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Frente a las reiteradas acciones y amenazas de Trump de elevar aranceles a otros países, la semana pasada les conté sobre otras posibles respuestas que contemplan mecanismos distintos, como el de disminuir protecciones a la propiedad intelectual. Esta alternativa es audaz, rara, hasta poco ortodoxa, pero no es loca. Europa la evalúa para golpear a las grandes empresas de tecnología gringas y mejorar su lugar de negociación.
Si EEUU materializa las amenazas arancelarias, puede estar en violación de tratados ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y enfrentar sanciones por ello. El Financial Times explica las “medidas anti-coercitivas” que Europa está analizando para responder con contundencia, pero sin infringir el derecho internacional:
- Restricciones en servicios digitales, es decir, imponer limitaciones a empresas tecnológicas de EEUU, afectando servicios como descargas de software y plataformas de streaming. Puede afectar a Spotify, Apple o Youtube.
- Suspensión de derechos de propiedad intelectual. Como les expliqué hace una semana, se podrían suspender los castigos a la elusión de las MTP o candados digitales, impactando negativamente a empresas que dependen de estos derechos en el mercado europeo como Apple, Google, Tesla o Amazon
- Limitaciones a la inversión extranjera directa en sectores clave dentro de la UE.
- Acceso restringido a servicios financieros en mercados europeos.
Hay dos formas de implementar lo que la OMC califica como medidas de “retorsión” (en inglés retaliation measures), o bien activando el mecanismo jurisdiccional de la OMC o aplicándolas directamente.
En determinadas circunstancias, dentro de un proceso de resolución de conflictos ante la OMC, se autoriza a los países a aplicar medidas de retorsión. Son una sanción que puede aplicar el país afectado a través de medidas en el campo del tratado violado y en el mismo sector. Así un incremento en los aranceles para metales, se responde con algo similar. Ocasionalmente, cuando se muestra que la retorsión no sería efectiva, se autorizan medidas de “retorsión cruzada” (cross-retaliation), porque no tienen que circunscribirse al mismo tratado ni al mismo tipo de beneficio o sector que originó el conflicto. Por eso el aumento arbitrario de aranceles puede terminar en la suspensión de la propiedad intelectual.
Hay un antecedente de autorización de retorsión cruzada por la OMC. En 2003 Antigua y Barbuda inició un proceso de resolución de disputas ante la OMC alegando que EEUU violó su compromiso de libre comercio de servicios recreativos. El pleito terminó a favor de Antigua y Barbuda y, ante la inutilidad de aplicar restricciones a prestadores de servicios gringos, el panel le concedió al país caribeño el derecho a suspender 21 millones de dólares anuales en derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses. Se percibió como una victoria de David contra Goliat, demostró que suspender derechos de propiedad intelectual puede ser una medida de represalia efectiva frente a acciones violatorias de algunos países.
Mientras en este caso hubo autorización previa de la OMC, otra respuesta es aplicar directamente la medida, sin esperar. Eso sucedió cuando Trump en su primer período elevó los aranceles del aluminio y el acero mundialmente. Varios países respondieron directamente con incrementos en aranceles, paralelamente iniciaron también procesos de solución de conflictos. EEUU negoció con los que usaron esta táctica menos con China con quien el proceso llegó hasta un fallo adverso para el país asiático, el panel declaró que había un uso ilegal de la retorsión. Otros países como Colombia, ni subieron los aranceles, ni iniciaron un proceso, simplemente se tragaron el sapo.
El uso de los aranceles como arma comercial no es novedoso, en esas circunstancias los países buscan sus mejores posiciones de negociación. Ahora que Trump incrementó de nuevo los aranceles del aluminio y el acero, puede reactivarse el uso de la retorsión directa y/o autorizada. Lo interesante será si la Unión Europea (UE), u otro país, se decide a contrarrestar tácticas comerciales coercitivas de EEUU con medidas de retorsión cruzada, como la de disminuir la protección a la propiedad intelectual, que además pueden verse como una forma de cobrarles a las grandes empresas de tecnología de EEUU su alineación política.
Dejo unas preguntas: ¿Hasta dónde llevará Trump sus amenazas? ¿Usará la UE, u otro país la retorsión cruzada? ¿Esperarán un fallo de la OMC antes de tomar represalias o actuarán directamente? ¿Cómo actuarán las grandes empresas en ese caso? ¿Sería absurdo pensar que algo así puede generar reacciones de solidaridad? -por ejemplo mediante boicots por parte de las personas usuarias a los servicios de esas empresas-.
No pretendo ignorar que esta propuesta de respuesta supone confiar en un sistema multilateral desgastado y cuya crisis se acentúa en medio del matoneo trumpiano. Pero, la idea de que esto permita pensar en tácticas de respuesta colectiva -incluso por pequeños países como Colombia, o unidos regionalmente- me anima. Es interesante que se estén buscando opciones a la fuerza, algo en lo que lo colectivo es efectivo.
