Se viene la temporada de candela brava, y no me refiero a las elecciones ni al fútbol, sino a la consolidación del proyecto de deforestación criminal del piedemonte amazónico que se produce en temporada seca (enero a marzo) en las regiones selváticas del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.
Ya en la primera mitad del siglo XX llamaba Pérez Arbeláez “Don Candelario” al ministro de Agricultura por su promoción irresponsable del uso del fuego como mecanismo de apropiación de tierras de la Nación, una siniestra “incorporación al mercado de tierras baldías y ociosas”.
Esa cultura aún nos tiene en la picota global, junto con Indonesia, pero hoy no es el ministro quien la lidera, no faltaría más: hay una política ambiental de Estado contra la deforestación, pero no es tan claro cómo la Agencia Nacional de Tierras y autoridades como la Fiscalía están actuando contra un fenómeno que tiene nombres adheridos a los “puntos calientes” que el Ideam identifica y publica con regularidad y que, por ejemplo, muestran que San Vicente de Caguán o La Macarena son, en el posconflicto, tierras sin gobierno donde las parcelas de selva ya están vendidas a pesar de ser patrimonio público.
El sistema satelital MODIS, de acceso público, está detectando ahora mismo fuegos con áreas tan pequeñas como 250 m²: un asado campestre. Todos los institutos de investigación y monitoreo ambiental colombianos tienen esos datos y todas las ONG nacionales e internacionales. El público en general, si lo desea. Los gobiernos que nos donan recursos para conservación. La OECD. El papa. Los partidos políticos.
Y es que el Parque Chiribiquete, la joya de la corona, es parte de lo que está en juego. En sus linderos, así como ya dentro de la Serranía de La Macarena, se ferian tierras y no son pocas hectáreas, son centenares de miles. Igualmente en los alrededores de los “proyectos viales”, tengan o no licenciamiento ambiental, conecten o no asentamientos humanos. Lo importante es coger tierra. El detalle, es tierra de todos los colombianos y no puede entrar al mercado bajo ninguna circunstancia: la selva que se tire abajo o se queme debe ser la vacuna contra la titulación minera o petrolera.
Como contrapeso, es indispensable reconocer propiedad a las comunidades locales, siempre y cuando esta derive en actividades económicas forestales, como requiere la ley y como hacen todos los países del mundo que aprovechan sus recursos de manera sostenible: crédito forestal, asistencia técnica y construcción de cultura del bosque, en la cual nuestros indígenas son sabios. Y muchos excombatientes que, sabiendo lo que está en juego, serían estupendos consejeros en este proceso de reconstrucción de la gobernanza forestal.
Si es factible adelantar brillantes acciones contra el Clan del Golfo, mucho más complejas en términos de inteligencia, se hará difícil entender la ausencia de una acción decidida de los entes de control a las empresas de deforestación criminal. En Brasil, el Ejército y la Fiscalía se decidieron a actuar y vimos fotografías de los acaparadores de tierra, responsables de la quemazón, juzgados y tras las rejas: se puede. Las mafias del presente no pueden construir al hambre del mañana.
* Directora general, Instituto Humboldt.
Se viene la temporada de candela brava, y no me refiero a las elecciones ni al fútbol, sino a la consolidación del proyecto de deforestación criminal del piedemonte amazónico que se produce en temporada seca (enero a marzo) en las regiones selváticas del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.
Ya en la primera mitad del siglo XX llamaba Pérez Arbeláez “Don Candelario” al ministro de Agricultura por su promoción irresponsable del uso del fuego como mecanismo de apropiación de tierras de la Nación, una siniestra “incorporación al mercado de tierras baldías y ociosas”.
Esa cultura aún nos tiene en la picota global, junto con Indonesia, pero hoy no es el ministro quien la lidera, no faltaría más: hay una política ambiental de Estado contra la deforestación, pero no es tan claro cómo la Agencia Nacional de Tierras y autoridades como la Fiscalía están actuando contra un fenómeno que tiene nombres adheridos a los “puntos calientes” que el Ideam identifica y publica con regularidad y que, por ejemplo, muestran que San Vicente de Caguán o La Macarena son, en el posconflicto, tierras sin gobierno donde las parcelas de selva ya están vendidas a pesar de ser patrimonio público.
El sistema satelital MODIS, de acceso público, está detectando ahora mismo fuegos con áreas tan pequeñas como 250 m²: un asado campestre. Todos los institutos de investigación y monitoreo ambiental colombianos tienen esos datos y todas las ONG nacionales e internacionales. El público en general, si lo desea. Los gobiernos que nos donan recursos para conservación. La OECD. El papa. Los partidos políticos.
Y es que el Parque Chiribiquete, la joya de la corona, es parte de lo que está en juego. En sus linderos, así como ya dentro de la Serranía de La Macarena, se ferian tierras y no son pocas hectáreas, son centenares de miles. Igualmente en los alrededores de los “proyectos viales”, tengan o no licenciamiento ambiental, conecten o no asentamientos humanos. Lo importante es coger tierra. El detalle, es tierra de todos los colombianos y no puede entrar al mercado bajo ninguna circunstancia: la selva que se tire abajo o se queme debe ser la vacuna contra la titulación minera o petrolera.
Como contrapeso, es indispensable reconocer propiedad a las comunidades locales, siempre y cuando esta derive en actividades económicas forestales, como requiere la ley y como hacen todos los países del mundo que aprovechan sus recursos de manera sostenible: crédito forestal, asistencia técnica y construcción de cultura del bosque, en la cual nuestros indígenas son sabios. Y muchos excombatientes que, sabiendo lo que está en juego, serían estupendos consejeros en este proceso de reconstrucción de la gobernanza forestal.
Si es factible adelantar brillantes acciones contra el Clan del Golfo, mucho más complejas en términos de inteligencia, se hará difícil entender la ausencia de una acción decidida de los entes de control a las empresas de deforestación criminal. En Brasil, el Ejército y la Fiscalía se decidieron a actuar y vimos fotografías de los acaparadores de tierra, responsables de la quemazón, juzgados y tras las rejas: se puede. Las mafias del presente no pueden construir al hambre del mañana.
* Directora general, Instituto Humboldt.