La revista Cambio recordó la semana pasada que el presidente Petro dijo hace algún tiempo: “si quisiera acabar las EPS, no presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando y shu-shu-shu, eso es un dominó (…). No es sino esperar”.
Ya llegó el shu-shu-shu: se están cayendo las fichas del dominó.
La Contraloría General y la prestigiosa firma de consultoría Sectorial muestran que el sistema de salud ya entró en su fase terminal y está próximo al colapso definitivo. En particular, Sectorial predice que el fin seguirá tres fases:
- Enero-julio de 2024: Uso y agotamiento de las reservas técnicas de las EPS. La Contraloría señala que la situación es dramática, puesto que las EPS tienen deudas con proveedores, IPS y faltantes de reservas por $25 billones. Solo dos grandes EPS, Sura y Salud Total, no tienen defectos de reservas. Las deudas acumuladas, que el gobierno no ha reconocido y que ascienden a $10 billones, sumadas a la desfinanciación de este año por $3 billones, han causado esta situación. Este problema solo se agravará con el paso de los meses y esto precipitará la entrada a la siguiente fase.
- Agosto-diciembre de 2024: Consolidación de un monopolio estatal en manos de la Adres y la Nueva EPS. Esta será la consecuencia de la intervención y liquidación de la mayoría de las EPS, como resultado de la sequía financiera provocada por el Gobierno. Pero el monopolio público que, según la estrategia de las autoridades, concentrará la mayoría de los pacientes del país, es vulnerable financiera y administrativamente. La Contraloría señala que la Nueva EPS también incumple en materia grave las reservas técnicas en $5,5 billones y le debe $900.000 millones a las IPS. Por otra parte, la nueva administración de esta entidad se caracteriza por su falta de capacidad técnica y carga a cuestas pésimas experiencias en el manejo de la salud. Al culminar esta fase se habrá alcanzado el principal propósito de la reforma del Gobierno, o sea, eliminar de facto las EPS, estatizar la salud y manejar por fuera de las normas de contratación pública algo más de $90 billones al año.
- 2025-2026: Colapso del sistema. Como consecuencia de los pasivos crecientes con las IPS (el 90 % de las 12.000 IPS son privadas) y la preferencia revelada del Gobierno por las entidades públicas, la atención a los pacientes decaerá y el sistema, como lo conocemos hoy, colapsará.
Ante la muerte anunciada de las EPS, es evidente que lo que haga el Congreso con el proyecto de reforma que entra a tercer debate en el Senado, poco o nada tendrá que ver en el futuro de la salud en Colombia. Si, a punta de mermelada, se aprueba la ley, ella se caerá por vicios de inconstitucionalidad. Pero, sobre todo, cuando terminen los debates y finalicen los exámenes jurídicos, el sistema actual ya no existirá y se habrá impuesto un monopolio público. Los colombianos volverán a sufrir las consecuencias de un régimen similar al que padecieron con el Seguro Social y los hospitales públicos.
El costo del shu-shu-shu recaerá sobre el bienestar y la vida de millones de colombianos que hoy reciben atención, bastante buena en comparaciones internacionales, quienes quedarán expuestos a carencia de citas, procedimientos, medicinas y cuidado, en manos de un sistema desfinanciado y manejado con criterios políticos.
La revista Cambio recordó la semana pasada que el presidente Petro dijo hace algún tiempo: “si quisiera acabar las EPS, no presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando y shu-shu-shu, eso es un dominó (…). No es sino esperar”.
Ya llegó el shu-shu-shu: se están cayendo las fichas del dominó.
La Contraloría General y la prestigiosa firma de consultoría Sectorial muestran que el sistema de salud ya entró en su fase terminal y está próximo al colapso definitivo. En particular, Sectorial predice que el fin seguirá tres fases:
- Enero-julio de 2024: Uso y agotamiento de las reservas técnicas de las EPS. La Contraloría señala que la situación es dramática, puesto que las EPS tienen deudas con proveedores, IPS y faltantes de reservas por $25 billones. Solo dos grandes EPS, Sura y Salud Total, no tienen defectos de reservas. Las deudas acumuladas, que el gobierno no ha reconocido y que ascienden a $10 billones, sumadas a la desfinanciación de este año por $3 billones, han causado esta situación. Este problema solo se agravará con el paso de los meses y esto precipitará la entrada a la siguiente fase.
- Agosto-diciembre de 2024: Consolidación de un monopolio estatal en manos de la Adres y la Nueva EPS. Esta será la consecuencia de la intervención y liquidación de la mayoría de las EPS, como resultado de la sequía financiera provocada por el Gobierno. Pero el monopolio público que, según la estrategia de las autoridades, concentrará la mayoría de los pacientes del país, es vulnerable financiera y administrativamente. La Contraloría señala que la Nueva EPS también incumple en materia grave las reservas técnicas en $5,5 billones y le debe $900.000 millones a las IPS. Por otra parte, la nueva administración de esta entidad se caracteriza por su falta de capacidad técnica y carga a cuestas pésimas experiencias en el manejo de la salud. Al culminar esta fase se habrá alcanzado el principal propósito de la reforma del Gobierno, o sea, eliminar de facto las EPS, estatizar la salud y manejar por fuera de las normas de contratación pública algo más de $90 billones al año.
- 2025-2026: Colapso del sistema. Como consecuencia de los pasivos crecientes con las IPS (el 90 % de las 12.000 IPS son privadas) y la preferencia revelada del Gobierno por las entidades públicas, la atención a los pacientes decaerá y el sistema, como lo conocemos hoy, colapsará.
Ante la muerte anunciada de las EPS, es evidente que lo que haga el Congreso con el proyecto de reforma que entra a tercer debate en el Senado, poco o nada tendrá que ver en el futuro de la salud en Colombia. Si, a punta de mermelada, se aprueba la ley, ella se caerá por vicios de inconstitucionalidad. Pero, sobre todo, cuando terminen los debates y finalicen los exámenes jurídicos, el sistema actual ya no existirá y se habrá impuesto un monopolio público. Los colombianos volverán a sufrir las consecuencias de un régimen similar al que padecieron con el Seguro Social y los hospitales públicos.
El costo del shu-shu-shu recaerá sobre el bienestar y la vida de millones de colombianos que hoy reciben atención, bastante buena en comparaciones internacionales, quienes quedarán expuestos a carencia de citas, procedimientos, medicinas y cuidado, en manos de un sistema desfinanciado y manejado con criterios políticos.