El derecho de acceso a internet debe ser pensado como medio y no como fin, es un medio necesario para el ejercicio de derechos fundamentales y esto será cada vez más cierto a juzgar por la forma como avanzan las agendas de gobierno en línea.
Hoy debemos acceder a internet para conseguir el pasado judicial, imprimir el carnet del Sisbén, obtener el PIN para pagar el POS, preinscribir los hijos en los colegios, inscribirse para el Icfes, ingresar a un curso en el Sena. Otros trámites como pagar servicios públicos, conseguir un extracto bancario, seguir un paquete enviado, etc., son trámites que usan internet aun de forma más generalizada.
Simón Gaviria y Honorio Galvis, alineados con las recomendaciones del relator de la ONU Frank La Rue, presentaron ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional para que este acceso sea derecho fundamental. En las discusiones que se vienen no debemos aislar el tema filosófico de la propuesta para trivializarlo como una propuesta de entretenimiento en casa o concentrarnos sólo en el costo de la infraestructura de conexión per cápita, como aparece en entrevista reciente de Mintic en Enter. El énfasis en la visión de La Rue está en la obligación positiva de los estados para facilitar el acceso universal a internet, que incluye crear un entorno legal que promueva y regule el costo de los intermediarios necesarios; pensar en nuestro entorno no sólo en computadores en hogares sino, más importante, a través de centros comunitarios y otros puntos de acceso público; en promover la educación sobre su uso y en facilitarlo para personas con discapacidad y menos favorecidas.
Reconocer este derecho da a los esfuerzos estatales en marcha un marco jurídico sólido para integrar sus proyectos más allá de conectividad y, claro, asegura a los ciudadanos que pueden reclamarlo. Por ejemplo, si un día la asignación de escuelas es por internet, ¿bastará con que los padres estén conectados? o ¿puede pensarse más allá y fortalecer estructuras públicas comunes existentes? Seguramente las bibliotecas serán ejes de apoyo a procesos de participación y formación de ciudadanos asumiendo un papel activo en la concreción de tal derecho.
http://www.karisma.org.co/caroboterohttp://twitter.com/caroboterohttp://...
El derecho de acceso a internet debe ser pensado como medio y no como fin, es un medio necesario para el ejercicio de derechos fundamentales y esto será cada vez más cierto a juzgar por la forma como avanzan las agendas de gobierno en línea.
Hoy debemos acceder a internet para conseguir el pasado judicial, imprimir el carnet del Sisbén, obtener el PIN para pagar el POS, preinscribir los hijos en los colegios, inscribirse para el Icfes, ingresar a un curso en el Sena. Otros trámites como pagar servicios públicos, conseguir un extracto bancario, seguir un paquete enviado, etc., son trámites que usan internet aun de forma más generalizada.
Simón Gaviria y Honorio Galvis, alineados con las recomendaciones del relator de la ONU Frank La Rue, presentaron ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional para que este acceso sea derecho fundamental. En las discusiones que se vienen no debemos aislar el tema filosófico de la propuesta para trivializarlo como una propuesta de entretenimiento en casa o concentrarnos sólo en el costo de la infraestructura de conexión per cápita, como aparece en entrevista reciente de Mintic en Enter. El énfasis en la visión de La Rue está en la obligación positiva de los estados para facilitar el acceso universal a internet, que incluye crear un entorno legal que promueva y regule el costo de los intermediarios necesarios; pensar en nuestro entorno no sólo en computadores en hogares sino, más importante, a través de centros comunitarios y otros puntos de acceso público; en promover la educación sobre su uso y en facilitarlo para personas con discapacidad y menos favorecidas.
Reconocer este derecho da a los esfuerzos estatales en marcha un marco jurídico sólido para integrar sus proyectos más allá de conectividad y, claro, asegura a los ciudadanos que pueden reclamarlo. Por ejemplo, si un día la asignación de escuelas es por internet, ¿bastará con que los padres estén conectados? o ¿puede pensarse más allá y fortalecer estructuras públicas comunes existentes? Seguramente las bibliotecas serán ejes de apoyo a procesos de participación y formación de ciudadanos asumiendo un papel activo en la concreción de tal derecho.
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