Seguridad Democrática vs. Paz Total

Cuando Uribe llegó a la presidencia, las FARC contaban con 108 frentes, 16 rodeando a Bogotá y presencia masiva paramilitar en la mitad del país. Teníamos 416 alcaldes en el exilio, concejales, jueces y fiscales despachando desde las capitales. La guerrilla y paras tenían control territorial especialmente rural, ataques constantes a la población con más de 650.000 desplazados, 3.000 secuestros, 200 masacres, destrucción de más de 200 poblaciones año y casi total parálisis del tránsito entre ciudades.

Uribe instauró la política de Seguridad Democrática (SD), basada en garantía y protección de los derechos de todos, de los valores y pluralidad de las instituciones, con solidaridad y cooperación ciudadana. El foco era EFICACIA CON TRANSPARENCIA, eficacia al actuar y transparencia en el respeto por los DD. HH. y el DIH. Los resultados fueron sorprendentes. La SD recuperó el control territorial con acciones coordinadas del Estado, énfasis total en desmovilizaciones con más de 53.000 desmovilizados, cooperación de la ciudadanía con más de 4,6 millones de informantes, fortalecimiento de las FF. AA. aumentando el pie de fuerza en más del 50 %, creación de batallones de alta montaña, de selva, aumento de brigadas móviles, protección especial de la infraestructura, programa “soldados de mi pueblo”, entre otras. Además, la SD logró 39.000 capturas y condujo a que termináramos el 2012 con algo más de 45.000 hectáreas de coca; en comparación con 2002, los homicidios también se vieron reducidos en un 43 %, secuestros en un 90%, actos terroristas bajaron un 71 %, y las desapariciones forzadas cayeron un 83 %. En masacres, se pasó de 115 a 10. La disminución de actos violentos contra poblaciones vulnerables fue sustancial, siendo la ayuda de los EE. UU. fundamental.

En contraste, Petro pensó que por su origen guerrillero podía negociar con sus compadres y que estos rápidamente cederían. En un ejercicio de absoluta improvisación, sin estrategia diferente a negociar por igual con todos los violentos, suspendió órdenes de captura; realizó ceses al fuego sin mediar logros; redujo sustancialmente el poder de las FF. AA., descabezando a más de 60 generales; disminuyó el pie de fuerza en más de 70.000; el presupuesto militar y la inteligencia efectiva con ayuda de Israel fue desmontada para cambiarla por militantes del M-19; eliminó casi en su totalidad la erradicación de cultivos de coca, que hoy se estiman en aproximadamente 300.000 hectáreas. Petro no leyó los cambios; pasamos de actores armados con proyectos de alcance nacional a grupos traquetos regionales enfocados en control territorial, desplazando comunidades y esclavizando a los que quedan para controlar sus rentas criminales. La falta de estrategia del Gobierno, sus concesiones gratuitas y el debilitamiento de la fuerza pública ha derivado en confusión y disminución del actuar de las fuerzas militares, sumado a negociaciones con incentivos perversos.

El Catatumbo, Cauca, Chocó, Caquetá y otros territorios tomados evidencian el absoluto fracaso de la Paz Total, y sin el valor para reconocer los errores prefiere culpar a otros; supuestamente es por la “falta de implementación del proceso de paz”, pero los informes del KROC Institute que hace un seguimiento completo, evidencian que el actual Gobierno prácticamente no ha avanzado en nada en la implementación de la paz. Lástima que dicho seguimiento se frenó con el recorte de Trump.