Glifosato y cómo bloquear al Estado

La decisión de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional (ponencia de la Dra. Cristina Pardo S.), por sus implicaciones en territorios controlados por el narcotráfico, prácticamente elimina la posibilidad de fumigar con glifosato. Debemos repasar las decisiones de los responsables de que esta actividad se convirtiera en un verdadero problema de seguridad nacional, con miles de víctimas, corrupción, reclutamiento de niños, asesinato de líderes sociales y de fuerza pública, así como control del territorio por narcogrupos armados, algunos con una pseudodisculpa ideológica.

Lo primero es rechazar la afirmación de sectores afines en el sentido de que la lucha fracasó y por eso se requiere legalizar. FALSO. En el 2013 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) mostró que estábamos en 47.790 ha. A ese ritmo y con voluntad política, en menos de cuatro años habríamos erradicado estos cultivos. Pero el 2 de diciembre de 2013 las Farc hicieron sus “propuestas mínimas” para pactar lo concerniente a las drogas ilícitas, dentro de las cuales estaba: “5. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas”. Acuciosamente, Santos, en su camino a la “paz” y al Premio Nobel, obedeció y/o pactó. Con el minsalud de turno, Alejandro Gaviria, presentó un informe que planteó que el glifosato es “potencialmente cancerígeno”, desconociendo centenares de estudios en contrario. Nada vale considerar que en el riesgo de cáncer, la frecuencia y el grado de exposición al tóxico son variables fundamentales y que en la aspersión aérea se aplican menos de 15 l/ha/año vs. procesar 1 ha/año de coca no asperjada, que requiere más de 3.000 litros de sopa tóxica de cemento, gasolina, ácido sulfúrico, clorhídrico y permanganato de potasio, que vierten a los ríos.

En mayo del 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes prohibió la aspersión. Además, se desmontaron los grupos de erradicación, pasando de 100 a 23 para junio del 2018, y se generaron territorios vedados para la fuerza pública como el Catatumbo (paro agrario del 2013) e incentivos económicos (PNIS) que promovieron nuevas siembras, etc. Resultado: se multiplicó por más de cinco veces la producción de coca. El presidente Duque no solo encontró un mar de coca, sino que la institucionalidad para combatirla estaba prácticamente desmontada. Sin embargo, en la Sentencia T236/17 la Corte planteó seis condiciones para reanudar la aspersión y, a pesar de su difícil implementación, el Gobierno estaba en camino, cumpliendo los requerimientos de no asperjar en poblaciones, cuerpos de agua, resguardos y parques nacionales, centrándose en grandes cultivos industriales y alejados.

Pero llega esta nueva sentencia de la Sala de Revisión de la Corte, que exige, entre otros, consulta previa en territorios con narcocontrol fortalecido, donde evidentemente serán los narcotraficantes quienes decidirán las consultas a favor de sus intereses. Resulta paradójico que la misma Corte declare vulneración masiva de seguridad de los ex-Farc, la cual es el resultado de condiciones que ella misma con sus decisiones ha ayudado a crear, pues es un hecho público y notorio que tanto los asesinatos de líderes sociales como de ex-Farc tienen que ver con el control territorial de la coca y sus rutas de exportación.