Es posible, según los planes que se conocen a través de la prensa, que el gobierno del presidente Trump le dé un golpe al orden económico internacional que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial, en buena parte, gracias al liderazgo del propio Estados Unidos. Esto es claro en el caso del comercio internacional, hoy regido por la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés), entidad que tiene facultades para resolver disputas entre los países miembros.
Desde su campaña, Trump viene amenazando, sin que haya presentado todavía una fórmula concreta, con la imposición de aranceles o algún tipo de impuestos punitivos contra China, México y otros países a los que ha acusado de manipular sus monedas o mantener prácticas de comercio desleal contra Estados Unidos. Con alguna de estas medidas, Trump protegería el mercado interno norteamericano, cumpliría su promesa de “America first” y le daría un impulso a las industrias locales.
Uno de los mecanismos que ha venido ganando simpatía entre los colaboradores de Trump y numerosos miembros de su partido es el llamado Impuesto de Ajuste en la Frontera (Border Adjustement Tax, BAT). El diseño de este impuesto es diferente al de un arancel. Se cobra a través de ajustes y deducciones al impuesto de renta de las empresas. Sus principios son simples: el valor de las importaciones no puede deducirse de los costos, de tal forma que, si la tasa del tributo es del 20 %, las importaciones quedan gravadas en ese mismo porcentaje. Y, además, las utilidades generadas por las exportaciones se excluyen de la base del impuesto, de tal forma que las ventas al exterior reciben un subsidio del 20 %.
Como es natural, uno de los obstáculos que enfrenta este tipo de medidas es la WTO y la posibilidad de que sus mecanismos de resolución de conflictos atiendan las quejas de los países afectados. Ante este hecho, algunos miembros del gobierno norteamericano han sugerido que su país no acataría los fallos adversos o, simplemente, se desvincularía de la WTO, una decisión que dejaría a esta organización en estado terminal. De ahí en adelante seguiría el caos: sin orden ni reglas en el comercio internacional, lo que vendría serían represalias en cadena, guerras comerciales y mayor proteccionismo global.
A raíz del fuerte debate que ha suscitado entre los potenciales ganadores y perdedores, la idea del BAT todavía no cuenta con el respaldo de todo el gobierno de Trump. Mientras que empresas como Boeing y Caterpilar, grandes exportadores, han manifestado su respaldo a este impuesto, otras como Walmart y Target, importadores masivos de bienes de consumo, han manifestado su rechazo por cuanto sostienen que los precios en sus tiendas subirían y así los damnificados serían los consumidores (allí no para la discusión; algunos economistas plantean que el impuesto induciría una gran apreciación del dólar, fenómeno que mitigaría o compensaría el incremento de los precios).
El desenlace de estos debates es de gran importancia para Colombia, un país cuyo crecimiento económico depende, en buena medida, de la esperada recuperación y diversificación de sus exportaciones no tradicionales y que, además, ha mantenido, con la esperanza de dinamizar sus ventas externas, la estrategia de largo plazo de asegurar una mayor vinculación a los mercados internacionales.
Es posible, según los planes que se conocen a través de la prensa, que el gobierno del presidente Trump le dé un golpe al orden económico internacional que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial, en buena parte, gracias al liderazgo del propio Estados Unidos. Esto es claro en el caso del comercio internacional, hoy regido por la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés), entidad que tiene facultades para resolver disputas entre los países miembros.
Desde su campaña, Trump viene amenazando, sin que haya presentado todavía una fórmula concreta, con la imposición de aranceles o algún tipo de impuestos punitivos contra China, México y otros países a los que ha acusado de manipular sus monedas o mantener prácticas de comercio desleal contra Estados Unidos. Con alguna de estas medidas, Trump protegería el mercado interno norteamericano, cumpliría su promesa de “America first” y le daría un impulso a las industrias locales.
Uno de los mecanismos que ha venido ganando simpatía entre los colaboradores de Trump y numerosos miembros de su partido es el llamado Impuesto de Ajuste en la Frontera (Border Adjustement Tax, BAT). El diseño de este impuesto es diferente al de un arancel. Se cobra a través de ajustes y deducciones al impuesto de renta de las empresas. Sus principios son simples: el valor de las importaciones no puede deducirse de los costos, de tal forma que, si la tasa del tributo es del 20 %, las importaciones quedan gravadas en ese mismo porcentaje. Y, además, las utilidades generadas por las exportaciones se excluyen de la base del impuesto, de tal forma que las ventas al exterior reciben un subsidio del 20 %.
Como es natural, uno de los obstáculos que enfrenta este tipo de medidas es la WTO y la posibilidad de que sus mecanismos de resolución de conflictos atiendan las quejas de los países afectados. Ante este hecho, algunos miembros del gobierno norteamericano han sugerido que su país no acataría los fallos adversos o, simplemente, se desvincularía de la WTO, una decisión que dejaría a esta organización en estado terminal. De ahí en adelante seguiría el caos: sin orden ni reglas en el comercio internacional, lo que vendría serían represalias en cadena, guerras comerciales y mayor proteccionismo global.
A raíz del fuerte debate que ha suscitado entre los potenciales ganadores y perdedores, la idea del BAT todavía no cuenta con el respaldo de todo el gobierno de Trump. Mientras que empresas como Boeing y Caterpilar, grandes exportadores, han manifestado su respaldo a este impuesto, otras como Walmart y Target, importadores masivos de bienes de consumo, han manifestado su rechazo por cuanto sostienen que los precios en sus tiendas subirían y así los damnificados serían los consumidores (allí no para la discusión; algunos economistas plantean que el impuesto induciría una gran apreciación del dólar, fenómeno que mitigaría o compensaría el incremento de los precios).
El desenlace de estos debates es de gran importancia para Colombia, un país cuyo crecimiento económico depende, en buena medida, de la esperada recuperación y diversificación de sus exportaciones no tradicionales y que, además, ha mantenido, con la esperanza de dinamizar sus ventas externas, la estrategia de largo plazo de asegurar una mayor vinculación a los mercados internacionales.