El domingo Chile vivió una de las más importantes jornadas electorales de los últimos tiempos, con una participación de 15 millones de ciudadanos, pero con un alto número de indecisos y limitantes sanitarias que, con seguridad incidieron en el proceso.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales podrá poner fin a la concertación chilena, iniciada a partir del proceso de redemocratización en los años 90, por medio de la cual se estableció un pacto de gobernabilidad entre los partidos tradicionales de Chile. Esta sería la primera vez que la disputa presidencial no contará con la presencia de los partidos de centro-derecha y centro-izquierda.
En esta ocasión los dos representantes, con mayor aceptación, son legítimos representantes de la extrema derecha y de la extrema izquierda: Gabriel Boric y José Antonio Kast. Chile está polarizado y los centros perdieron fuerza y electorado en estos últimos comicios. Ambos candidatos, con larga carrera política en el congreso presentan programas dispares: Boric, aboga por un programa que propicie un Estado de Bien Estar que propicie una mayor inclusión social. Kast expresa su afinidad con el modelo económico vigente desde la dictadura de Pinochet y tiene tres vectores claros: “orden, seguridad y libertad”. Analistas chilenos han dicho que “Boric representa el cambio y Kast el orden”.
Kast, es un admirador de Pinochet, de Jair Bolsonaro y de otras manos duras regionales. Sin pena ni gloria, ya afirmó que si llega la presidencia acabará con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, pues lo único que hace es proteger manifestantes y que con certeza retirará Chile de la ONU dado que la organización abriga regímenes autoritarios.
Si bien haya expertos que dicen que Chile está polarizado desde 1989, en este momento los chilenos van a tener que escoger entre dos márgenes extremos que incita a muchas interrogantes, entre estas: ¿Qué pasó con sus antecesores, sobre todo con Bachelet y Piñera?
Michelle Bachelet fue la primera mujer en ocupar la Presidencia de Chile. Su pauta de gobierno apuntaba a reformas estructurales, pero perdió credibilidad y la confianza de los chilenos por haber sido involucrada en escándalos de corrupción. Su agenda incluyó temas como la despenalización del aborto, una nueva Constitución, educación gratuita, más acceso a las universidades públicas, contratación de más de 30 mil maestros. En el área laboral, impidió la sustitución de trabajadores en casos de huelga, fortaleció los sindicatos y exigió la participación de mujeres en sus direcciones, presentó una propuesta de reforma tributaria y de los fondos de pensiones, lo que creó una fuerte oposición.
Segmentos importantes de la sociedad chilena consideraron que muchas de esas propuestas se quedaron en el tintero. Otros creyeron que su gobierno había sido el más progresista de Chile en los últimos 50 años. No obstante, algunos analistas opinaron que Chile seguía siendo un paraíso neoliberal, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
En 2017, los medios internacionales indicaban a Piñera como el gran vencedor, no tanto por el legado de su primer mandato, sino por el desencanto de ciertos sectores de la población con el desempeño de la presidenta Bachelet y una marcada fragmentación de la izquierda.
La agenda de Piñera incluyó la revisión de algunos temas que desagradan a los conservadores: la ley del aborto, la propuesta del matrimonio igualitario, la ley laboral y no se notaba una disposición para cambiar la Constitución. Reforzó el control de las fronteras y se dispuso a ser más selectivos con los extranjeros que llegaban a Chile, ser más firme con los indígenas Mapuches y en sus sueños más ambiciosos deseaba transformar al país en la mayor potencia de la región.
Su propuesta encontró fuerte apoyo entre la élite, los militares y los sectores insatisfechos con la economía. El Chile de Piñera seguiría siendo un país abierto, con una economía anclada al precio del cobre, su principal fuente de exportación y lejano del imaginario latinoamericano.
Sin embargo, en 2019 la concertación fue sorprendida por la toma de las calles, utilizadas como espacio democrático para que los chilenos abrieran una verdadera Caja de Pandora y permitieron dar a conocer el profundo descontento de la sociedad chilena, poniendo en tela de juicio los dictamines de la escuela de Chicago que tanta preponderancia tuvo en el modelo económico del país.
