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El domingo pasado los mexicanos salieron a votar Sí o No al contestar a la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La iniciativa es parte del repertorio de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ávido por enjuiciar a sus antecesores: Carlos Salinas de Gortari, acusado de “fraude electoral”; Ernesto Zedillo, “por apoyar a los banqueros durante la crisis económica de 1994”; Vicente Fox, “por reprimir protestas en Atenco una Comunidad del estado de México”; Felipe Calderón, “por la dolorosa guerra en contra del narcotráfico”, y Enrique Peña Nieto, “por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Conocida como “la consulta de los Expresidentes”, en muchos lugares de Ciudad de México se podía ver personas con máscaras de los exmandatarios, así como propagandas con el hashtag #JusticiaSíImpunidadNo.
En el trasfondo de la consulta, la pregunta es si los expresidentes acusados por actos de corrupción o de irrespeto a los derechos humanos deberían ser juzgados. Si bien esta consulta ha sido vista por muchos como “un asunto de interés público” y se enmarca en el artículo 53 de la Constitución de México, que se refiere a la Democracia Directa, ha dividido al país. Para algunos sería el inicio de un camino contra la impunidad y la inmunidad de personajes del escenario político. Para otros una farsa política, pues creen que la justicia debe ser puesta en marcha sin la necesidad de una consulta popular y para tantos otros, un gran día que fortalece los canales democráticos ya que será la primera consulta popular a nivel federal y contará con la participación de los organismos electorales y garantías jurídicas.
Sin embargo, nada es tan simple como parece: para que el resultado sea vinculante era necesario que el 40 % de los electores mexicanos votaran. No se logró, según anunciaban ayer las autoridades electorales.
Por más tentadora que sea la propuesta de AMLO y que denote una mayor participación popular en temas trascendentales, como es el combate a la corrupción y a la impunidad, que tanto han degastado a los políticos, a la política y a los partidos, era muy difícil que la consulta alcanzara a los 37 millones de electores para que fuera aprobada. Además, se dice que el presupuesto asignado para esta jornada electoral fue muy bajo. Sus críticos más contundentes afirman que sin la consulta popular, AMLO podría empezar a investigar a cualquiera de sus antecesores por medio de la Fiscalía.
Probablemente, la consulta podrá enviar un mensaje directo a los actores políticos que, en este momento, se desempeñan para que sean más cautos y responsables con el poder público y con todo lo que de él se desprende.
La consulta puede ser considerada un buen ejercicio de democracia participativa, pero la forma como fue planteada suscitó desconfianza.
Si la consulta no es vinculante, si no va a juzgar a nadie, la estrategia de AMLO sería un linchamiento mediático por medio de una consulta popular. Si la estrategia forma parte de su teatro político, puede ser que el hechizo se vuelva contra el hechicero.
* Profesora Universidad Externado de Colombia.