Con el cuento de que “no entendemos que esto cambió”, sumado a una falsa narrativa de que llevamos 200 años fracasados, el nuevo Gobierno está siendo incapaz de construir sobre lo construido, optando por generar expectativas no avaladas por estudios ni evidencias. Piensa que el discurso basta, como en el caso de la salud: a pesar del buen sistema que tenemos, constatado en los indicadores mundiales, quiere cambiarlo, con el argumento de que es de los peores, para implementar temas que el sistema actual permite, como el énfasis en la prevención, descongestión de urgencias con atención básica, generación de mecanismos de pago más directos a IPS, etc. Pero lo más grave sería destruir el sistema de financiamiento de la demanda —hoy fundamentando en reconocer por cada ciudadano una Unidad de Pago por Capitación, que permite a toda Colombia el acceso a la salud—, para volver al desastroso pasado de un Estado discrecional, financiando la oferta, donde el político de turno define qué IPS reciben el dinero, generando más corrupción y profundas distorsiones.
En educación, especialmente en la básica y media, tenemos un financiamiento fundamentalmente de la oferta, con recursos generalmente del situado fiscal. Colegios y universidades públicas reciben dineros que en parte son fruto de la presión que ejercen vía paros y protestas, creando un sistema donde la formación básica y media está capturada por Fecode, que muestra total indiferencia (ninguna responsabilidad) por los pésimos resultados académicos logrados. Este sistema se asemeja a una ruleta rusa, porque los padres de familia matriculan a sus hijos en un colegio y es un golpe de suerte que les toque un buen maestro. Generalmente no lo es y redunda en jóvenes a quienes la falta de preparación les niega movilidad social. Eso, sumado a los pocos conocimientos impartidos y a la ausencia de análisis y crítica no desarrollados durante la escolaridad, los hace presa fácil de la ideologización y terminan sumidos en el descontento, sin ver una realidad más allá que la impuesta por Fecode. Si las familias que están en Sisbén IV tuvieran una especie de pago por capitación, un bono educativo para usar en instituciones públicas o privadas de su elección, y pudieran contar con la información del ranking de la institución educativa y cuáles profesores logran realmente progresos con los estudiantes, tendríamos una verdadera transformación educativa.
A nivel universitario es igual. Nuestro sistema financia principalmente la oferta que privilegia a las cinco grandes universidades públicas, con algunos profesores que ganan $50 millones mensuales a costa del resto de las universidades públicas, y ni hablar de los tecnológicos. Una UPC educativa, orientada socialmente, usando Sisbén IV y decisiones informadas, permitiría que el profundo desequilibrio existente en las regiones vaya desapareciendo y que la formación por competencias —vs. titulitis— tome el rol que le toca, generando profesionales que aporten al desarrollo nacional y no titulados frustrados porque no encuentran trabajo. La discusión de financiar la oferta o impulsar sustancialmente el financiamiento de la demanda es central a muchos temas, si queremos equidad.