Una protesta social dolorosa tomó las calles de Chile y puso en jaque el gobierno de Piñera. Había un anhelo colectivo de retirar de la historia de Chile el lastro simbólico y efectivo de la Dictadura de Augusto Pinochet: la Constitución aún vigente, una mejor distribución del poder, dar voz a los pueblos indígenas, desmilitarizar la Araucanía y regular las industrias de extracción como la forestal o la minera.
Por medio de un acuerdo entre los partidos políticos para contrarrestar la mayor crisis social vista en el Chile democrático, se somete a consideración del pueblo un plebiscito que decidiría si redactaban o no una nueva Constitución. Con 80% de los votos, ganó el sí.
Posteriormente, se realizó la selección de los constituyentes. Chile sorprendió gratamente. Se escogieron 155 representantes de forma equitativa, algo inédito. Entre los elegidos, se hicieron presentes 17 representantes de los pueblos indígenas. Todos escogidos por el pueblo para que, en un plazo de un año, entregaran al país una nueva Constitución
Este 4 de julio, las 78 mujeres y 77 hombres elegidos por el pueblo instalaron la Nueva Asamblea Constituyente para iniciar la elaboración de una Nueva Constitución. Lo que dejará atrás uno de los símbolos más evidentes de la Dictadura de Pinochet: la Carta Magna proclamada en 1980 que sigue vigente en Chile, para muchos, autoritaria y sectaria.
La nueva Asamblea Constituyente de Chile trajo esperanza a su pueblo y a la región. Sin embargo, en el avance de los comicios presidenciales, encontramos un alto número de abstinencia, casi 2 millones de chilenos no salieron a votar y una polarización extrema que, termina siendo un laboratorio que replica el escenario regional y mundial.
Sí los indicadores no cambian en la segunda vuelta, la población chilena podrá entregar el país en las manos de Kast, un legítimo representante de la extrema derecha que puede hacer que Chile retroceda en muchos aspectos, no avance en el proceso de la Asamblea Constituyente y que podrá traer a la región recuerdos sombríos.
*Profesora Universidad Externado de Colombia
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El domingo Chile vivió una de las más importantes jornadas electorales de los últimos tiempos, con una participación de 15 millones de ciudadanos, pero con un alto número de indecisos y limitantes sanitarias que, con seguridad incidieron en el proceso.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales podrá poner fin a la concertación chilena, iniciada a partir del proceso de redemocratización en los años 90, por medio de la cual se estableció un pacto de gobernabilidad entre los partidos tradicionales de Chile. Esta sería la primera vez que la disputa presidencial no contará con la presencia de los partidos de centro-derecha y centro-izquierda.
En esta ocasión los dos representantes, con mayor aceptación, son legítimos representantes de la extrema derecha y de la extrema izquierda: Gabriel Boric y José Antonio Kast. Chile está polarizado y los centros perdieron fuerza y electorado en estos últimos comicios. Ambos candidatos, con larga carrera política en el congreso presentan programas dispares: Boric, aboga por un programa que propicie un Estado de Bien Estar que propicie una mayor inclusión social. Kast expresa su afinidad con el modelo económico vigente desde la dictadura de Pinochet y tiene tres vectores claros: “orden, seguridad y libertad”. Analistas chilenos han dicho que “Boric representa el cambio y Kast el orden”.
Kast, es un admirador de Pinochet, de Jair Bolsonaro y de otras manos duras regionales. Sin pena ni gloria, ya afirmó que si llega la presidencia acabará con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, pues lo único que hace es proteger manifestantes y que con certeza retirará Chile de la ONU dado que la organización abriga regímenes autoritarios.
Si bien haya expertos que dicen que Chile está polarizado desde 1989, en este momento los chilenos van a tener que escoger entre dos márgenes extremos que incita a muchas interrogantes, entre estas: ¿Qué pasó con sus antecesores, sobre todo con Bachelet y Piñera?
