Hoy no me refiero a fenómenos tan preocupantes como el bajo precio del petróleo, el lento crecimiento económico y el desaliento de la inversión privada, sino a los riesgos que se derivan de las leyes populistas que el Congreso ha venido aprobando, en contra de la opinión del Ministerio de Hacienda, muy atractivas para sus beneficiarios, y que, además, les permiten a sus promotores salir a conseguir votos en la próxima campaña electoral. Estas leyes tocan, entre otros, aspectos importantes de los regímenes pensionales, impuestos y servicios públicos. Si todas estas normas entraran en vigencia, sería imposible observar las metas fiscales, la deuda pública crecería en forma explosiva y el país perdería el acceso a los mercados internacionales.
Es preocupante que, al parecer, no se trata de casos aislados –ocasionales pecadillos parlamentarios–, sino de un fenómeno de relajamiento colectivo de la responsabilidad fiscal del Congreso, una institución en donde se echa de menos a algunos líderes parlamentarios de antaño, quienes, en forma valerosa, se oponían al populismo y defendían, al lado de los gobiernos, la seriedad en el manejo de las finanzas públicas. Consideraban, con razón, que esta hacía parte de un patrimonio colectivo de los colombianos.
Es obvio que estas leyes y otras semejantes van a ser vetadas por el Ejecutivo. Así lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda. Pero no por ello dejan de ser un desafío al Gobierno. Lo obligan a ponerse como el malo de la película, en contra de amplios grupos sociales, un hecho que mina aún más su escasa popularidad y limita su capacidad de maniobra para enfrentar numerosos problemas.
Llama la atención que estas leyes lleguen a las votaciones finales sin que los ministros y otros funcionarios que manejan la política hagan un esfuerzo serio por detener a tiempo su aprobación. Esto no sólo dificulta la labor del ministro de Hacienda, sino que se convierte en un obstáculo para las futuras tareas legislativas del propio Gobierno. Es obvio que si, como debiera, el Ejecutivo objeta estas leyes, éste, más adelante, encontrará dificultades para lograr el apoyo de los parlamentarios afectados por esos vetos para el trámite de las leyes que sí son de interés del Gobierno (las relacionadas con el posconflicto, por ejemplo).
Es difícil no hallar algunas semejanzas entre los paros recientes y ciertas actitudes populistas del Congreso frente al Ejecutivo. Parecería que algunos parlamentarios perciben que un gobierno débil, con baja popularidad, acosado en muchos frentes, podría ceder a sus presiones. El resultado acumulado de estas maniobras podría ser una pérdida adicional de la gobernabilidad, uno de los elementos clave del buen manejo económico. La experiencia de otros países muestra que, sin gobernabilidad, más temprano que tarde, los países pierden el rumbo económico, se afecta la inversión y, finalmente, caen el empleo y el crecimiento. Como siempre, los que más pagan el pato son los más pobres, tal como lo muestra la experiencia de Venezuela.
En los difíciles meses finales de un gobierno, con el sol a las espaldas, las autoridades económicas necesitan el respaldo del resto del Ejecutivo, de los políticos responsables y de la opinión pública para preservar el buen manejo de las finanzas públicas. Este es buena parte de su legado para las futuras administraciones.
Hoy no me refiero a fenómenos tan preocupantes como el bajo precio del petróleo, el lento crecimiento económico y el desaliento de la inversión privada, sino a los riesgos que se derivan de las leyes populistas que el Congreso ha venido aprobando, en contra de la opinión del Ministerio de Hacienda, muy atractivas para sus beneficiarios, y que, además, les permiten a sus promotores salir a conseguir votos en la próxima campaña electoral. Estas leyes tocan, entre otros, aspectos importantes de los regímenes pensionales, impuestos y servicios públicos. Si todas estas normas entraran en vigencia, sería imposible observar las metas fiscales, la deuda pública crecería en forma explosiva y el país perdería el acceso a los mercados internacionales.
Es preocupante que, al parecer, no se trata de casos aislados –ocasionales pecadillos parlamentarios–, sino de un fenómeno de relajamiento colectivo de la responsabilidad fiscal del Congreso, una institución en donde se echa de menos a algunos líderes parlamentarios de antaño, quienes, en forma valerosa, se oponían al populismo y defendían, al lado de los gobiernos, la seriedad en el manejo de las finanzas públicas. Consideraban, con razón, que esta hacía parte de un patrimonio colectivo de los colombianos.
Es obvio que estas leyes y otras semejantes van a ser vetadas por el Ejecutivo. Así lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda. Pero no por ello dejan de ser un desafío al Gobierno. Lo obligan a ponerse como el malo de la película, en contra de amplios grupos sociales, un hecho que mina aún más su escasa popularidad y limita su capacidad de maniobra para enfrentar numerosos problemas.
Llama la atención que estas leyes lleguen a las votaciones finales sin que los ministros y otros funcionarios que manejan la política hagan un esfuerzo serio por detener a tiempo su aprobación. Esto no sólo dificulta la labor del ministro de Hacienda, sino que se convierte en un obstáculo para las futuras tareas legislativas del propio Gobierno. Es obvio que si, como debiera, el Ejecutivo objeta estas leyes, éste, más adelante, encontrará dificultades para lograr el apoyo de los parlamentarios afectados por esos vetos para el trámite de las leyes que sí son de interés del Gobierno (las relacionadas con el posconflicto, por ejemplo).
Es difícil no hallar algunas semejanzas entre los paros recientes y ciertas actitudes populistas del Congreso frente al Ejecutivo. Parecería que algunos parlamentarios perciben que un gobierno débil, con baja popularidad, acosado en muchos frentes, podría ceder a sus presiones. El resultado acumulado de estas maniobras podría ser una pérdida adicional de la gobernabilidad, uno de los elementos clave del buen manejo económico. La experiencia de otros países muestra que, sin gobernabilidad, más temprano que tarde, los países pierden el rumbo económico, se afecta la inversión y, finalmente, caen el empleo y el crecimiento. Como siempre, los que más pagan el pato son los más pobres, tal como lo muestra la experiencia de Venezuela.
En los difíciles meses finales de un gobierno, con el sol a las espaldas, las autoridades económicas necesitan el respaldo del resto del Ejecutivo, de los políticos responsables y de la opinión pública para preservar el buen manejo de las finanzas públicas. Este es buena parte de su legado para las futuras administraciones.