Como estaba previsto, las políticas de asfixia y destrucción del sistema de salud impulsadas por el Gobierno ya le están causando sufrimientos y perjuicios a los colombianos, especialmente a los más pobres.
La situación es dramática. El número de personas atendidas por el sistema de salud cayó entre enero y abril de este año en un 31,4 %, frente a los mismos meses del año anterior. Y, así mismo, la cantidad de servicios provistos por el sistema disminuyó en un 41,9 % en este mismo período (estos son cálculos de la prestigiosa firma Sectorial, con base en cifras del mismo Ministerio de Salud). Lo más grave es que estos problemas se presentaron con mayor intensidad en Chocó, Guaviare, Guainía y Vaupés, departamentos atendidos por la Nueva EPS, una entidad en franco proceso de deterioro, ahora en manos del Gobierno.
En el primer trimestre de este año, el número de consultas por enfermedades de alto costo, entre ellas las del cáncer, se contrajo en un 23,2 %. Esto ocurrió, no por avances en la atención, o porque mejoró la salud de los colombianos, sino por la falta de acceso y disponibilidad de los servicios.
Y en el área hospitalaria, la situación es igualmente crítica. En el primer semestre cayó en picada el número de camas asignadas a los pacientes con problemas psiquiátricos (con una reducción del 69 %), de obstetricia (-87,6 %) y enfermedades crónicas (-93 %). Las IPS, seriamente afectadas por sus faltantes financieros, no pudieron mantener estos servicios a los enfermos.
No debe sorprender, entonces, que la cantidad de reclamos de los pacientes se esté incrementando en forma acelerada. Entre enero y mayo de este año se registró un aumento del 12 % en estas quejas, buena parte de ellas relacionada a la imposibilidad de conseguir citas, que crecieron un 19,9 %.
Todo esto es consecuencia de las acciones del Gobierno para recortar la financiación y obstaculizar el funcionamiento de las EPS. La firma Sectorial estima que el déficit de las EPS en este año (la comparación de sus gastos frente a las transferencias del gobierno) será de $9,5 billones, claro está, sin contar con las deudas no pagadas y acumuladas desde la época de la pandemia. A causa de estos faltantes, las EPS no pueden atender sus obligaciones y, de esta forma, la crisis se propaga por todo el sistema y todo el país.
La ministra Corcho y otros funcionarios recibieron múltiples advertencias de que esta crisis iba a estallar. En su afán por acabar las EPS y estatizar el sistema, no tuvieron en cuenta que iban a traer el dolor, la angustia y la enfermedad a miles de pacientes de todo el país.
La otra consecuencia de esta emergencia es que el número de afiliados a los seguros prepagados de salud está creciendo en un 13 %. De esta manera, las personas con altos ingresos pueden escaparse del desastre que ya empieza a asolar a la mayoría de los colombianos. Colombia, infortunadamente, está regresando al modelo anterior a la Ley 100 de 1993. Así, habrá dos tipos de servicios: uno bueno, privado y prepagado, para los más ricos; otro, manejado por políticos y activistas, como el que ya sufren muchos colombianos, para el resto de la gente.
La situación solo empeorará en los meses venideros. La aprobación de la reforma que presentó el Gobierno al Congreso sellará la suerte de un sistema que le sirvió bien al país durante varias décadas.
Como estaba previsto, las políticas de asfixia y destrucción del sistema de salud impulsadas por el Gobierno ya le están causando sufrimientos y perjuicios a los colombianos, especialmente a los más pobres.
La situación es dramática. El número de personas atendidas por el sistema de salud cayó entre enero y abril de este año en un 31,4 %, frente a los mismos meses del año anterior. Y, así mismo, la cantidad de servicios provistos por el sistema disminuyó en un 41,9 % en este mismo período (estos son cálculos de la prestigiosa firma Sectorial, con base en cifras del mismo Ministerio de Salud). Lo más grave es que estos problemas se presentaron con mayor intensidad en Chocó, Guaviare, Guainía y Vaupés, departamentos atendidos por la Nueva EPS, una entidad en franco proceso de deterioro, ahora en manos del Gobierno.
En el primer trimestre de este año, el número de consultas por enfermedades de alto costo, entre ellas las del cáncer, se contrajo en un 23,2 %. Esto ocurrió, no por avances en la atención, o porque mejoró la salud de los colombianos, sino por la falta de acceso y disponibilidad de los servicios.
Y en el área hospitalaria, la situación es igualmente crítica. En el primer semestre cayó en picada el número de camas asignadas a los pacientes con problemas psiquiátricos (con una reducción del 69 %), de obstetricia (-87,6 %) y enfermedades crónicas (-93 %). Las IPS, seriamente afectadas por sus faltantes financieros, no pudieron mantener estos servicios a los enfermos.
No debe sorprender, entonces, que la cantidad de reclamos de los pacientes se esté incrementando en forma acelerada. Entre enero y mayo de este año se registró un aumento del 12 % en estas quejas, buena parte de ellas relacionada a la imposibilidad de conseguir citas, que crecieron un 19,9 %.
Todo esto es consecuencia de las acciones del Gobierno para recortar la financiación y obstaculizar el funcionamiento de las EPS. La firma Sectorial estima que el déficit de las EPS en este año (la comparación de sus gastos frente a las transferencias del gobierno) será de $9,5 billones, claro está, sin contar con las deudas no pagadas y acumuladas desde la época de la pandemia. A causa de estos faltantes, las EPS no pueden atender sus obligaciones y, de esta forma, la crisis se propaga por todo el sistema y todo el país.
La ministra Corcho y otros funcionarios recibieron múltiples advertencias de que esta crisis iba a estallar. En su afán por acabar las EPS y estatizar el sistema, no tuvieron en cuenta que iban a traer el dolor, la angustia y la enfermedad a miles de pacientes de todo el país.
La otra consecuencia de esta emergencia es que el número de afiliados a los seguros prepagados de salud está creciendo en un 13 %. De esta manera, las personas con altos ingresos pueden escaparse del desastre que ya empieza a asolar a la mayoría de los colombianos. Colombia, infortunadamente, está regresando al modelo anterior a la Ley 100 de 1993. Así, habrá dos tipos de servicios: uno bueno, privado y prepagado, para los más ricos; otro, manejado por políticos y activistas, como el que ya sufren muchos colombianos, para el resto de la gente.
La situación solo empeorará en los meses venideros. La aprobación de la reforma que presentó el Gobierno al Congreso sellará la suerte de un sistema que le sirvió bien al país durante varias décadas.