¿A qué le temen cuando le temen al fraude electoral?
Para las elecciones de 2022 el temor por el fraude electoral se mueve entre la desconfianza en la calle por falta de garantías y el reclamo oficial, porque la crítica se equipara con ataque a las instituciones. Esta preocupación, que es de las principales para 2022, presenta una paradoja pues, aunque son posiciones encontradas, terminan en la misma orilla cuando piensan en una posible solución: la tecnología.
En 2017, partidos políticos minoritarios (Mira, Opción Ciudadana, el Polo y los Verdes) se unieron para pedir el voto electrónico e identificación biométrica, sin éxito. Este año el Partido Liberal impulsa una reforma constitucional sobre voto obligatorio en la que dicen que se podrá implementar el voto electrónico, porque agiliza y transparenta las votaciones.
El balance de la reunión entre Petro y el registrador hace un mes, donde se ventilaron los temores de fraude del candidato, se resume en titulares mediáticos con un lánguido “mesas de votación con riesgo de fraude tendrían máquinas biométricas”. El uribismo tuvo su propia iniciativa legislativa de voto electrónico en 2020, que fracasó, pero se sumó tranquilamente en esto al proyecto de Código Electoral de la Registraduría -aprobado hace un año, cuando se rechazó el voto por internet, pero ningún partido o político cuestionó el electrónico-.
Pocos temas unen en lo electoral a los gobiernos y los partidos políticos, de todos los colores, como la tecnología. Sin embargo, ninguno explica ciertas cosas: ¿Por qué se necesita? ¿Cuál es el problema concreto que resuelve? ¿Por qué esa tecnología? ¿Cómo garantizan la transparencia, la integridad y el secreto del voto? Tampoco se habla de los riesgos, de los procesos de selección de la tecnología, de los proveedores, los costos o la dependencia que generan; tampoco de las características que debería ofrecer la tecnología a elegir como solución.
Empecemos diciendo que lo usual es presentar la tecnología como la respuesta neutral y automática a complejos problemas de nuestras sociedades. No se analizan otras soluciones, ni los efectos que introducir la tecnología tiene. Las elecciones no son la excepción.
Por ejemplo, a pesar de que hace más de diez años el Tribunal Constitucional en Alemania dijo que la irreflexiva adopción del voto electrónico era inconstitucional, en otras latitudes aún no analizamos las consecuencias jurídicas de su implementación. En cambio, exaltamos a Estonia como ejemplo de éxito, sin considerar que es un país con indicadores según los cuales la confianza de su población (de menos de 1,5 millones de personas) en el Estado es alta, y que para 2010 ya estaba conectada a internet en un 75%.
La tecnología en el proceso electoral colombiano no es nueva. Está presente desde hace décadas, siguiendo al pie de la letra el procedimiento del escrutinio manual. Ni en el Palacio de Nariño ni en el Congreso se ha pensado en cómo actualizar el escrutinio. Tampoco han buscado poner al día las garantías del proceso (transparencia, integridad y secreto del voto) y menos han trabajado para identificar y mitigar los riesgos de su adopción.
El unanimísmo acrítico en la incorporación de tecnología hace que se vea como un factor determinante que garantiza el progreso y el desarrollo. Para el Estado la tecnología es una varita mágica. Para el sector privado la tecnología facilita la generación de beneficios y productividad, pues tienen como base la “innovación y el progreso” -además así la venden-. El resto, somos receptores pasivos que la aceptamos y naturalizamos.
Sin que todavía tengamos una sentencia de constitucionalidad de la Corte, el nuevo Código Electoral todavía no se aplicará, pero el despliegue tecnológico seguirá en 2022 sin garantías. Así, el multimillonario contrato para las elecciones en 2022 ampliará el uso de tecnología a todo el proceso electoral: desde la inscripción de candidatos y la de votantes, pasando por el preconteo y hasta el escrutinio. Aumentará además el despliegue de biometría para la autenticación de todas las personas que participen en el proceso.
