Me recriminan afectuosamente algunos colegas que a menudo desestimo la capacidad de la sociedad civil de contribuir al cambio ambiental, invisibilizando el poder de las resistencias, las protestas y las luchas de las organizaciones sociales a favor de la justicia ambiental y la sostenibilidad. Me excuso si ello ha parecido así, porque estoy firmemente convencida de que las cualidades innovadoras de la institucionalidad colectiva, que emerge en medio de los conflictos de intereses propios de la condición humana, son una de las bases de la construcción de sostenibilidad, junto con la tecnología y el arte. Hay un camino recorrido y promisorio en la acción colectiva pacífica, que no dócil, de la sociedad civil.
La Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de La Macarena puso hace unos días a consideración el texto final de un manifiesto ecológico en el cual los colonos y campesinos se comprometen a controlar la deforestación, en un acuerdo que garantice ciertas condiciones de bienestar y convivencia. Los pequeños mineros de Vetas, Pisba y Rabanal, así como los agricultores de muchos páramos, también ofrecen su concurso para la restauración del ecosistema a cambio de no ser sacrificados o desplazados de su territorio. Las asociaciones de pescadores hoy defienden las ciénagas y los ríos de los cuales dependen, patrimonio de todos los colombianos por demás. Las Zonas de Reserva Campesina también proponen esquemas de gobernanza equivalentes a modelos cooperativos en otras regiones en las que asociaciones de productores rurales plantean estrategias de manejo del agua, el bosque, las semillas y la funcionalidad ecológica de la que dependen sus economías rurales y la contribución al bienestar urbano: no hay región donde no existan perspectivas de alternatividad, en algunos casos inspirada en la ancestralidad indígena, en la mayoría inventando nuevas identidades y modos de ser. Obviamente, ello no quiere decir que todas las iniciativas de la sociedad civil sean automáticamente benévolas, viables o eficaces.
El derecho al mínimo vital de agua, al uso sostenible de la biodiversidad, a producir y consumir comida sin agrotóxicos ni mercurio son debates sociales que emergen de la base y deberían ser rápidamente acogidos por las autoridades ambientales. La incomodidad y la crítica nunca pueden ser fuente de persecución o censura, mucho menos de violencia, un lamentable recurso al que muchas fuerzas asociadas con la corrupción apelan. En la instalación del Centro de Soluciones para el Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe, hecha en la Universidad de los Andes el viernes pasado por el presidente Duque y el director global de la iniciativa, Jeffrey Sachs, ambos reiteraron la necesidad de construir la sostenibilidad a partir de la acción concertada entre sociedad civil, el sector privado y las entidades del Estado, algo que requiere interpretar y afrontar adecuadamente todas las asimetrías que existen entre estos actores. Más participación, mejores acuerdos de gestión territorial, innovación social y tecnológica, adecuada financiación y reformas legales que dejen hacer, no que coarten la acción colectiva, serían la sustancia que el cumplimiento de los ODS requiere en el país.
Me recriminan afectuosamente algunos colegas que a menudo desestimo la capacidad de la sociedad civil de contribuir al cambio ambiental, invisibilizando el poder de las resistencias, las protestas y las luchas de las organizaciones sociales a favor de la justicia ambiental y la sostenibilidad. Me excuso si ello ha parecido así, porque estoy firmemente convencida de que las cualidades innovadoras de la institucionalidad colectiva, que emerge en medio de los conflictos de intereses propios de la condición humana, son una de las bases de la construcción de sostenibilidad, junto con la tecnología y el arte. Hay un camino recorrido y promisorio en la acción colectiva pacífica, que no dócil, de la sociedad civil.
La Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de La Macarena puso hace unos días a consideración el texto final de un manifiesto ecológico en el cual los colonos y campesinos se comprometen a controlar la deforestación, en un acuerdo que garantice ciertas condiciones de bienestar y convivencia. Los pequeños mineros de Vetas, Pisba y Rabanal, así como los agricultores de muchos páramos, también ofrecen su concurso para la restauración del ecosistema a cambio de no ser sacrificados o desplazados de su territorio. Las asociaciones de pescadores hoy defienden las ciénagas y los ríos de los cuales dependen, patrimonio de todos los colombianos por demás. Las Zonas de Reserva Campesina también proponen esquemas de gobernanza equivalentes a modelos cooperativos en otras regiones en las que asociaciones de productores rurales plantean estrategias de manejo del agua, el bosque, las semillas y la funcionalidad ecológica de la que dependen sus economías rurales y la contribución al bienestar urbano: no hay región donde no existan perspectivas de alternatividad, en algunos casos inspirada en la ancestralidad indígena, en la mayoría inventando nuevas identidades y modos de ser. Obviamente, ello no quiere decir que todas las iniciativas de la sociedad civil sean automáticamente benévolas, viables o eficaces.
El derecho al mínimo vital de agua, al uso sostenible de la biodiversidad, a producir y consumir comida sin agrotóxicos ni mercurio son debates sociales que emergen de la base y deberían ser rápidamente acogidos por las autoridades ambientales. La incomodidad y la crítica nunca pueden ser fuente de persecución o censura, mucho menos de violencia, un lamentable recurso al que muchas fuerzas asociadas con la corrupción apelan. En la instalación del Centro de Soluciones para el Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe, hecha en la Universidad de los Andes el viernes pasado por el presidente Duque y el director global de la iniciativa, Jeffrey Sachs, ambos reiteraron la necesidad de construir la sostenibilidad a partir de la acción concertada entre sociedad civil, el sector privado y las entidades del Estado, algo que requiere interpretar y afrontar adecuadamente todas las asimetrías que existen entre estos actores. Más participación, mejores acuerdos de gestión territorial, innovación social y tecnológica, adecuada financiación y reformas legales que dejen hacer, no que coarten la acción colectiva, serían la sustancia que el cumplimiento de los ODS requiere en el país.