Numerosas noticias revelan la acelerada descomposición del sistema de salud y nos alertan sobre el caos y los sufrimientos que padecerán millones de personas, especialmente los más pobres, a causa de las decisiones del Gobierno encaminadas a demoler las instituciones que rigieron durante 30 años.
Hace unas semanas el ministro Jaramillo anunció a los cuatro vientos que el sistema de salud para los maestros iba a ser un anticipo de lo que sería el régimen estatizado que propone el Gobierno para todos los colombianos. Y, en realidad, tenía razón. Se ha presentado un colosal despelote: no hay citas, no se programan los procedimientos, nadie da razón de nada para atender a los docentes enfermos. Además de la echada de culpas entre los funcionarios, los incumplimientos y los anuncios que nada resuelven, circulan rumores de contratos con clanes políticos cercanos al régimen.
Mientras esto sucede, en toda Colombia se registra una creciente escasez de anestésicos y numerosos medicamentos indispensables.
Por si fuera poco, lo que quedaba del sistema de salud se sigue cayendo a pedazos. Todos los días se agrandan los déficits de las EPS que aún sobreviven en medio de crecientes dificultades para atender a sus pacientes. La consultora Sectorial estima que el Gobierno les adeuda a las EPS $11,4 billones de los años anteriores y que solo en 2024 acumularán un nuevo faltante de $7,4 billones.
De esta forma, el martes pasado Sura, una EPS con cinco millones de afiliados, solicitó la autorización para retirarse del régimen de salud. Esta decisión, semejante a la que tomó hace unas semanas Compensar, se origina en la asfixia financiera a la que fueron sometidas por el Gobierno, que les causó pérdidas cuantiosas y borró su patrimonio. Así, simplemente, no podían seguir operando.
En palabras de Sura: “Aunque las coberturas han aumentado en los últimos años, los recursos asignados mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanzan. Además, los presupuestos máximos para lo no incluido en el plan de beneficios en salud tampoco cubren las necesidades”. Sura tuvo pérdidas de más $300.000 millones entre 2022 y 2023, y este año, en caso de seguir en el sistema, ascenderían a cerca de $500.000 millones.
El proyecto de ley de la entonces ministra Corcho, que fue negado en el Congreso, buscaba precisamente eliminar las EPS y estatizar la salud en Colombia. La nueva versión del proyecto, del ministro Jaramillo, es prácticamente idéntica a la norma rechazada, no resuelve ninguno de los problemas del sector y amenaza la salud de los colombianos. La cosmética propuesta de convertir a las EPS en gestoras de salud, fruto de una desigual negociación con estas entidades, bajo la amenaza de la intervención, nunca hizo parte de un proyecto viable para preservar la salud de los colombianos.
El plan del Gobierno, en realidad, ha sido que mueran las EPS y que todos los pacientes del país se concentren en la Nueva EPS o en el mismo Ministerio de Salud. Así reviviría, de alguna forma, el extinto Instituto Colombiano de Seguros Sociales. De allí en adelante todo sería oscuro, caótico e impredecible. Se anticipa que, en manos de una burocracia torpe, politizada e inexperta, millones de colombianos padecerán la misma desatención que hoy sufren los maestros de Colombia. La ideología, por encima de la salud y la vida.
Numerosas noticias revelan la acelerada descomposición del sistema de salud y nos alertan sobre el caos y los sufrimientos que padecerán millones de personas, especialmente los más pobres, a causa de las decisiones del Gobierno encaminadas a demoler las instituciones que rigieron durante 30 años.
Hace unas semanas el ministro Jaramillo anunció a los cuatro vientos que el sistema de salud para los maestros iba a ser un anticipo de lo que sería el régimen estatizado que propone el Gobierno para todos los colombianos. Y, en realidad, tenía razón. Se ha presentado un colosal despelote: no hay citas, no se programan los procedimientos, nadie da razón de nada para atender a los docentes enfermos. Además de la echada de culpas entre los funcionarios, los incumplimientos y los anuncios que nada resuelven, circulan rumores de contratos con clanes políticos cercanos al régimen.
Mientras esto sucede, en toda Colombia se registra una creciente escasez de anestésicos y numerosos medicamentos indispensables.
Por si fuera poco, lo que quedaba del sistema de salud se sigue cayendo a pedazos. Todos los días se agrandan los déficits de las EPS que aún sobreviven en medio de crecientes dificultades para atender a sus pacientes. La consultora Sectorial estima que el Gobierno les adeuda a las EPS $11,4 billones de los años anteriores y que solo en 2024 acumularán un nuevo faltante de $7,4 billones.
De esta forma, el martes pasado Sura, una EPS con cinco millones de afiliados, solicitó la autorización para retirarse del régimen de salud. Esta decisión, semejante a la que tomó hace unas semanas Compensar, se origina en la asfixia financiera a la que fueron sometidas por el Gobierno, que les causó pérdidas cuantiosas y borró su patrimonio. Así, simplemente, no podían seguir operando.
En palabras de Sura: “Aunque las coberturas han aumentado en los últimos años, los recursos asignados mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanzan. Además, los presupuestos máximos para lo no incluido en el plan de beneficios en salud tampoco cubren las necesidades”. Sura tuvo pérdidas de más $300.000 millones entre 2022 y 2023, y este año, en caso de seguir en el sistema, ascenderían a cerca de $500.000 millones.
El proyecto de ley de la entonces ministra Corcho, que fue negado en el Congreso, buscaba precisamente eliminar las EPS y estatizar la salud en Colombia. La nueva versión del proyecto, del ministro Jaramillo, es prácticamente idéntica a la norma rechazada, no resuelve ninguno de los problemas del sector y amenaza la salud de los colombianos. La cosmética propuesta de convertir a las EPS en gestoras de salud, fruto de una desigual negociación con estas entidades, bajo la amenaza de la intervención, nunca hizo parte de un proyecto viable para preservar la salud de los colombianos.
El plan del Gobierno, en realidad, ha sido que mueran las EPS y que todos los pacientes del país se concentren en la Nueva EPS o en el mismo Ministerio de Salud. Así reviviría, de alguna forma, el extinto Instituto Colombiano de Seguros Sociales. De allí en adelante todo sería oscuro, caótico e impredecible. Se anticipa que, en manos de una burocracia torpe, politizada e inexperta, millones de colombianos padecerán la misma desatención que hoy sufren los maestros de Colombia. La ideología, por encima de la salud y la vida.