Las cortes colombianas son pilar fundamental de la defensa del Estado de Derecho; realizan el control necesario en una democracia amenazada hoy por presiones autocráticas. A pesar de sucesos como el cartel de la toga y las decisiones en las que pocos magistrados instrumentalizando la justicia con fines políticos en la Corte Suprema de Justicia, esta corte y especialmente la Constitucional y el Consejo de Estado son verdaderos pilares de la democracia. Cuentan con personas de las más altas calidades y sus decisiones están sujetas a la Constitución y a las leyes.
Un análisis sereno de la Corte Constitucional evidencia su compromiso histórico con los grandes avances sociales en temas de derechos de comunidades indígenas, mujeres e igualdad de género, ambientales, libertad de expresión, entre otros en los que, con independencia y probidad, ha sido garante de la defensa de nuestra Constitución. Pero en el gobierno “del cambio”, que quiere hacer las cosas a su manera, saltándose las normas, el cumplimiento legal se considera una incómoda talanquera. Y es ahí donde sus defensores de oficio tratan de hacerle chu chu chu a dicha Corte, estigmatizándola con el bajo argumento de que está plegada para la defensa a los ricos, tal como lo expuso Rodrigo Uprimny en El Espectador el pasado domingo. Ahora, la nueva argumentación es que, si una iniciativa es atractiva o tiene lógica social, debe ser aprobada independientemente de cómo fue su trámite o su contenido. Estos fines justifican los medios, que se salten los procedimientos. En la prohibición de deducibilidad de regalías no importaba la argumentación: la causa “loable” era sacarles a la brava y de forma ilegal a las industrias extractivas seis billones anuales.
La reforma del 2022, con la equivocada no deducibilidad de regalías, gravaba con impuestos algo que iba directo al Estado, gran error técnico corregido por la Corte. Pero el asunto es más grave. La reforma pensional, con muchos puntos positivos y otros muy discutibles, fue aprobada por la presión del Gobierno a pesar de los gritos de la oposición mostrando los múltiples vicios de procedimiento que claramente la hacían ilegal. Entonces la Corte Constitucional tendrá que validar una ilegalidad (poco probable) o evidenciar el yerro y declarar inconstitucional. Esto, sumado al plan terrorista encontrado y las chuzadas a los magistrados, va creando un CHU CHU CHU frente a la Corte que es uno de los pocos contrapesos vigentes que tenemos. La lógica del Gobierno pareciera ser “hago lo que quiera así sea ilegal, saltándome las instituciones que juré defender. Si pasa, bien; de lo contrario, son las instituciones plegadas a los ricos y poderosos que no dejan que las iniciativas sociales salgan adelante”. Recordemos que existe un pool de abogados de Dejusticia, organización financiada por Soros a traves de la Open Society Foundation, que también financia iniciativas del Foro de São Paulo, como la Corporación Justicia y Democracia fundada por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que presionan por las supuestas causas sociales. La verdadera justicia social se construye creando oportunidades, especialmente laborales de calidad para todos, con un sector privado grande y fuerte, pero no deconstruyéndolo ni estigmatizando a las Cortes, y menos con una burocracia chupoptera.