Sobre esta situación podemos decir que se mantienen, en general, la forma de contratación y los contratistas. Las elecciones siguen siendo privadas. Si bien por primera vez se contrató una auditoría externa para los aspectos tecnológicos, los procesos de participación en su diseño dejan mucho que desear. Finalmente, tampoco sabemos qué tan públicos serán sus resultados.
Con el cambio de registrador aún no tenemos certeza de si todos los pequeños logros de años pasados sobre observación electoral en los simulacros, y el acceso a datos del preconteo y escrutinio, se mantendrán como en el pasado. Tampoco hemos conocido de reuniones de la Registraduría para informar detalles a quienes nos interesa el tema.
Todo esto importa, por ejemplo, en el tema de biometría y en línea con la cultura de la sospecha -tan común entre nosotros y nosotras, donde socialmente todos y todas somos culpables-. La gran novedad de la Registraduría es que habrá biometría para la inscripción de las candidaturas. Este nuevo despliegue es más una gran inversión mediática que la solución a un problema real. ¿Cuántas de las personas que inscriben su candidatura han sido suplantadas? ¿Cuántas veces se ha presentado fraude en estos procesos? ¿Cuánto nos cuesta ese juguete?
No me cabe duda de que por esto, en 2022, un desafío importante será poder hablar francamente sobre los riesgos de la tecnología en las elecciones y la necesidad de enfrentarlos. Si el temor es el fraude, la confianza se construye sobre todo con apertura para que cualquiera pueda hacer seguimiento. Cuando el proceso tiene tecnología, el seguimiento supone retos especiales, por lo que será interesante identificar las iniciativas que intentan hacerlo y las barreras que enfrentan.
Es decir, urge mover el imaginario colectivo para ubicar la confianza donde debe estar: sacarla del manto mágico que cubre a la tecnología como “la” solución, para que la construyamos colectivamente desde los valores democráticos de transparencia, integridad y secreto del voto. De esta forma evitaremos que esos principios dependan ciegamente de la tecnología y podremos concentrarnos en las particularidades de la que se use. Me encantaría escuchar ideas sobre cómo movilizar esta discusión en forma propositiva.
Para las elecciones de 2022 el temor por el fraude electoral se mueve entre la desconfianza en la calle por falta de garantías y el reclamo oficial, porque la crítica se equipara con ataque a las instituciones. Esta preocupación, que es de las principales para 2022, presenta una paradoja pues, aunque son posiciones encontradas, terminan en la misma orilla cuando piensan en una posible solución: la tecnología.
En 2017, partidos políticos minoritarios (Mira, Opción Ciudadana, el Polo y los Verdes) se unieron para pedir el voto electrónico e identificación biométrica, sin éxito. Este año el Partido Liberal impulsa una reforma constitucional sobre voto obligatorio en la que dicen que se podrá implementar el voto electrónico, porque agiliza y transparenta las votaciones.
El balance de la reunión entre Petro y el registrador hace un mes, donde se ventilaron los temores de fraude del candidato, se resume en titulares mediáticos con un lánguido “mesas de votación con riesgo de fraude tendrían máquinas biométricas”. El uribismo tuvo su propia iniciativa legislativa de voto electrónico en 2020, que fracasó, pero se sumó tranquilamente en esto al proyecto de Código Electoral de la Registraduría -aprobado hace un año, cuando se rechazó el voto por internet, pero ningún partido o político cuestionó el electrónico-.
Pocos temas unen en lo electoral a los gobiernos y los partidos políticos, de todos los colores, como la tecnología. Sin embargo, ninguno explica ciertas cosas: ¿Por qué se necesita? ¿Cuál es el problema concreto que resuelve? ¿Por qué esa tecnología? ¿Cómo garantizan la transparencia, la integridad y el secreto del voto? Tampoco se habla de los riesgos, de los procesos de selección de la tecnología, de los proveedores, los costos o la dependencia que generan; tampoco de las características que debería ofrecer la tecnología a elegir como solución.
Empecemos diciendo que lo usual es presentar la tecnología como la respuesta neutral y automática a complejos problemas de nuestras sociedades. No se analizan otras soluciones, ni los efectos que introducir la tecnología tiene. Las elecciones no son la excepción.
