Los incendios forestales son desastres causados por personas. La tala y quema como mecanismo de adecuación de tierras para cultivos solo está permitido en Colombia como parte de los sistemas productivos de los pueblos indígenas, quienes lo han practicado de manera ancestral y garantizan la reincorporación de las áreas utilizadas a los ecosistemas silvestres mediante el manejo de la sucesión espontánea de la vegetación. Tradicionalmente, esa recuperación incluye el enriquecimiento del predio con árboles específicos de interés futuro: los pueblos amazónicos recuerdan con precisión dónde han sembrado coca, yuca o piña y vuelto a dejar crecer el monte por décadas. El resultado acumulado es una selva milenaria cultivada, todo lo contrario a lo que hacemos en el resto del territorio.
Ahora que sabemos con precisión cuántos bosques han sido destruidos, cuándo y dónde sus tierras se han apropiado ilegalmente, hay que actuar en consecuencia. No podemos hacernos los de la vista gorda con la tierra quemada y arrasada, así en algunos casos las instituciones no tengan la capacidad de intervenir para volver a gobernarla. Muchos países tienen regímenes especiales de manejo para las áreas públicas destruidas por terceros, ya que se trata de un mecanismo conocido de apropiación ilegal del patrimonio colectivo: España y Argentina, por ejemplo, tienen restricciones muy severas al cambio de uso del suelo quemado hasta tanto no se haya logrado su recuperación.
Las estadísticas oficiales de deforestación son bien conocidas. El Ideam tiene instaladas hace ya buen tiempo todas las capacidades para hacer reportes regulares del estado de los bosques y para emitir alertas “tempranas” para prevenir la ocurrencia del fenómeno. Cualquier persona u organización con acceso a imágenes satelitales puede replicar la metodología o desarrollar alguna más sofisticada que incluya análisis de fenómenos asociados invisibles, y puede publicar sus datos sin tener que pedir permiso a nadie, contrario a lo que sucede con las entidades oficiales, que se tardan mientras los gobiernos ensamblan las narrativas con las que hay que explicar políticamente lo que sucede. Los satélites nos dicen que una vez consolidada la destrucción del bosque o del humedal, llegan vacas, cultivos, gente, infraestructura y, como por arte de magia, se asientan en los predios arrasados y se quedan allí, como los famosos tierreros que aún rellenan lagunas día tras día con el padrinazgo de funcionarios corruptos pagados para no ver y dejar pasar.
¿Cuál es el régimen de manejo de más de dos millones de hectáreas de tierra con bosques perdidos en Colombia este siglo? ¿Cuál es su uso actual? ¿Quién los maneja? ¿Cuál es el estatuto de propiedad vigente de las tierras arrasadas, siguen siendo baldíos? ¿Qué notarías legitimaron el robo, en caso de que se haya consolidado? ¿Qué empresas, cadenas productivas o comunidades acabaron apropiándose de las selvas? ¿Qué han hecho los entes de control, las CAR, para garantizar que las tierras arrasadas tengan oportunidad de recuperarse y retornar a la nación? ¿Quiénes son los funcionarios (ir)responsables?
Necesitamos claridad acerca del estatuto de la apropiación ilegal de baldíos en Colombia, no solo los de extinción de narcodominio, y medidas que garanticen la restitución ecológica de los predios para el bienestar de tod@s. La ANT podría hacer un buen informe anual al respecto, en conjunto con el Ideam, el IGAC y los institutos del SINA; toca es ponerlos a trabajar en conjunto.
Los incendios forestales son desastres causados por personas. La tala y quema como mecanismo de adecuación de tierras para cultivos solo está permitido en Colombia como parte de los sistemas productivos de los pueblos indígenas, quienes lo han practicado de manera ancestral y garantizan la reincorporación de las áreas utilizadas a los ecosistemas silvestres mediante el manejo de la sucesión espontánea de la vegetación. Tradicionalmente, esa recuperación incluye el enriquecimiento del predio con árboles específicos de interés futuro: los pueblos amazónicos recuerdan con precisión dónde han sembrado coca, yuca o piña y vuelto a dejar crecer el monte por décadas. El resultado acumulado es una selva milenaria cultivada, todo lo contrario a lo que hacemos en el resto del territorio.
Ahora que sabemos con precisión cuántos bosques han sido destruidos, cuándo y dónde sus tierras se han apropiado ilegalmente, hay que actuar en consecuencia. No podemos hacernos los de la vista gorda con la tierra quemada y arrasada, así en algunos casos las instituciones no tengan la capacidad de intervenir para volver a gobernarla. Muchos países tienen regímenes especiales de manejo para las áreas públicas destruidas por terceros, ya que se trata de un mecanismo conocido de apropiación ilegal del patrimonio colectivo: España y Argentina, por ejemplo, tienen restricciones muy severas al cambio de uso del suelo quemado hasta tanto no se haya logrado su recuperación.
Las estadísticas oficiales de deforestación son bien conocidas. El Ideam tiene instaladas hace ya buen tiempo todas las capacidades para hacer reportes regulares del estado de los bosques y para emitir alertas “tempranas” para prevenir la ocurrencia del fenómeno. Cualquier persona u organización con acceso a imágenes satelitales puede replicar la metodología o desarrollar alguna más sofisticada que incluya análisis de fenómenos asociados invisibles, y puede publicar sus datos sin tener que pedir permiso a nadie, contrario a lo que sucede con las entidades oficiales, que se tardan mientras los gobiernos ensamblan las narrativas con las que hay que explicar políticamente lo que sucede. Los satélites nos dicen que una vez consolidada la destrucción del bosque o del humedal, llegan vacas, cultivos, gente, infraestructura y, como por arte de magia, se asientan en los predios arrasados y se quedan allí, como los famosos tierreros que aún rellenan lagunas día tras día con el padrinazgo de funcionarios corruptos pagados para no ver y dejar pasar.
¿Cuál es el régimen de manejo de más de dos millones de hectáreas de tierra con bosques perdidos en Colombia este siglo? ¿Cuál es su uso actual? ¿Quién los maneja? ¿Cuál es el estatuto de propiedad vigente de las tierras arrasadas, siguen siendo baldíos? ¿Qué notarías legitimaron el robo, en caso de que se haya consolidado? ¿Qué empresas, cadenas productivas o comunidades acabaron apropiándose de las selvas? ¿Qué han hecho los entes de control, las CAR, para garantizar que las tierras arrasadas tengan oportunidad de recuperarse y retornar a la nación? ¿Quiénes son los funcionarios (ir)responsables?
Necesitamos claridad acerca del estatuto de la apropiación ilegal de baldíos en Colombia, no solo los de extinción de narcodominio, y medidas que garanticen la restitución ecológica de los predios para el bienestar de tod@s. La ANT podría hacer un buen informe anual al respecto, en conjunto con el Ideam, el IGAC y los institutos del SINA; toca es ponerlos a trabajar en conjunto.