El Congreso está enviando por estos días, para sanción presidencial, el texto conciliado del proyecto de ley que desarrolla los artículos 306 y 307 de la Constitución, sobre la conformación de regiones. Tuve a la vista el articulado que publicó la Gaceta nº 216 del pasado 9 de abril y, sin necesidad de examinarlo en detalle, aparece en él una aporía: las regiones en Colombia son una realidad política, geográfica y social, que el establecimiento pretende gobernar con unas leyes que ignoran la realidad geográfica, política y social. Es como si hubiera dos clases de regiones: la que bulle en la vida cotidiana de los colombianos y la que los gobiernos dibujan en las leyes.
Más allá de los debates inherentes al tema, probablemente, ningún colombiano dejaría de suscribir la afirmación de que “Colombia es un país de regiones”. En efecto, la región Caribe, la vieja Antioquia, el altiplano cundiboyacense, los Santanderes, el Tolima grande, los Llanos Orientales, el macizo del sur, son pedazos de geografía, pero también de historia y de cultura que guardan una identidad y, con ella, unas esperanzas. En otras palabras, la región, en una sociedad plural como la nuestra, supone una problemática cruzada de arriba abajo por la sociología que, por lo mismo, solo se resuelve a través de la política. La materia prima de la región es la gente.
No es así como la miran los gobiernos. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), aprobada en el año 2011, le dio tratamiento técnico a un problema político. Basta recordar cómo diversos sectores de la región Caribe, hace cerca de diez años, promovieron una movilización social que obtuvo más de dos millones y medio de votos, para presionar la conformación de su región “como una entidad territorial de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses”. El Gobierno se apresuró a neutralizar el proceso, afirmando que el resultado de la votación sería apenas indicativo.
De allí salió una LOOT, que los líderes del movimiento calificaron de “inicua, inocua y vacua” porque para adoptar aquel texto no hubiera sido necesaria la Constitución del 91. Lo mismo ocurre hoy con la ley de regiones que está pendiente de sanción presidencial. Su objetivo es fortalecer la Región Administrativa y de Planificación (RAP) y hacer de la Región como Entidad Territorial (RET) una Junta de Gobernadores dirigida por un gerente en cuya designación nada tiene que ver el ciudadano. Eso es contrario a la Constitución.
El problema, por supuesto, tiene origen en la propia Constitución: si crear una región como entidad territorial supone que dos o más entidades territoriales (departamentos) se unan para conformar algo que no es entidad territorial (RAP) y luego los procedimientos dificulten la creación de la RET es un contrasentido. Gracias a él la inefable ley de regiones está cercenando la autonomía que la misma Constitución reconoce como derecho de las entidades territoriales en materia de elección de sus autoridades y de participación en las rentas nacionales.
Es increíble: la autonomía territorial es un mandato del Constituyente para encarar el futuro. Pero los gobiernos nacionales la siguen confundiendo con descentralización. Eso es apostarle al pasado. Por Dios: las crisis no se resuelven insistiendo en los mismos factores que la produjeron. No hay peor invidente que el que no quiere ver.
* Exsenador, profesor universitario.
El Congreso está enviando por estos días, para sanción presidencial, el texto conciliado del proyecto de ley que desarrolla los artículos 306 y 307 de la Constitución, sobre la conformación de regiones. Tuve a la vista el articulado que publicó la Gaceta nº 216 del pasado 9 de abril y, sin necesidad de examinarlo en detalle, aparece en él una aporía: las regiones en Colombia son una realidad política, geográfica y social, que el establecimiento pretende gobernar con unas leyes que ignoran la realidad geográfica, política y social. Es como si hubiera dos clases de regiones: la que bulle en la vida cotidiana de los colombianos y la que los gobiernos dibujan en las leyes.
Más allá de los debates inherentes al tema, probablemente, ningún colombiano dejaría de suscribir la afirmación de que “Colombia es un país de regiones”. En efecto, la región Caribe, la vieja Antioquia, el altiplano cundiboyacense, los Santanderes, el Tolima grande, los Llanos Orientales, el macizo del sur, son pedazos de geografía, pero también de historia y de cultura que guardan una identidad y, con ella, unas esperanzas. En otras palabras, la región, en una sociedad plural como la nuestra, supone una problemática cruzada de arriba abajo por la sociología que, por lo mismo, solo se resuelve a través de la política. La materia prima de la región es la gente.
No es así como la miran los gobiernos. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), aprobada en el año 2011, le dio tratamiento técnico a un problema político. Basta recordar cómo diversos sectores de la región Caribe, hace cerca de diez años, promovieron una movilización social que obtuvo más de dos millones y medio de votos, para presionar la conformación de su región “como una entidad territorial de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses”. El Gobierno se apresuró a neutralizar el proceso, afirmando que el resultado de la votación sería apenas indicativo.
De allí salió una LOOT, que los líderes del movimiento calificaron de “inicua, inocua y vacua” porque para adoptar aquel texto no hubiera sido necesaria la Constitución del 91. Lo mismo ocurre hoy con la ley de regiones que está pendiente de sanción presidencial. Su objetivo es fortalecer la Región Administrativa y de Planificación (RAP) y hacer de la Región como Entidad Territorial (RET) una Junta de Gobernadores dirigida por un gerente en cuya designación nada tiene que ver el ciudadano. Eso es contrario a la Constitución.
El problema, por supuesto, tiene origen en la propia Constitución: si crear una región como entidad territorial supone que dos o más entidades territoriales (departamentos) se unan para conformar algo que no es entidad territorial (RAP) y luego los procedimientos dificulten la creación de la RET es un contrasentido. Gracias a él la inefable ley de regiones está cercenando la autonomía que la misma Constitución reconoce como derecho de las entidades territoriales en materia de elección de sus autoridades y de participación en las rentas nacionales.
Es increíble: la autonomía territorial es un mandato del Constituyente para encarar el futuro. Pero los gobiernos nacionales la siguen confundiendo con descentralización. Eso es apostarle al pasado. Por Dios: las crisis no se resuelven insistiendo en los mismos factores que la produjeron. No hay peor invidente que el que no quiere ver.
* Exsenador, profesor universitario.