El informe de la Comisión de la Verdad (CEV) se centra en los últimos 25 a 30 años, evitando discutir convenientemente la injerencia de Cuba y la URSS en las guerrillas. Además, hace poco énfasis en la sistematicidad de las acciones de las FARC sobre las víctimas, atribuyendo la mayor responsabilidad al Estado, la sociedad civil y las familias. Esta narrativa donde las víctimas se vuelven objeto y que exculpa a gran parte de los victimarios le permite plantear 101 “recomendaciones”, que en buena parte parecen una agenda política coincidente con la del Gobierno actual.
Citemos solo algunas: construir la paz si se implementa el Acuerdo Final de Paz y se adelantan negociaciones con grupos armados ilegales y con el ELN. Frente a economías ilegales, se centra en narcotráfico, minimizando las demás, planteando “superar el prohibicionismo”, enfocarse “exclusivamente en prevención y atención”, “dejar de ver esto como un problema de seguridad nacional”, insistir en el fracasado PNIS (sustitución de cultivos), desmilitarizar la acción del Estado contra el narcotráfico, prohibir totalmente la aspersión y diseñar una política de sometimiento de organizaciones criminales que incluya incentivos judiciales y de saneamiento de bienes para mantener los beneficios.
Sin hablar de las purgas internas que en la UP llevaron a buena parte de su extinción (los Perestroikos) el “Estado debe reconocer su responsabilidad en el genocidio de la UP”.Sin mencionar las actuaciones delictivas de los manifestantes, propone evitar el uso del sistema penal, acciones policiacas, intervención militar y otras normativas como mecanismos de contención de disturbios, enfocarse en las graves violaciones de DD. HH., acusando de responsabilidad a la Policía Nacional, y eliminar o reformar el ESMAD.
También: “Cambiar el mecanismo de elección del fiscal general”. “Garantizar el direccionamiento civil sobre las Fuerzas Militares, Policía y organismos de inteligencia”, y para esto “separar la Policía del Ministerio de Defensa y ajustar su arquitectura institucional”. “Reconocer las guardias comunitarias indígenas, cimarronas y campesinas como mecanismos autónomos de convivencia”. “Adelantar procesos agrarios comprando, recuperando o extinguiendo el dominio de predios rurales, para adjudicarlos a pobladores sin tierra o tierra insuficiente”. “Aprobar todas las solicitudes de zonas de reserva campesina”.
En procesos de megaminería e hidrocarburos, “ajustar los conceptos de régimen de utilidad pública, como interés nacional y estratégico para garantizar participación efectiva de las comunidades y autoridades territoriales en las decisiones”. Ajustes normativos para “prevenir, mitigar y reparar las violaciones de derechos humanos y ambientales relacionadas con las actividades empresariales y de negocios”, e incluir adaptaciones didácticas sobre el informe final de la CEV.
No satisfechos con el Acuerdo de Paz, negado por el pueblo pero incluido en el bloque constitucional, la CEV nos plantea 101 “recomendaciones” que en su mayoría no tienen ninguna relación con los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y tampoco crean condiciones eficaces para la no repetición, generando una agenda política que no aporta a la paz.
El informe de la Comisión de la Verdad (CEV) se centra en los últimos 25 a 30 años, evitando discutir convenientemente la injerencia de Cuba y la URSS en las guerrillas. Además, hace poco énfasis en la sistematicidad de las acciones de las FARC sobre las víctimas, atribuyendo la mayor responsabilidad al Estado, la sociedad civil y las familias. Esta narrativa donde las víctimas se vuelven objeto y que exculpa a gran parte de los victimarios le permite plantear 101 “recomendaciones”, que en buena parte parecen una agenda política coincidente con la del Gobierno actual.
Citemos solo algunas: construir la paz si se implementa el Acuerdo Final de Paz y se adelantan negociaciones con grupos armados ilegales y con el ELN. Frente a economías ilegales, se centra en narcotráfico, minimizando las demás, planteando “superar el prohibicionismo”, enfocarse “exclusivamente en prevención y atención”, “dejar de ver esto como un problema de seguridad nacional”, insistir en el fracasado PNIS (sustitución de cultivos), desmilitarizar la acción del Estado contra el narcotráfico, prohibir totalmente la aspersión y diseñar una política de sometimiento de organizaciones criminales que incluya incentivos judiciales y de saneamiento de bienes para mantener los beneficios.
Sin hablar de las purgas internas que en la UP llevaron a buena parte de su extinción (los Perestroikos) el “Estado debe reconocer su responsabilidad en el genocidio de la UP”.Sin mencionar las actuaciones delictivas de los manifestantes, propone evitar el uso del sistema penal, acciones policiacas, intervención militar y otras normativas como mecanismos de contención de disturbios, enfocarse en las graves violaciones de DD. HH., acusando de responsabilidad a la Policía Nacional, y eliminar o reformar el ESMAD.
También: “Cambiar el mecanismo de elección del fiscal general”. “Garantizar el direccionamiento civil sobre las Fuerzas Militares, Policía y organismos de inteligencia”, y para esto “separar la Policía del Ministerio de Defensa y ajustar su arquitectura institucional”. “Reconocer las guardias comunitarias indígenas, cimarronas y campesinas como mecanismos autónomos de convivencia”. “Adelantar procesos agrarios comprando, recuperando o extinguiendo el dominio de predios rurales, para adjudicarlos a pobladores sin tierra o tierra insuficiente”. “Aprobar todas las solicitudes de zonas de reserva campesina”.
En procesos de megaminería e hidrocarburos, “ajustar los conceptos de régimen de utilidad pública, como interés nacional y estratégico para garantizar participación efectiva de las comunidades y autoridades territoriales en las decisiones”. Ajustes normativos para “prevenir, mitigar y reparar las violaciones de derechos humanos y ambientales relacionadas con las actividades empresariales y de negocios”, e incluir adaptaciones didácticas sobre el informe final de la CEV.
No satisfechos con el Acuerdo de Paz, negado por el pueblo pero incluido en el bloque constitucional, la CEV nos plantea 101 “recomendaciones” que en su mayoría no tienen ninguna relación con los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y tampoco crean condiciones eficaces para la no repetición, generando una agenda política que no aporta a la paz.