Por ejemplo, a pesar de que hace más de diez años el Tribunal Constitucional en Alemania dijo que la irreflexiva adopción del voto electrónico era inconstitucional, en otras latitudes aún no analizamos las consecuencias jurídicas de su implementación. En cambio, exaltamos a Estonia como ejemplo de éxito, sin considerar que es un país con indicadores según los cuales la confianza de su población (de menos de 1,5 millones de personas) en el Estado es alta, y que para 2010 ya estaba conectada a internet en un 75%.
La tecnología en el proceso electoral colombiano no es nueva. Está presente desde hace décadas, siguiendo al pie de la letra el procedimiento del escrutinio manual. Ni en el Palacio de Nariño ni en el Congreso se ha pensado en cómo actualizar el escrutinio. Tampoco han buscado poner al día las garantías del proceso (transparencia, integridad y secreto del voto) y menos han trabajado para identificar y mitigar los riesgos de su adopción.
El unanimísmo acrítico en la incorporación de tecnología hace que se vea como un factor determinante que garantiza el progreso y el desarrollo. Para el Estado la tecnología es una varita mágica. Para el sector privado la tecnología facilita la generación de beneficios y productividad, pues tienen como base la “innovación y el progreso” -además así la venden-. El resto, somos receptores pasivos que la aceptamos y naturalizamos.
Sin que todavía tengamos una sentencia de constitucionalidad de la Corte, el nuevo Código Electoral todavía no se aplicará, pero el despliegue tecnológico seguirá en 2022 sin garantías. Así, el multimillonario contrato para las elecciones en 2022 ampliará el uso de tecnología a todo el proceso electoral: desde la inscripción de candidatos y la de votantes, pasando por el preconteo y hasta el escrutinio. Aumentará además el despliegue de biometría para la autenticación de todas las personas que participen en el proceso.
Sobre esta situación podemos decir que se mantienen, en general, la forma de contratación y los contratistas. Las elecciones siguen siendo privadas. Si bien por primera vez se contrató una auditoría externa para los aspectos tecnológicos, los procesos de participación en su diseño dejan mucho que desear. Finalmente, tampoco sabemos qué tan públicos serán sus resultados.
Con el cambio de registrador aún no tenemos certeza de si todos los pequeños logros de años pasados sobre observación electoral en los simulacros, y el acceso a datos del preconteo y escrutinio, se mantendrán como en el pasado. Tampoco hemos conocido de reuniones de la Registraduría para informar detalles a quienes nos interesa el tema.
Todo esto importa, por ejemplo, en el tema de biometría y en línea con la cultura de la sospecha -tan común entre nosotros y nosotras, donde socialmente todos y todas somos culpables-. La gran novedad de la Registraduría es que habrá biometría para la inscripción de las candidaturas. Este nuevo despliegue es más una gran inversión mediática que la solución a un problema real. ¿Cuántas de las personas que inscriben su candidatura han sido suplantadas? ¿Cuántas veces se ha presentado fraude en estos procesos? ¿Cuánto nos cuesta ese juguete?
No me cabe duda de que por esto, en 2022, un desafío importante será poder hablar francamente sobre los riesgos de la tecnología en las elecciones y la necesidad de enfrentarlos. Si el temor es el fraude, la confianza se construye sobre todo con apertura para que cualquiera pueda hacer seguimiento. Cuando el proceso tiene tecnología, el seguimiento supone retos especiales, por lo que será interesante identificar las iniciativas que intentan hacerlo y las barreras que enfrentan.
Es decir, urge mover el imaginario colectivo para ubicar la confianza donde debe estar: sacarla del manto mágico que cubre a la tecnología como “la” solución, para que la construyamos colectivamente desde los valores democráticos de transparencia, integridad y secreto del voto. De esta forma evitaremos que esos principios dependan ciegamente de la tecnología y podremos concentrarnos en las particularidades de la que se use. Me encantaría escuchar ideas sobre cómo movilizar esta discusión en forma propositiva.