Michelle Bachelet fue la primera mujer en ocupar la Presidencia de Chile. Su pauta de gobierno apuntaba a reformas estructurales, pero perdió credibilidad y la confianza de los chilenos por haber sido involucrada en escándalos de corrupción. Su agenda incluyó temas como la despenalización del aborto, una nueva Constitución, educación gratuita, más acceso a las universidades públicas, contratación de más de 30 mil maestros. En el área laboral, impidió la sustitución de trabajadores en casos de huelga, fortaleció los sindicatos y exigió la participación de mujeres en sus direcciones, presentó una propuesta de reforma tributaria y de los fondos de pensiones, lo que creó una fuerte oposición.
Segmentos importantes de la sociedad chilena consideraron que muchas de esas propuestas se quedaron en el tintero. Otros creyeron que su gobierno había sido el más progresista de Chile en los últimos 50 años. No obstante, algunos analistas opinaron que Chile seguía siendo un paraíso neoliberal, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
En 2017, los medios internacionales indicaban a Piñera como el gran vencedor, no tanto por el legado de su primer mandato, sino por el desencanto de ciertos sectores de la población con el desempeño de la presidenta Bachelet y una marcada fragmentación de la izquierda.
La agenda de Piñera incluyó la revisión de algunos temas que desagradan a los conservadores: la ley del aborto, la propuesta del matrimonio igualitario, la ley laboral y no se notaba una disposición para cambiar la Constitución. Reforzó el control de las fronteras y se dispuso a ser más selectivos con los extranjeros que llegaban a Chile, ser más firme con los indígenas Mapuches y en sus sueños más ambiciosos deseaba transformar al país en la mayor potencia de la región.
Su propuesta encontró fuerte apoyo entre la élite, los militares y los sectores insatisfechos con la economía. El Chile de Piñera seguiría siendo un país abierto, con una economía anclada al precio del cobre, su principal fuente de exportación y lejano del imaginario latinoamericano.
Sin embargo, en 2019 la concertación fue sorprendida por la toma de las calles, utilizadas como espacio democrático para que los chilenos abrieran una verdadera Caja de Pandora y permitieron dar a conocer el profundo descontento de la sociedad chilena, poniendo en tela de juicio los dictamines de la escuela de Chicago que tanta preponderancia tuvo en el modelo económico del país.
Una protesta social dolorosa tomó las calles de Chile y puso en jaque el gobierno de Piñera. Había un anhelo colectivo de retirar de la historia de Chile el lastro simbólico y efectivo de la Dictadura de Augusto Pinochet: la Constitución aún vigente, una mejor distribución del poder, dar voz a los pueblos indígenas, desmilitarizar la Araucanía y regular las industrias de extracción como la forestal o la minera.
Por medio de un acuerdo entre los partidos políticos para contrarrestar la mayor crisis social vista en el Chile democrático, se somete a consideración del pueblo un plebiscito que decidiría si redactaban o no una nueva Constitución. Con 80% de los votos, ganó el sí.
Posteriormente, se realizó la selección de los constituyentes. Chile sorprendió gratamente. Se escogieron 155 representantes de forma equitativa, algo inédito. Entre los elegidos, se hicieron presentes 17 representantes de los pueblos indígenas. Todos escogidos por el pueblo para que, en un plazo de un año, entregaran al país una nueva Constitución
Este 4 de julio, las 78 mujeres y 77 hombres elegidos por el pueblo instalaron la Nueva Asamblea Constituyente para iniciar la elaboración de una Nueva Constitución. Lo que dejará atrás uno de los símbolos más evidentes de la Dictadura de Pinochet: la Carta Magna proclamada en 1980 que sigue vigente en Chile, para muchos, autoritaria y sectaria.
La nueva Asamblea Constituyente de Chile trajo esperanza a su pueblo y a la región. Sin embargo, en el avance de los comicios presidenciales, encontramos un alto número de abstinencia, casi 2 millones de chilenos no salieron a votar y una polarización extrema que, termina siendo un laboratorio que replica el escenario regional y mundial.
Sí los indicadores no cambian en la segunda vuelta, la población chilena podrá entregar el país en las manos de Kast, un legítimo representante de la extrema derecha que puede hacer que Chile retroceda en muchos aspectos, no avance en el proceso de la Asamblea Constituyente y que podrá traer a la región recuerdos sombríos.
*Profesora Universidad Externado de Colombia
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