Nuestro conflicto de 60 años y millones de víctimas surgió por motivaciones políticas a raíz de carencias sociales, entre otras causas. Esto cambió hace 40 años con la entrada del dinero de actividades ilícitas. Las motivaciones iniciales dieron paso a la codicia que produce una renta inmensa fruto de la cadena de dichas actividades, y a la par lentamente fuimos avanzado en lo social. Hoy tenemos narcotráfico, minería ilegal, secuestro, reclutamiento de menores, extorsión, trata de personas, contrabando, corrupción, captura de la contratación estatal, despojo de tierras y lavado de dinero; actividades que sobrepasan el aparato judicial y policial. Este dinero ha permitido adquirir mejores armas que las del extinto monopolio del Estado, ganar control territorial, someter a la población que dicen defender, comprar políticos y amedrentar a la sociedad.
A raíz de las concesiones de Santos en 2013 a las FARC, estamos presenciando una criminalidad sin precedentes con el Clan del Golfo, ELN, EMC, Nueva Marquetalia, etc. Los mismos traquetos con diferente letrero organizados en narcorrepubliquetas, con dinero de sobra para comprar vehículos y apartamentos de lujo, negocios, fincas, ganado, oro y abrir cuentas en el exterior, manejando gigantescas sumas de dinero en efectivo, en medio de una guerra que ahoga a la población y que creemos poder terminar con colectivos, marchas, pronunciamientos, protestas y acuerdos en nombre de la paz, como el fallido con las FARC que dio origen a las disidencias, pasando por alto que el verdadero problema es la codicia por las rentas inmensas que el Gobierno deja pasar con vergonzosa complicidad. Una parte sustancial de estos dineros circulan en efectivo y el Estado mira para otro lado, salvando la cara con pocos límites a transacciones en efectivo en el sistema bancario, pero nada impide que compras de fincas, vehículos de lujo y demás no se puedan hacer en efectivo y no se exige prueba de la transacción financiera que muestre trazabilidad. ¿El sector financiero está informando a la UIAF dónde se transan esos negocios? ¿Y la UIAF está averiguando cuáles son las cadenas de lavado y testaferrato?
En 2017, la Fiscalía encontró bienes de las FARC por más de US$10 billones, información que le fue suministrada a la JEP, que, centrada especialmente en cobijar a las FARC con la impunidad de los macrocasos e individualizar militares, no investiga estas rentas criminales, facilitando de facto su lavado. La lucha contra estas rentas debería enfocarse en identificar, capturar y facilitar la liquidación de todos los activos de origen ilícito, así sea con fuertes descuentos, en plazos muy cortos y asumiendo el mínimo riesgo de eventuales errores. La acumulación de miles de bienes en la SAE demuestra el fracaso de este proceso de liquidación. La facilidad de los corruptos para transar evidencia el fracaso de los límites a las operaciones en efectivo.
Podemos seguir en innumerables procesos de paz, destinados a que la izquierda antidemocrática capture la agenda de cambios que no logra en democracia, pero si hacemos caso omiso de la raíz del problema Colombia no será viable. Debemos hacer un esfuerzo heroico para acabar con estas rentas y dejar de ser un paraíso lavador.