Los camioneros, otra vez, le ganaron el pulso al Gobierno. Le hicieron morder el polvo con su victoria en el paro de la semana pasada. Lo obligaron a echar para atrás un alza plenamente justificada en términos fiscales y ambientales. Con la derrota del Gobierno se agrava el desequilibrio de las finanzas públicas de los próximos años, lo obliga a recortar gastos necesarios o a insistir en una reforma tributaria que rompe la regla fiscal y pone en peligro la calificación de la deuda colombiana. Y, por otra parte, es un “oso” organizar el COP16 en un país que se proclama como “Potencia mundial de la vida” y que, al mismo tiempo, subsidia generosamente el ACPM.
Uno de los grandes problemas de Colombia es que, como los camioneros, existen otros poderosos grupos de presión que son capaces, a las buenas o a las malas, de imponer sus intereses particulares por encima de las mayorías del país. Son intereses organizados que con sus acciones contribuyen a que se perpetúe el bajo crecimiento, la desigualdad y la pobreza.
Este es el caso, por ejemplo, de Fecode, un sindicato que, por medio de paros o de su influencia política en los gobiernos, impide que se implante la necesaria evaluación del rendimiento de los docentes, un elemento fundamental para elevar la calidad de la educación pública. Este bloqueo contribuye a que se eternice la pésima calidad de la educación en Colombia, un hecho registrado, año tras año, por los horribles resultados de las pruebas PISA. Las consecuencias para los millones de jóvenes que asisten a las escuelas públicas son terribles: se mantienen o agrandan las brechas con los alumnos de los colegios privados y se les bloquea uno de los principales canales de movilidad social.
Otros bloqueos que impiden inversiones indispensables para el desarrollo del país son los que detienen, sin justificación, la construcción de carreteras, líneas de transmisión de energía y plantas térmicas. Por este motivo, vías clave para conectar el país con Buenaventura, por ejemplo, llevan más de 20 años de atraso por falta de permisos. Ese mismo tipo de trabas ha impedido que se amplíen las redes de transmisión eléctrica para llevar energía e instalar facilidades para importar gas por ese puerto, a pesar de que sobre Colombia pesa la amenaza de un apagón energético en los próximos años. Y, por las mismas razones, en forma paradójica, en el mandato de un gobierno que prometió acelerar la transición energética, se han detenido, cancelado o pospuesto los principales proyectos de generación eólica y solar en el norte de Colombia.
La multiplicación de los injustificados bloqueos a las carreteras por parte de grupos de indígenas aísla a personas y negocios, golpea la economía y afecta especialmente a regiones pobres y aisladas como las de Cauca y Nariño.
Y los constantes ataques a la infraestructura, entre ellos las repetidas voladuras de los oleoductos, frenan la inversión en nuevos proyectos petroleros y gasíferos en el país. Este es uno de los daños causados por los grupos armados que, en medio de incumplidos ceses al fuego, mantienen su capacidad de hacerle daño a la sociedad colombiana.
Estos y otros problemas parecidos vienen de atrás. No se iniciaron con este gobierno. Pero, sin duda, se han agravado en estos años y contribuyen seriamente al estancamiento económico y social que se registra en la actualidad.