Michel Forst, entonces relator de Naciones Unidas, sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.
Las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, un grupo de columnistas hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos de los líderes asesinados y contar brevemente sus historias.
Querubín de Jesús Zapata Avilés era un joven de 27 años, alegre, comprometido en su trabajo como defensor de la comunidad LGBTI y la diversidad, representante de la Plataforma Municipal de Juventudes en el municipio de Caucasia, Antioquia. Su único pecado fue denunciar los continuos enfrentamientos entre las bandas de los Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia por el control territorial, y también a los comercializadores de estupefacientes en el municipio.
Trabajó en la Fundación Semillas de Paz y Progreso. Lideraba campañas de prevención sobre el consumo de drogas. Hincha del Atlético Nacional, carismático, estaba ese sábado 16 de febrero de 2019 departiendo con unos amigos al lado de la quebrada Atascoso cuando un sicario en moto se le acercó y lo asesinó a quemarropa, huyendo después. Desde 2017 este joven líder estaba recibiendo amenazas contra su vida, las había denunciado, pero jamás obtuvo respuesta ni seguridad. Hasta el momento, el “presunto responsable” de su muerte es alias Lápiz, de quien se dice que entregó las coordenadas al sicario.
Gilberto Valencia, de Pueblo Nuevo, Suárez, Cauca, fue asesinado el 1° de enero, celebrando el Año Nuevo. Este líder de 32 años, músico, compositor, promotor de actividades culturales, artísticas y deportivas, presidente de la JAC de su pueblo, estaba dedicado a trabajar en la resolución de conflictos y la construcción de paz entre los jóvenes. Lideraba el grupo musical Los Herederos y fundó el proyecto Diálogos Itinerantes para socializar puntos del Acuerdo de Paz, iniciativa que ganó un premio en 2015, en el Foro Movilizadores de Paz de RECON. En plena celebración del Año Nuevo, en las verbenas populares del municipio, cuando trataba de mediar en una discusión, fue agredido brutalmente con arma blanca y asesinado. Sobre el responsable se dice que muchos en el pueblo saben, pero no hay nada concreto.
Bernardo Cuero Bravo, nacido en Tumaco, se desplazó por la violencia en 2000 y se radicó con su familia en Malambo, Atlántico. El 7 de junio de 2017, mientras miraba un partido de fútbol en su casa, unos tipos en moto preguntaron por él y al salir a la puerta le dispararon varias ráfagas, matándolo inmediatamente. Era fiscal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes).
Ya años antes Bernardo había denunciado varias amenazas contra líderes de Afrodes y había declarado que “si algún integrante o familiar fuera víctima de un atentado, responsabilizaría al Gobierno por no haber tomado las medidas necesarias… y no haber sido escuchados antes de que ocurriera una tragedia”.
Le dieron protección hasta 2016, se la quitaron y fue asesinado en junio de 2017. El último detenido, hace tres años, acaba de ser puesto en libertad hace algunos días por “vencimiento de términos”. Su familia sigue sufriendo este flagelo, porque hace dos meses asesinaron a dos familiares en Tumaco.
Cientos de líderes sociales asesinados. Nadie responde, a nadie le importa. El Gobierno se hace el de la vista gorda y a lo mejor cree que “no estarían recogiendo café”. Como escribí en el título de la columna, continúa imparable el ciclo mortal de la impunidad.
Posdata. ¡Y el mundo sigue girando!
Michel Forst, entonces relator de Naciones Unidas, sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.
Las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, un grupo de columnistas hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos de los líderes asesinados y contar brevemente sus historias.
Querubín de Jesús Zapata Avilés era un joven de 27 años, alegre, comprometido en su trabajo como defensor de la comunidad LGBTI y la diversidad, representante de la Plataforma Municipal de Juventudes en el municipio de Caucasia, Antioquia. Su único pecado fue denunciar los continuos enfrentamientos entre las bandas de los Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia por el control territorial, y también a los comercializadores de estupefacientes en el municipio.
Trabajó en la Fundación Semillas de Paz y Progreso. Lideraba campañas de prevención sobre el consumo de drogas. Hincha del Atlético Nacional, carismático, estaba ese sábado 16 de febrero de 2019 departiendo con unos amigos al lado de la quebrada Atascoso cuando un sicario en moto se le acercó y lo asesinó a quemarropa, huyendo después. Desde 2017 este joven líder estaba recibiendo amenazas contra su vida, las había denunciado, pero jamás obtuvo respuesta ni seguridad. Hasta el momento, el “presunto responsable” de su muerte es alias Lápiz, de quien se dice que entregó las coordenadas al sicario.
Gilberto Valencia, de Pueblo Nuevo, Suárez, Cauca, fue asesinado el 1° de enero, celebrando el Año Nuevo. Este líder de 32 años, músico, compositor, promotor de actividades culturales, artísticas y deportivas, presidente de la JAC de su pueblo, estaba dedicado a trabajar en la resolución de conflictos y la construcción de paz entre los jóvenes. Lideraba el grupo musical Los Herederos y fundó el proyecto Diálogos Itinerantes para socializar puntos del Acuerdo de Paz, iniciativa que ganó un premio en 2015, en el Foro Movilizadores de Paz de RECON. En plena celebración del Año Nuevo, en las verbenas populares del municipio, cuando trataba de mediar en una discusión, fue agredido brutalmente con arma blanca y asesinado. Sobre el responsable se dice que muchos en el pueblo saben, pero no hay nada concreto.
Bernardo Cuero Bravo, nacido en Tumaco, se desplazó por la violencia en 2000 y se radicó con su familia en Malambo, Atlántico. El 7 de junio de 2017, mientras miraba un partido de fútbol en su casa, unos tipos en moto preguntaron por él y al salir a la puerta le dispararon varias ráfagas, matándolo inmediatamente. Era fiscal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes).
Ya años antes Bernardo había denunciado varias amenazas contra líderes de Afrodes y había declarado que “si algún integrante o familiar fuera víctima de un atentado, responsabilizaría al Gobierno por no haber tomado las medidas necesarias… y no haber sido escuchados antes de que ocurriera una tragedia”.
Le dieron protección hasta 2016, se la quitaron y fue asesinado en junio de 2017. El último detenido, hace tres años, acaba de ser puesto en libertad hace algunos días por “vencimiento de términos”. Su familia sigue sufriendo este flagelo, porque hace dos meses asesinaron a dos familiares en Tumaco.
Cientos de líderes sociales asesinados. Nadie responde, a nadie le importa. El Gobierno se hace el de la vista gorda y a lo mejor cree que “no estarían recogiendo café”. Como escribí en el título de la columna, continúa imparable el ciclo mortal de la impunidad.
Posdata. ¡Y el mundo sigue girando!