Entre las numerosas ramificaciones de la crisis de la hidroeléctrica de Ituango se encuentran sus impactos sobre la oferta de energía y sus posibles efectos sobre la economía en los próximos años.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta el gran tamaño de Ituango: 2.400 MW, cerca de un 15 % de la oferta del país. Al acometer esta enorme inversión se hizo a un lado una de las principales enseñanzas del apagón de 1992: evitar los megaproyectos, una lección derivada del hecho de que existe una probada correlación entre el tamaño, los riesgos, el impacto social y ambiental, los sobrecobrecostos y las demoras en la construcción de las hidroeléctricas (al comienzo de los años 90, uno de los epicentros de la crisis fue el Guavio, de 1.200 MW, en ese entonces con alrededor del 12 % de la capacidad de generación del país). De ahí surgió la recomendación de diversificar el riesgo, emprendiendo diversos proyectos del orden de 300 MW, menos complejos, más fáciles de construir y con menos impactos indeseados.
En segundo término, ya se sabe que Ituango no entrará en funcionamiento al final de 2018, como estaba previsto, y, según varios especialistas, su atraso, en el mejor de los casos, no será menor a tres años (hay varios escenarios catastróficos que, infortunadamente, tienen alguna probabilidad de ocurrencia).
Con base en estos dos hechos, los expertos estiman, en algunas proyecciones, que la demanda de energía podría superar la oferta hacia 2021 o 2022, de tal forma que, si ocurre el fenómeno de El Niño, el país estaría en riesgo de racionamiento.
Dado que no existen proyectos de tamaño considerable que vayan a entrar en operación en los próximos dos años (debido, precisamente, a la expectativa de la culminación de Ituango), es necesario construir, rápidamente, nuevas plantas de generación. Como los nuevos proyectos hidroeléctricos toman mucho tiempo y, además, existen limitaciones técnicas para impulsar rápidamente suficientes plantas eólicas y solares (de todas maneras, se debe hacer un gran esfuerzo para promover su rápido desarrollo y adoptar otros importantes cambios regulatorios), no hay más remedio, otra vez, que construir en forma acelerada plantas térmicas, que sí pueden estar disponibles en el plazo requerido. Será necesario, sin embargo, mitigar y manejar los problemas de escasez y el costo de sus combustibles, así como los serios problemas ambientales que algunos de estos generan.
De todas formas, se estima que, incluso si se logran sortear los mayores traumatismos, es inevitable que la economía termine pagando un costo más elevado por la energía, con el correspondiente daño para la competitividad del país. Y, como es natural, el impacto de los mayores costos, en alguna medida, repercutirá sobre los índices de precios, la producción y el empleo.
El Gobierno y la CREG, por fortuna, ya comenzaron a tomar cartas en el asunto y han adoptado algunas medidas para enfrentar la emergencia. No obstante, será el próximo gobierno el que reciba el peso de la herencia de Ituango. Por este motivo, el presidente entrante deberá designar muy rápido un equipo de primera línea, encabezado por un ministro experimentado, que sea capaz de tomar, desde el mismo 7 de agosto, todas las decisiones que sean necesarias. No habrá tiempo para que los nuevos funcionarios aprendan o se entrenen en el ejercicio de sus cargos.
Entre las numerosas ramificaciones de la crisis de la hidroeléctrica de Ituango se encuentran sus impactos sobre la oferta de energía y sus posibles efectos sobre la economía en los próximos años.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta el gran tamaño de Ituango: 2.400 MW, cerca de un 15 % de la oferta del país. Al acometer esta enorme inversión se hizo a un lado una de las principales enseñanzas del apagón de 1992: evitar los megaproyectos, una lección derivada del hecho de que existe una probada correlación entre el tamaño, los riesgos, el impacto social y ambiental, los sobrecobrecostos y las demoras en la construcción de las hidroeléctricas (al comienzo de los años 90, uno de los epicentros de la crisis fue el Guavio, de 1.200 MW, en ese entonces con alrededor del 12 % de la capacidad de generación del país). De ahí surgió la recomendación de diversificar el riesgo, emprendiendo diversos proyectos del orden de 300 MW, menos complejos, más fáciles de construir y con menos impactos indeseados.
En segundo término, ya se sabe que Ituango no entrará en funcionamiento al final de 2018, como estaba previsto, y, según varios especialistas, su atraso, en el mejor de los casos, no será menor a tres años (hay varios escenarios catastróficos que, infortunadamente, tienen alguna probabilidad de ocurrencia).
Con base en estos dos hechos, los expertos estiman, en algunas proyecciones, que la demanda de energía podría superar la oferta hacia 2021 o 2022, de tal forma que, si ocurre el fenómeno de El Niño, el país estaría en riesgo de racionamiento.
Dado que no existen proyectos de tamaño considerable que vayan a entrar en operación en los próximos dos años (debido, precisamente, a la expectativa de la culminación de Ituango), es necesario construir, rápidamente, nuevas plantas de generación. Como los nuevos proyectos hidroeléctricos toman mucho tiempo y, además, existen limitaciones técnicas para impulsar rápidamente suficientes plantas eólicas y solares (de todas maneras, se debe hacer un gran esfuerzo para promover su rápido desarrollo y adoptar otros importantes cambios regulatorios), no hay más remedio, otra vez, que construir en forma acelerada plantas térmicas, que sí pueden estar disponibles en el plazo requerido. Será necesario, sin embargo, mitigar y manejar los problemas de escasez y el costo de sus combustibles, así como los serios problemas ambientales que algunos de estos generan.
De todas formas, se estima que, incluso si se logran sortear los mayores traumatismos, es inevitable que la economía termine pagando un costo más elevado por la energía, con el correspondiente daño para la competitividad del país. Y, como es natural, el impacto de los mayores costos, en alguna medida, repercutirá sobre los índices de precios, la producción y el empleo.
El Gobierno y la CREG, por fortuna, ya comenzaron a tomar cartas en el asunto y han adoptado algunas medidas para enfrentar la emergencia. No obstante, será el próximo gobierno el que reciba el peso de la herencia de Ituango. Por este motivo, el presidente entrante deberá designar muy rápido un equipo de primera línea, encabezado por un ministro experimentado, que sea capaz de tomar, desde el mismo 7 de agosto, todas las decisiones que sean necesarias. No habrá tiempo para que los nuevos funcionarios aprendan o se entrenen en el ejercicio de sus cargos.