El 9 de junio de 2021, en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) al país, el Ministerio de Defensa publicó el Informe del Sector Defensa “Garantías a la manifestación pacífica y control de acciones violentas, período 28 de abril al 4 de junio de 2021” que incluye un capítulo con cifras sobre el “ciberpatrullaje” en ese período. Estos números dan una mejor idea de esta actividad en la práctica.
De acuerdo con el informe, la Policía destinó 21.675 horas de trabajo a la cruzada contra “campañas de desinformación con el fin de generar contenido de caos y odio hacia las instituciones del Estado”. Es decir 21.675 horas en un período de 36 días, son 75 personas trabajando 8 horas diarias (sin festivos) para, dice el informe, identificar 154 noticias falsas. No me dan las cuentas.
Desde 2015 la Resolución 3859 del Ministerio de Defensa establece la capacidad de la Policía para realizar “ciberpatrullajes” en internet, sin aclarar en qué consiste. Indica que su propósito es identificar amenazas contra la seguridad ciudadana. El uso de esta práctica se extendió en 2020, al iniciar la pandemia, y se generalizó con el Paro Nacional de 2021, para identificar contenido de desinformación.
El término sugiere de manera vaga varias actividades. En España, por ejemplo, parece asociarse con la investigación de delitos informáticos, mientras que el Centro de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo (CELE) se pregunta si en Argentina el ciberpatrullaje es realmente una actividad de inteligencia disfrazada de vigilancia.
Establecer qué es el ciberpatrullaje es importante, pues es lo que permite analizar si las facultades del Puesto de Mando Unificado Ciber -compuesto de entidades de inteligencia de policía y fuerzas militares- y la forma en que le fueron conferidas se alinean o no con los derechos humanos. En Argentina, donde también se institucionalizó esta práctica para buscar noticias falsas en la pandemia, la autoridad de protección de datos pidió que se suspendiera hasta tanto se verificara su compatibilidad con la normativa local.
Entonces el foco central del ciberpatrullaje en los últimos meses consiste en el monitoreo de desinformación y el problema central de etiquetar contenido como “noticias falsas”, hace del ciberpatrullaje una “policía de la verdad” que monitorea proactivamente los contenidos en internet para producir “reportes” que limpien el buen nombre de las fuerzas militares y la policía.
Esta acción -por venir de quien viene, la fuerza pública-, atenta contra la libertad de expresión, la privacidad y genera un efecto inhibidor para las personas cuando piensan en compartir información sobre las protestas y la evolución de la crisis en Colombia. Como en el punto anterior, no conocemos el alcance de esta actividad ni sus consecuencias.
Ahora bien, el informe del sector nos muestra que el ciberpatrullaje en Colombia va más allá. Como en España sirve también para investigar ciberdelitos. El informe menciona que se detectaron “104 eventos cibernéticos, así; 41% (43 eventos), corresponde a defacements (modificaciones de código web), 32% (33 eventos), corresponde a los ataques de filtración de información, 20% (21 eventos) de denegación de servicios, 7% vulneración sitios web (7 eventos)”.
Sin embargo, nos falta saber cuáles sitios web, qué tipo de ataques, contra quién, qué acciones se tomaron, cómo se relacionan con la protesta. Queremos que nos protejan de ciberdelitos y que se actúe incluso bloqueando contenidos o URL en internet, en aplicación, claro, de un marco legal proporcional y razonable que los faculte para ello. No es un poder absoluto, debe tener controles. La forma como la Policía actúa en Colombia en estos casos no es clara, no es transparente, no hay escrutinio público y por tanto no se construye confianza -elemento central de una política de ciberseguridad-.
Las cifras del informe del Ministerio de Defensa muestran además que usó el marco jurídico del ciberpatrullaje también para controlar la protesta en el mundo físico. Mencionan que han realizado 3.420 alertas preventivas anticipando actos de vandalismo y analizado 3.723 videos para identificar e individualizar responsables, logrando así la apertura de 9 procesos de investigación. Estas cifras confirman que el alcance del ciberpatrullaje realizado en Colombia por la Policía es amplio e incluye acciones de inteligencia de fuentes abiertas en donde se individualiza a las personas, se las vigila para criminalizarlas. ¿Cómo operan en estos casos las garantías de derechos humanos? los reportes no proveen información al respecto.
Finalmente, el informe también relaciona comportamientos artificiales de troles y granjas, al tiempo que indica que fueron investigados por una entidad de Washington. El documento no dice cómo se relaciona esto con el ciberpatrullaje, ni qué acciones se adelantan en este caso. Parece ser más una nota anecdótica que no debería estar en este informe así no más.
El ámbito digital de la protesta tiene en el ciberpatrullaje importantes desafíos pues no solo se usan capacidades tecnológicas y jurídicas para bloquear y cuestionar contenidos en internet, sin que exista la suficiente transparencia y supervisión, sino que además con el ciberpatrullaje se hace uso de la tecnología para la vigilancia ciudadana por parte de funcionarios públicos.
El ciberpatrullaje restringe derechos fundamentales y por tanto debe ajustarse a los estándares de derechos humanos, debe ser un mecanismo legal, necesario y proporcional, no parece que esta actividad superaría esa evaluación.
El monitoreo del espacio público por la Fuerza Pública justificado en criterios ambiguos es riesgoso para los derechos de las personas. La libertad de expresión puede verse afectada cuando se bloquean contenidos sin las debidas garantías, cuando se sienten vigiladas o cuando su expresión es calificada por quien ostenta el monopolio de la fuerza o cuando le vigila sin las garantías constitucionales. Todo esto, sin las claridades sobre las consecuencias de ese ejercicio y sin que hablemos de lo que esto nos cuesta, porque 75 personas dedicadas todos los días a esta actividad… es un despropósito.