Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El sábado pasado fue el 8 de marzo (8M), un día para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y la equidad de oportunidades, pero también para pedirle cuentas a autoridades como la Fiscalía General de la Nación por no investigar la violencia de género.
El reciente 8 de marzo resonó con la fuerza de una lucha que, aunque ha ganado terreno, aún enfrenta obstáculos monumentales. En Bogotá, esta fecha nos invita a reflexionar sobre la persistencia de la violencia de género, especialmente en un espacio que debería ser sinónimo de bienestar y empoderamiento: el deporte.
Durante mi gestión al frente del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la realidad me confrontó con una verdad alarmante: la violencia sexual no es un fenómeno aislado, es una amenaza constante en el deporte bogotano. Instructores, entrenadores y figuras de autoridad, tanto en instituciones públicas como privadas, han cometido actos de violencia que vulneran la integridad de las mujeres.
Ante esta situación, impulsamos la estrategia “Mujeres en la Jugada”, un programa integral diseñado para prevenir la violencia de género y brindar apoyo a las víctimas. Creamos una ruta segura para la denuncia, asegurando que las mujeres encontraran respaldo y acompañamiento en su búsqueda de justicia. Los resultados fueron contundentes: de 8 denuncias en 2021, pasamos a 104 en 2023. Este incremento refleja, por un lado, la efectividad de la estrategia y, por otro, la valentía de las mujeres que decidieron romper el silencio y denunciar a sus agresores.
Sin embargo, la efectividad de nuestras acciones se estrelló con un muro infranqueable: la inacción de la Fiscalía General de la Nación (FGN). A pesar de haber entregado información detallada sobre 41 casos, la FGN no ha avanzado en ninguno de ellos. La respuesta que recibimos, amparándose en la reserva del sumario, resulta insuficiente y desalentadora.
Esta situación genera una profunda frustración, no solo en mí como exdirectora del IDRD, sino en las víctimas y sus familias, quienes depositaron su confianza en el sistema de justicia. La impunidad perpetúa el ciclo de violencia y permite que los agresores continúen representando un peligro para otras mujeres. Muchos de ellos, a pesar de haber sido retirados de sus cargos, pueden seguir ejerciendo en otros espacios deportivos, sin ningún tipo de control o restricción.
Es crucial entender que la violencia de género no se limita a los actos físicos. Se manifiesta también en el abuso de poder, la manipulación y la intimidación. En el deporte, donde la relación entre entrenador y deportista está marcada por la confianza y la autoridad, este tipo de violencia puede tener consecuencias devastadoras.
Por ello, hago un llamado urgente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que tome cartas en el asunto y priorice estas investigaciones. No podemos permitir que la violencia de género siga perjudicando la integridad de nuestras deportistas y truncando sus sueños. Es urgente que las víctimas reciban la justicia y la reparación que merecen, y que los agresores sean llevados ante la ley.
Bogotá merece un deporte seguro y libre de violencia. Como ciudad, tenemos la responsabilidad de garantizar que los espacios de recreación y actividad física sean entornos seguros y protectores para todas las mujeres. No podemos permitir que la inacción y la indiferencia generen impunidad y silencien las voces de las víctimas.
Invito a la ciudadanía a firmar esta petición dirigida a la Fiscalía General de la Nación para que los casos de Violencia de Género sean investigados con urgencia.
