El excelente trabajo presentado por la Misión de Empleo (MDE) dirigida por el Dr. Levy explica por qué el tema del empleo en Colombia está mal. Un breve resumen de las conclusiones se presenta a continuación.
La MDE comienza afirmando que “el mercado laboral en Colombia funciona muy mal. La mayoría de los trabajadores recibe una protección social insuficiente, tienen empleos precarios con pocas posibilidades de mejora en la carrera laboral (...) esta disfuncionalidad genera exclusión social, castiga el crecimiento y la productividad y genera tasas de desempleo persistentemente altas”. Manifiesta que “las causas tienen que ver cómo están estructurados los incentivos de la protección social, cómo se financian, la calidad y reglas de acceso a los beneficios. Deficiencias en los mecanismos para proteger al trabajador contra el despido, un salario mínimo muy alto relativo a la distribución salarial, un sistema de formación para el trabajo que no conecta las demandas del sector productivo y debilidad de mecanismos de fiscalización e impartición de justicia laboral”. “Esta situación es producto de un proceso de reformas desconectadas que no han logrado consistencia que permita lograr eficiencia, universalidad y solidaridad establecidos en la constitución. Por tanto, se requiere una visión que amplíe y mejore la protección social en un contexto de un mercado menos segmentado, que favorezca la productividad, y que se diseñen las reformas que permitan alcanzar esta visión”.
El estudio retrata un sector productivo donde hay cerca de 7,2 millones de empresas, de la cuales siete millones son familiares y microempresas, con menos de tres trabajadores. Esta gran masa micro poco crédito recibe, su formación para el trabajo es mínima, y NO puede asumir las cargas regulatorias, laborales y de seguridad social de un régimen desarticulado y normativamente asfixiante, todo lo cual las condena a una permanente informalidad y mínimas ganancias en productividad.
Por otro lado, quedan solo 153.000 empresas de cuatro a diez trabajadores formales y 72.000 de más de 11. Esto evidencia que Colombia tiene MUY POCAS EMPRESAS medianas y grandes y más del 60 % de la fuerza laboral está en empresas de menos de cinco trabajadores.
RESULTADO: alto desempleo, 62 % informales, 51 % gana menos del mínimo, los formales se concentran en los deciles más altos, alto cuentapropismo y alta proporción de los trabajadores en empresas pequeñas. Si a esto le sumamos una alta rotación laboral en la que el 72 % de los asalariados y por cuenta propia tienen menos de un año en el trabajo, estos trabajadores se quedan sin acceso a la seguridad social y tienen pocas posibilidades de aprendizaje. Desde la Constitución del 91 hemos tenido cerca de 100 leyes, decretos, sentencias, etc., que coexisten con diversos ordenamientos jurídicos (CST, Ley 100, Códigos y otros) y que crean complejidad y están desarticulados. La resultante es que trabajadores con características similares tienen trato diferenciado de ley según el estatus laboral, creando un sistema complejo que genera diferencias entre el trabajador por cuenta propia y el dependiente, incentiva el arbitraje y dificulta la fiscalización. Se necesitan acuerdos nacionales para reformar integralmente toda esta discriminatoria colcha de retazos.
El excelente trabajo presentado por la Misión de Empleo (MDE) dirigida por el Dr. Levy explica por qué el tema del empleo en Colombia está mal. Un breve resumen de las conclusiones se presenta a continuación.
La MDE comienza afirmando que “el mercado laboral en Colombia funciona muy mal. La mayoría de los trabajadores recibe una protección social insuficiente, tienen empleos precarios con pocas posibilidades de mejora en la carrera laboral (...) esta disfuncionalidad genera exclusión social, castiga el crecimiento y la productividad y genera tasas de desempleo persistentemente altas”. Manifiesta que “las causas tienen que ver cómo están estructurados los incentivos de la protección social, cómo se financian, la calidad y reglas de acceso a los beneficios. Deficiencias en los mecanismos para proteger al trabajador contra el despido, un salario mínimo muy alto relativo a la distribución salarial, un sistema de formación para el trabajo que no conecta las demandas del sector productivo y debilidad de mecanismos de fiscalización e impartición de justicia laboral”. “Esta situación es producto de un proceso de reformas desconectadas que no han logrado consistencia que permita lograr eficiencia, universalidad y solidaridad establecidos en la constitución. Por tanto, se requiere una visión que amplíe y mejore la protección social en un contexto de un mercado menos segmentado, que favorezca la productividad, y que se diseñen las reformas que permitan alcanzar esta visión”.
El estudio retrata un sector productivo donde hay cerca de 7,2 millones de empresas, de la cuales siete millones son familiares y microempresas, con menos de tres trabajadores. Esta gran masa micro poco crédito recibe, su formación para el trabajo es mínima, y NO puede asumir las cargas regulatorias, laborales y de seguridad social de un régimen desarticulado y normativamente asfixiante, todo lo cual las condena a una permanente informalidad y mínimas ganancias en productividad.
Por otro lado, quedan solo 153.000 empresas de cuatro a diez trabajadores formales y 72.000 de más de 11. Esto evidencia que Colombia tiene MUY POCAS EMPRESAS medianas y grandes y más del 60 % de la fuerza laboral está en empresas de menos de cinco trabajadores.
RESULTADO: alto desempleo, 62 % informales, 51 % gana menos del mínimo, los formales se concentran en los deciles más altos, alto cuentapropismo y alta proporción de los trabajadores en empresas pequeñas. Si a esto le sumamos una alta rotación laboral en la que el 72 % de los asalariados y por cuenta propia tienen menos de un año en el trabajo, estos trabajadores se quedan sin acceso a la seguridad social y tienen pocas posibilidades de aprendizaje. Desde la Constitución del 91 hemos tenido cerca de 100 leyes, decretos, sentencias, etc., que coexisten con diversos ordenamientos jurídicos (CST, Ley 100, Códigos y otros) y que crean complejidad y están desarticulados. La resultante es que trabajadores con características similares tienen trato diferenciado de ley según el estatus laboral, creando un sistema complejo que genera diferencias entre el trabajador por cuenta propia y el dependiente, incentiva el arbitraje y dificulta la fiscalización. Se necesitan acuerdos nacionales para reformar integralmente toda esta discriminatoria colcha de retazos.