En la audiencia pública llevada a cabo en el municipio de Cogua para escuchar a la ciudadanía en relación con la muy polémica licencia ambiental en trámite para un proyecto de extracción de gravas, múltiples fuerzas convergieron para rechazar de plano tal posibilidad. Las más genuinas, los jóvenes, preocupados por lo que les dicen que puede ocurrirle al río Neusa. Compusieron canciones, pintaron, actuaron y preguntaron a los funcionarios de la CAR en modo Greta si le harían “eso” a sus hijos, manifestando con pasión su amor por la tierra, la biodiversidad, el territorio. Estuvo toda la administración municipal, muy bien coordinada por la alcaldesa, otros alcaldes, funcionarios, organizaciones y finalmente la Corporación Terrae, que provee las bases técnicas del rechazo al proyecto, bajo la consideración de que afectará de manera letal la cuenca. La CAR tendrá la compleja responsabilidad de separar la paja del trigo, sabiendo que la presión política para no aprobar el proyecto es gigantesca.
El discurso que rodea el cuestionamiento al proyecto extractivo en Cogua y, se podría decir, a los del resto del país muestra el peso de los resultados de la mala minería, más visibles siempre que los de la mala agricultura (el río Neusa está lleno de heces y agroquímicos, por ejemplo), y con unos pasivos ambientales que aún no están cubiertos por ninguna política pública, tarea pendiente. Pero de ahí a suponer que un proyecto formal de extracción de grava en 60 hectáreas y por 15 años representa el apocalipsis, como gran parte de los contradictores afirma, hay un buen trecho: se notan de lejos las narrativas electoreras que revuelven todas las escalas y los argumentos y agradecen oportunidades tan sustanciosas como el linchamiento de una empresa colombiana, comparada con una monstruosa corporación multinacional, casi delincuencial, pese a que su propuesta se ubica en una zona donde la ley aprobó estas actividades, indispensables para proveer materiales de construcción a toda la Sabana de Bogotá. La profusión de falsas noticias fue alarmante, aunque también los temas técnicos fueron presentados de manera incomprensible para gran parte de la comunidad, enredando aún más las cosas.
Amaneceremos sin grava y veremos, porque ni el tren de cercanías, ni el metro ni las mismas reparaciones a la vía que lleva los turistas a la Cogua Verde, uno de los paisajes hispánicos más hermosos de la Sabana de Bogotá, se harán sin materiales de construcción, que por definición habrá que traer “de otro lado”, con emisiones de CO² mucho más altas y como si en ese “otro lado” no hubiese biodiversidad, comunidades ni impactos ambientales. El vecindario de la laguna de La Herrera, en Mosquera, sufre los resultados de haber sacado las canteras de los Cerros Orientales (había que hacerlo) y del pésimo manejo ambiental de un enclave ecológico único, que requerirá inversiones en restauración muy complejas y costosas.
Desplazar el problema no lo soluciona. Para algunos, ninguna minería es buena, así se haga dentro de los mejores parámetros de calidad (nunca exentos de incertidumbre), pero que serán el único mecanismo para conciliar los requerimientos de materia prima que no se pueden satisfacer con reciclaje. La medida más responsable con el futuro no es plantear la inviabilidad de las industrias extractivas, sino exigir mejores estándares y garantías, reconociendo una materialidad que hoy no parecen tener en cuenta muchos y que, a la larga, traerá también costos ambientales, incluso superiores a los que hoy se rechazan coyunturalmente.
En la audiencia pública llevada a cabo en el municipio de Cogua para escuchar a la ciudadanía en relación con la muy polémica licencia ambiental en trámite para un proyecto de extracción de gravas, múltiples fuerzas convergieron para rechazar de plano tal posibilidad. Las más genuinas, los jóvenes, preocupados por lo que les dicen que puede ocurrirle al río Neusa. Compusieron canciones, pintaron, actuaron y preguntaron a los funcionarios de la CAR en modo Greta si le harían “eso” a sus hijos, manifestando con pasión su amor por la tierra, la biodiversidad, el territorio. Estuvo toda la administración municipal, muy bien coordinada por la alcaldesa, otros alcaldes, funcionarios, organizaciones y finalmente la Corporación Terrae, que provee las bases técnicas del rechazo al proyecto, bajo la consideración de que afectará de manera letal la cuenca. La CAR tendrá la compleja responsabilidad de separar la paja del trigo, sabiendo que la presión política para no aprobar el proyecto es gigantesca.
El discurso que rodea el cuestionamiento al proyecto extractivo en Cogua y, se podría decir, a los del resto del país muestra el peso de los resultados de la mala minería, más visibles siempre que los de la mala agricultura (el río Neusa está lleno de heces y agroquímicos, por ejemplo), y con unos pasivos ambientales que aún no están cubiertos por ninguna política pública, tarea pendiente. Pero de ahí a suponer que un proyecto formal de extracción de grava en 60 hectáreas y por 15 años representa el apocalipsis, como gran parte de los contradictores afirma, hay un buen trecho: se notan de lejos las narrativas electoreras que revuelven todas las escalas y los argumentos y agradecen oportunidades tan sustanciosas como el linchamiento de una empresa colombiana, comparada con una monstruosa corporación multinacional, casi delincuencial, pese a que su propuesta se ubica en una zona donde la ley aprobó estas actividades, indispensables para proveer materiales de construcción a toda la Sabana de Bogotá. La profusión de falsas noticias fue alarmante, aunque también los temas técnicos fueron presentados de manera incomprensible para gran parte de la comunidad, enredando aún más las cosas.
Amaneceremos sin grava y veremos, porque ni el tren de cercanías, ni el metro ni las mismas reparaciones a la vía que lleva los turistas a la Cogua Verde, uno de los paisajes hispánicos más hermosos de la Sabana de Bogotá, se harán sin materiales de construcción, que por definición habrá que traer “de otro lado”, con emisiones de CO² mucho más altas y como si en ese “otro lado” no hubiese biodiversidad, comunidades ni impactos ambientales. El vecindario de la laguna de La Herrera, en Mosquera, sufre los resultados de haber sacado las canteras de los Cerros Orientales (había que hacerlo) y del pésimo manejo ambiental de un enclave ecológico único, que requerirá inversiones en restauración muy complejas y costosas.
Desplazar el problema no lo soluciona. Para algunos, ninguna minería es buena, así se haga dentro de los mejores parámetros de calidad (nunca exentos de incertidumbre), pero que serán el único mecanismo para conciliar los requerimientos de materia prima que no se pueden satisfacer con reciclaje. La medida más responsable con el futuro no es plantear la inviabilidad de las industrias extractivas, sino exigir mejores estándares y garantías, reconociendo una materialidad que hoy no parecen tener en cuenta muchos y que, a la larga, traerá también costos ambientales, incluso superiores a los que hoy se rechazan coyunturalmente.