2006 contra regímenes dictatoriales alrededor del mundo, las segundas tuvieron dos veces más éxito. Según las autoras, las razones principales que explican la mayor eficacia de este tipo de resistencia son: el compromiso con la no violencia aumenta la legitimidad de quienes la practican; fomenta una mayor participación ciudadana, la cual aumenta la presión contra el régimen; hace contraproducente el uso de la violencia por parte de éste, y facilita el redireccionamiento de las lealtades de los servidores públicos y otros actores sociales.
Cuanto mayor movilización y protesta no violenta también crece la condena internacional, en especial cuando la represión oficial es registrada por los medios, así como los costos políticos y económicos para el régimen. En ausencia de la aplicación de las cláusulas democráticas contempladas por la OEA y Mercosur o la mediación efectiva por parte de Unasur, el endurecimiento de la crítica regional y mundial y la intensificación de sanciones selectivas por parte de Estados Unidos no frenaron la Constituyente, tal vez porque fueron contrarrestados por el apoyo de Cuba, Bolivia, China, Ecuador, Nicaragua, Rusia y varios caribeños.
El hecho de que una docena de gobiernos, incluyendo Colombia, junto con varios organismos multilaterales y ONG, hayan desconocido los resultados electorales, podría facilitar una mayor acción y aislamiento colectivos. Sin embargo, las opciones disponibles son pocas y su coordinación esencial. La aplicación multilateral de sanciones económicas selectivas —no sólo de Estados Unidos— hace más difícil evadirlas y que Maduro se escude en la tesis de la agresión imperialista, pero la literatura especializada sugiere que tienen limitada efectividad por sí solas. A su vez, la afectación de la población venezolana por cualquier sanción general aplicada a la industria petrolera es un riesgo real, mientras que la coordinación de ayuda humanitaria desde la ONU u otra entidad latinoamericana plantea el desafío de no aflojar la presión simultánea a la dirigencia política-militar chavista. Si bien algunos han sugerido que el caso venezolano amerita invocar la doctrina de la responsabilidad de proteger (R2P) o abrir una investigación de la Corte Penal Internacional, estos no constituyen instrumentos necesariamente viables ni deseables.
Más allá de lo que puede y quiere (o no) hacer el mundo ante la crisis en Venezuela, la pregunta de fondo es si la resistencia civil masiva y no violenta es sostenible, o si ante la falta de consenso sobre qué sigue ahora y de un líder opositor que oriente la movilización ciudadana, no terminarán ganando la violencia y la apatía resignada.