La llegada del Informe de la Comisión de la Verdad a los colegios ha desatado una campaña para “defender” la integridad de la niñez. Quienes se oponen a esta socialización, argumentan que lo hacen para evitar el “adoctrinamiento” de sus hijos. Al igual que en temas como el aborto o la cadena perpetua contra agresores sexuales de menores, son críticas que hablan más de las posiciones ideológicas de los adultos, que de los derechos de las niñas y niños.
Resulta interesante el contraste entre el poco interés que gran parte de la sociedad demuestra sobre lo que ocurre en las aulas y la pasión con que se discute sobre la enseñanza de temas relacionados con el conflicto armado. Si se le pregunta a un padre o madre sobre el curso en que están sus hijos, más de uno dudará al momento de responder, y más difícil les resultaría decir qué contenidos componen el pensum de ese año escolar. Basta con ver lo poco que importó para gran parte del país el cierre de colegios durante casi dos años, las pérdidas de aprendizajes o las emociones de los estudiantes como consecuencia de estos cierres.
Otro aspecto interesante de analizar es la noción de “protección” del pensamiento de los estudiantes, a quienes se concibe como recipientes para llenar con ideas, y no como personas capaces de tomar posiciones o construir opiniones propias. Esta mirada adultocéntrica resulta violenta, pues desconoce la autonomía y libertad de pensamiento que tiene todo individuo, aunque sea menor de dieciocho años.
Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el ruido de la discusión ha impedido hablar de lo que ocurrirá el 12 de agosto en los colegios del país. Ese día, la Comisión de la Verdad, junto a la sociedad civil y el Ministerio de Educación, entregarán simbólicamente el Informe a las comunidades educativas. No se incluirá inmediatamente en el currículo escolar, pues, aunque algunos docentes ya lo están incluyendo en sus planeaciones, este será un proceso que tomará tiempo: hay que tener materiales adecuados para trabajar en el aula y crear espacios para la formación de los profesores.
En medio de esta controversia están los docentes a quienes injustamente se les señala y estigmatiza. Pero la invitación viene del Ministerio de Educación, quien, a su vez, cumple el Decreto 588 de 2017 por el cual se establecen las funciones de la Comisión de la Verdad “El informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como, por ejemplo, la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo”.
Esta polémica evidencia dos cosas: el uso de la niñez para justificar posiciones ideológicas de los adultos y la estigmatización sobre el magisterio. Parece que la única forma en que una parte de la sociedad se sienta tranquila con los colegios es cuando están cerrados.
Puntilla. ¿Me pregunto si entre las funciones del Área Metropolitana de Cúcuta está la de construir mansiones?
La llegada del Informe de la Comisión de la Verdad a los colegios ha desatado una campaña para “defender” la integridad de la niñez. Quienes se oponen a esta socialización, argumentan que lo hacen para evitar el “adoctrinamiento” de sus hijos. Al igual que en temas como el aborto o la cadena perpetua contra agresores sexuales de menores, son críticas que hablan más de las posiciones ideológicas de los adultos, que de los derechos de las niñas y niños.
Resulta interesante el contraste entre el poco interés que gran parte de la sociedad demuestra sobre lo que ocurre en las aulas y la pasión con que se discute sobre la enseñanza de temas relacionados con el conflicto armado. Si se le pregunta a un padre o madre sobre el curso en que están sus hijos, más de uno dudará al momento de responder, y más difícil les resultaría decir qué contenidos componen el pensum de ese año escolar. Basta con ver lo poco que importó para gran parte del país el cierre de colegios durante casi dos años, las pérdidas de aprendizajes o las emociones de los estudiantes como consecuencia de estos cierres.
Otro aspecto interesante de analizar es la noción de “protección” del pensamiento de los estudiantes, a quienes se concibe como recipientes para llenar con ideas, y no como personas capaces de tomar posiciones o construir opiniones propias. Esta mirada adultocéntrica resulta violenta, pues desconoce la autonomía y libertad de pensamiento que tiene todo individuo, aunque sea menor de dieciocho años.
Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el ruido de la discusión ha impedido hablar de lo que ocurrirá el 12 de agosto en los colegios del país. Ese día, la Comisión de la Verdad, junto a la sociedad civil y el Ministerio de Educación, entregarán simbólicamente el Informe a las comunidades educativas. No se incluirá inmediatamente en el currículo escolar, pues, aunque algunos docentes ya lo están incluyendo en sus planeaciones, este será un proceso que tomará tiempo: hay que tener materiales adecuados para trabajar en el aula y crear espacios para la formación de los profesores.
En medio de esta controversia están los docentes a quienes injustamente se les señala y estigmatiza. Pero la invitación viene del Ministerio de Educación, quien, a su vez, cumple el Decreto 588 de 2017 por el cual se establecen las funciones de la Comisión de la Verdad “El informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como, por ejemplo, la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo”.
Esta polémica evidencia dos cosas: el uso de la niñez para justificar posiciones ideológicas de los adultos y la estigmatización sobre el magisterio. Parece que la única forma en que una parte de la sociedad se sienta tranquila con los colegios es cuando están cerrados.
Puntilla. ¿Me pregunto si entre las funciones del Área Metropolitana de Cúcuta está la de construir mansiones?