Rara vez una propuesta ha concitado el rechazo de economistas de todas las orientaciones políticas, académicas y doctrinarias. Este mérito lo ha conseguido el proyecto de acto legislativo que pretende modificar el sistema general de participaciones, que tiene la capacidad de arruinar las finanzas públicas, causar un daño irreparable al Estado y sumir en el caos a la economía colombiana. Por esta razón, el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Carf, Anif, Fedesarrollo y prácticamente todas las personas informadas sobre la situación fiscal coinciden en oponerse a esta iniciativa.
Representantes de la clase política tradicional, guiados por el ministro del Interior, aspiran a que la Constitución establezca que las transferencias del gobierno nacional a los municipios y departamentos pasen del 23,9 % de los ingresos corrientes de la Nación al 46,5 % en un plazo de diez años. Si esta reforma es aprobada, en 2037, según cálculos de Anif, los pagos de pensiones, deuda externa y las transferencias del SGP consumirían el 83 % de todos los ingresos de la Nación; así no habría recursos para la inversión y funcionamiento del Estado. Si se tratara de atender todos los frentes a punta de endeudamiento, el déficit llegaría a más del 10 % del PIB, la deuda pública explotaría, se incumpliría la regla fiscal, se perdería el acceso a la financiación interna y externa y habría graves consecuencias sobre la producción y el empleo.
Como, al parecer, el Gobierno se siente incapaz de detener esta barbaridad, el ministro de Hacienda ha señalado que la apoyaría si, más adelante, se reglamenta por medio de una ley la transferencia de competencias y responsabilidades a los municipios y departamentos. Es decir, que los entes territoriales asuman con sus nuevos recursos algunos gastos e inversiones que hoy paga el Tesoro Nacional. Esta es una fantasía. Es tan gigantesco el aumento previsto de recursos a las regiones que no habrá manera de asignarles tareas que hoy asume con sus fondos el gobierno central. ¿O creen los autores de esta iniciativa que los municipios y departamentos atenderán con sus nuevos fondos las pensiones, la deuda y los programas sociales a cargo de la Nación?
Es evidente que el cálculo de la cesión de competencias y recursos debió preceder al proyecto de aumento de las transferencias. Hacerlo al revés es una locura.
La propuesta tiene otros vacíos. Los ajustes a la descentralización deben contemplar una reforma a los entes de control, que no impidieron el aumento de la corrupción y el desvío de buena parte de las transferencias ordenadas por la Constitución de 1991. En muchos casos, los mayores recursos de los entes territoriales fueron capturados por clanes políticos y, en otros, alimentaron a las guerrillas y los paramilitares. Sería irresponsable incrementar las transferencias y correr el riesgo de que, de nuevo, no lleguen a la población más necesitada.
Nada dice el proyecto sobre el mayor esfuerzo fiscal de los municipios y departamentos, que debería ser impulsado por una reforma tributaria territorial, que induzca a que los entes más prósperos financien con sus propios recursos sus mayores gastos, y que solo las regiones más pobres, las de la periferia, reciban la mayor parte del incremento de las transferencias del gobierno central.
Si se aprueba esta reforma, el país entraría en una crisis económica sin precedentes.
Rara vez una propuesta ha concitado el rechazo de economistas de todas las orientaciones políticas, académicas y doctrinarias. Este mérito lo ha conseguido el proyecto de acto legislativo que pretende modificar el sistema general de participaciones, que tiene la capacidad de arruinar las finanzas públicas, causar un daño irreparable al Estado y sumir en el caos a la economía colombiana. Por esta razón, el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Carf, Anif, Fedesarrollo y prácticamente todas las personas informadas sobre la situación fiscal coinciden en oponerse a esta iniciativa.
Representantes de la clase política tradicional, guiados por el ministro del Interior, aspiran a que la Constitución establezca que las transferencias del gobierno nacional a los municipios y departamentos pasen del 23,9 % de los ingresos corrientes de la Nación al 46,5 % en un plazo de diez años. Si esta reforma es aprobada, en 2037, según cálculos de Anif, los pagos de pensiones, deuda externa y las transferencias del SGP consumirían el 83 % de todos los ingresos de la Nación; así no habría recursos para la inversión y funcionamiento del Estado. Si se tratara de atender todos los frentes a punta de endeudamiento, el déficit llegaría a más del 10 % del PIB, la deuda pública explotaría, se incumpliría la regla fiscal, se perdería el acceso a la financiación interna y externa y habría graves consecuencias sobre la producción y el empleo.
Como, al parecer, el Gobierno se siente incapaz de detener esta barbaridad, el ministro de Hacienda ha señalado que la apoyaría si, más adelante, se reglamenta por medio de una ley la transferencia de competencias y responsabilidades a los municipios y departamentos. Es decir, que los entes territoriales asuman con sus nuevos recursos algunos gastos e inversiones que hoy paga el Tesoro Nacional. Esta es una fantasía. Es tan gigantesco el aumento previsto de recursos a las regiones que no habrá manera de asignarles tareas que hoy asume con sus fondos el gobierno central. ¿O creen los autores de esta iniciativa que los municipios y departamentos atenderán con sus nuevos fondos las pensiones, la deuda y los programas sociales a cargo de la Nación?
Es evidente que el cálculo de la cesión de competencias y recursos debió preceder al proyecto de aumento de las transferencias. Hacerlo al revés es una locura.
La propuesta tiene otros vacíos. Los ajustes a la descentralización deben contemplar una reforma a los entes de control, que no impidieron el aumento de la corrupción y el desvío de buena parte de las transferencias ordenadas por la Constitución de 1991. En muchos casos, los mayores recursos de los entes territoriales fueron capturados por clanes políticos y, en otros, alimentaron a las guerrillas y los paramilitares. Sería irresponsable incrementar las transferencias y correr el riesgo de que, de nuevo, no lleguen a la población más necesitada.
Nada dice el proyecto sobre el mayor esfuerzo fiscal de los municipios y departamentos, que debería ser impulsado por una reforma tributaria territorial, que induzca a que los entes más prósperos financien con sus propios recursos sus mayores gastos, y que solo las regiones más pobres, las de la periferia, reciban la mayor parte del incremento de las transferencias del gobierno central.
Si se aprueba esta reforma, el país entraría en una crisis económica sin precedentes.