Un excelente artículo (en inglés) titulado “¿Qué le pasa a América del Sur?”, escrito por Edmund S. Phelps y Juan Vicente Sola (Project Syndicate, 17/7/2020), hace un buen análisis que demuestra cómo los problemas de Latinoamérica reflejan fallas generalizadas de gobernabilidad, “debido a las instituciones que surgieron en la región y los valores que las sustentan”. Argumenta que “la presencia de algunos valores poderosos contrarios al éxito individual y a las búsquedas innovadoras han dado lugar al corporativismo, un sistema que impide la competencia política y económica en nombre de la armonía social y la unidad nacional”.
Sigue: “El resultado es una economía en la que el sector empresarial está enredado con el sector público y atado por restricciones estatales”. El corporativismo es una respuesta al debate sobre el socialismo y los necesarios arreglos aceptados tanto por trabajadores como empleadores. “La nueva visión corporativista proponía una sociedad organizada en gremios y encarnada por una forma de gobierno basada en la participación en la actividad económica y los movimientos sociales, más que a través de partidos políticos”. Explica cómo en esta sociedad corporativa “los sindicatos y las cámaras empresariales debatirían las principales cuestiones de política, bajo el arbitraje del gobierno”.
El artículo menciona que una larga adhesión a los valores tradicionales combinada con más de 70 años de corporativismo han dejado como efectos vastas burocracias y sindicatos centralizados, que en nuestro caso están prácticamente cooptados por ideologías que impiden los cambios que demanda el país, y de otro lado hay una clase empresarial bastante protegida de la competencia extranjera, vía normas y paraaranceles. Pero lo más preocupante es la exclusión que genera.
En Colombia tenemos más de cinco millones de empresas informales. ¿Pueden ellas reclamar que están siendo representadas por los gremios? Tenemos más del 85 % de los trabajadores del campo informales, sin ningún tipo de prestaciones. ¿Pueden los trabajadores que requieren reformas laborales urgentes, para permitir una formalización simple, decir que están siendo representados por sindicatos radicales como la CUT, que se oponen sistemáticamente a estas reformas? Tenemos una educación con bajos niveles de calidad. ¿Pueden los padres de familia y los estudiantes, a quienes una educación mediocre les priva de movilidad social, predicar que están siendo representados por Fecode, que solo se preocupa de sus condiciones y rechaza cualquier tipo de cambios? En Colombia se ha instalado un sistema corporativista donde los pseudorrepresentantes del trabajo, capturados por intereses ideológicos cuyo éxito es el fracaso del país y del sistema, impiden las necesarias reformas que la nación necesita.
En los paros de noviembre de 2019 el Gobierno acertadamente entendió que diferentes sectores tenían demandas válidas y no aceptó mesas únicas para conversar. Si queremos realizar las grandes reformas, estas NO pueden ser pactadas exclusivamente con los sectores corporativos, sino que tienen que involucrar a los vastos sectores excluidos. Pero, por desgracia, los primeros llamados a plantearlas, los políticos, con contadas excepciones prefieren evitar el necesario debate público por temor a los escándalos de los sectores radicales y la consecuente pérdida de votos.
Un excelente artículo (en inglés) titulado “¿Qué le pasa a América del Sur?”, escrito por Edmund S. Phelps y Juan Vicente Sola (Project Syndicate, 17/7/2020), hace un buen análisis que demuestra cómo los problemas de Latinoamérica reflejan fallas generalizadas de gobernabilidad, “debido a las instituciones que surgieron en la región y los valores que las sustentan”. Argumenta que “la presencia de algunos valores poderosos contrarios al éxito individual y a las búsquedas innovadoras han dado lugar al corporativismo, un sistema que impide la competencia política y económica en nombre de la armonía social y la unidad nacional”.
Sigue: “El resultado es una economía en la que el sector empresarial está enredado con el sector público y atado por restricciones estatales”. El corporativismo es una respuesta al debate sobre el socialismo y los necesarios arreglos aceptados tanto por trabajadores como empleadores. “La nueva visión corporativista proponía una sociedad organizada en gremios y encarnada por una forma de gobierno basada en la participación en la actividad económica y los movimientos sociales, más que a través de partidos políticos”. Explica cómo en esta sociedad corporativa “los sindicatos y las cámaras empresariales debatirían las principales cuestiones de política, bajo el arbitraje del gobierno”.
El artículo menciona que una larga adhesión a los valores tradicionales combinada con más de 70 años de corporativismo han dejado como efectos vastas burocracias y sindicatos centralizados, que en nuestro caso están prácticamente cooptados por ideologías que impiden los cambios que demanda el país, y de otro lado hay una clase empresarial bastante protegida de la competencia extranjera, vía normas y paraaranceles. Pero lo más preocupante es la exclusión que genera.
En Colombia tenemos más de cinco millones de empresas informales. ¿Pueden ellas reclamar que están siendo representadas por los gremios? Tenemos más del 85 % de los trabajadores del campo informales, sin ningún tipo de prestaciones. ¿Pueden los trabajadores que requieren reformas laborales urgentes, para permitir una formalización simple, decir que están siendo representados por sindicatos radicales como la CUT, que se oponen sistemáticamente a estas reformas? Tenemos una educación con bajos niveles de calidad. ¿Pueden los padres de familia y los estudiantes, a quienes una educación mediocre les priva de movilidad social, predicar que están siendo representados por Fecode, que solo se preocupa de sus condiciones y rechaza cualquier tipo de cambios? En Colombia se ha instalado un sistema corporativista donde los pseudorrepresentantes del trabajo, capturados por intereses ideológicos cuyo éxito es el fracaso del país y del sistema, impiden las necesarias reformas que la nación necesita.
En los paros de noviembre de 2019 el Gobierno acertadamente entendió que diferentes sectores tenían demandas válidas y no aceptó mesas únicas para conversar. Si queremos realizar las grandes reformas, estas NO pueden ser pactadas exclusivamente con los sectores corporativos, sino que tienen que involucrar a los vastos sectores excluidos. Pero, por desgracia, los primeros llamados a plantearlas, los políticos, con contadas excepciones prefieren evitar el necesario debate público por temor a los escándalos de los sectores radicales y la consecuente pérdida de votos.