Celulares y aulas, ¿prohibir para prevenir?

Finalmente, el senador liberal Rodrigo Rojas presentó el proyecto de ley para prohibir los celulares en los salones de clase. La premisa del proyecto es clara: el problema se soluciona con una prohibición. La gran ausente es la reflexión sobre el rol de la educación en la formación de jóvenes.

La rapidez con que la tecnología se ha instalado en nuestros bolsillos y modificado nuestras prácticas sociales debiera hacernos reflexionar sobre el reto de adaptar su uso, y convocarnos en el proceso de cambio y formación.

Está claro que la dependencia de la tecnología es mala; la ansiedad que provoca es real, es responsable de múltiples distracciones, nos hace perder el contacto personal y nos hace personas maleducadas. Todo eso es cierto, pero no solo en relación con menores de edad. Miremos nuestros propios comportamientos. Ahora bien, asumir que hoy estamos mejor sin tecnología es marginar a nuestras nuevas generaciones de poderosos instrumentos para la vida.

¿Cuál es la medida correcta de uso de la tecnología? Esta pregunta no es menor. Es difícil incluso si nos centramos en la relación intrafamiliar, si pensamos que los propios padres y madres son promotores de instalar cámaras en los jardines infantiles para seguir minuto a minuto a sus pequeños; en solicitar cámaras y GPS en las rutas escolares para monitorearlos; y recurrir a las pantallas como aliadas, por ejemplo, a la hora de comer –solo le entregas el dispositivo con un video y ¡comen!–. Hay un gran reto en que nos eduquemos nosotros mismos en cómo usar tecnologías y cómo hacerlo desde el ejemplo.

Ahora bien, en relación con la escuela tampoco es una pregunta menor. El rector de la UNAD dice que educación sin tecnología es como fútbol sin balón. El director del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de la Sabana también señala que “la solución no es restringir, es formar”. El problema central es que los maestros no saben cómo convertir el aparato en una ayuda pedagógica, agrega. El autor del proyecto de ley se justifica indicando que su proyecto se basa en estudios, y una reciente ley en Francia parece darle la razón.

El debate está servido, pero no puede quedarse en el tema de la prohibición. Creo que la opinión de Jairo Rivera, exvocero de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE), aporta mucho a esta discusión. Para él, el uso de celulares en las aulas “es una preocupación legítima en un contexto que tiene que haber una reforma general de la escuela. El gran problema que tenemos en la educación en Colombia no está circunscrito a términos como la indisciplina o solo la falta de financiación de los colegios y las universidades, que por supuesto es un problema nodal. Sino que tiene que ver con que la escuela como la conocemos, la institución, las reglas de juego que están detrás de la enseñanza primaria, básica y media han fracasado”. Agrega que no tenemos una escuela moderna, pues, no se ha adaptado a las nuevas tecnologías: “La verdadera escuela de los niños de esta generación ya no es el colegio formalmente hablando, es Google, Internet, las redes que construyen con sus amigos”.

De otra parte, estas medidas del autoritarismo adulto también desconocen efectos contextuales. En este caso, es necesario reconocer que el uso del celular está en franco aumento en Colombia con efectos muy positivos en la educación rural. Así lo hemos comprobado en Karisma –donde trabajo–, pues, en algunas escuelas de poblaciones aisladas, el acceso a tecnología, por tanto, a mucha información y dinámicas pedagógicas, es casi exclusivamente por celulares. ¿Cómo va a gestionar esta prohibición la escuela nueva rural? ¿Les prohibimos a nuestros estudiantes que caminan horas para llegar a la escuela que lleven su celular e ignoramos todos los beneficios a los que finalmente han accedido?

Pensemos que, de acuerdo con el proyecto de ley presentado, la prohibición será para todos los niveles de educación en instituciones tanto privadas como públicas y cubre el horario escolar (se esté dentro o fuera de la institución académica). También reconoce que la tecnología puede ser usada con fines pedagógicos, delegando en el MinTIC la regulación de estos usos; algo que parece más una concesión que una revisión a fondo del tema y dando prioridad a la tecnología no a la pedagogía, ¿acaso no debería ser Mineducación?

Leyendo el proyecto me surge otra pregunta: ¿acaso la única forma de abordar el problema es legislando para prohibir? No, estoy convencida de que no. Propongo mejor cambiar el foco para promover los usos buenos y formar para comprender los problemas de la tecnología. Se podría trabajar en buenas prácticas, en recomendaciones, en acciones que puedan considerar contextos y realidades diversas. Esta aproximación desde la política pública serviría para guiar el proceso formativo en la escuela. Si se insiste en prohibir, seguiremos dejando a nuestros niños, niñas y adolescentes educándose solos en el uso de tecnología, y parece que a nosotros no nos ha ido muy bien en eso.

Como ven son muchas las preguntas que se mantienen: ¿tiene la sociedad colombiana el poder para hacer cumplir esta norma?, ¿cuánto va a costar?, ¿cómo se aplicará en las poblaciones aisladas?, ¿alguien más ve esta disposición como inocua?  

Finalmente, el senador liberal Rodrigo Rojas presentó el proyecto de ley para prohibir los celulares en los salones de clase. La premisa del proyecto es clara: el problema se soluciona con una prohibición. La gran ausente es la reflexión sobre el rol de la educación en la formación de jóvenes.

La rapidez con que la tecnología se ha instalado en nuestros bolsillos y modificado nuestras prácticas sociales debiera hacernos reflexionar sobre el reto de adaptar su uso, y convocarnos en el proceso de cambio y formación.

Está claro que la dependencia de la tecnología es mala; la ansiedad que provoca es real, es responsable de múltiples distracciones, nos hace perder el contacto personal y nos hace personas maleducadas. Todo eso es cierto, pero no solo en relación con menores de edad. Miremos nuestros propios comportamientos. Ahora bien, asumir que hoy estamos mejor sin tecnología es marginar a nuestras nuevas generaciones de poderosos instrumentos para la vida.

¿Cuál es la medida correcta de uso de la tecnología? Esta pregunta no es menor. Es difícil incluso si nos centramos en la relación intrafamiliar, si pensamos que los propios padres y madres son promotores de instalar cámaras en los jardines infantiles para seguir minuto a minuto a sus pequeños; en solicitar cámaras y GPS en las rutas escolares para monitorearlos; y recurrir a las pantallas como aliadas, por ejemplo, a la hora de comer –solo le entregas el dispositivo con un video y ¡comen!–. Hay un gran reto en que nos eduquemos nosotros mismos en cómo usar tecnologías y cómo hacerlo desde el ejemplo.

Ahora bien, en relación con la escuela tampoco es una pregunta menor. El rector de la UNAD dice que educación sin tecnología es como fútbol sin balón. El director del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de la Sabana también señala que “la solución no es restringir, es formar”. El problema central es que los maestros no saben cómo convertir el aparato en una ayuda pedagógica, agrega. El autor del proyecto de ley se justifica indicando que su proyecto se basa en estudios, y una reciente ley en Francia parece darle la razón.

El debate está servido, pero no puede quedarse en el tema de la prohibición. Creo que la opinión de Jairo Rivera, exvocero de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE), aporta mucho a esta discusión. Para él, el uso de celulares en las aulas “es una preocupación legítima en un contexto que tiene que haber una reforma general de la escuela. El gran problema que tenemos en la educación en Colombia no está circunscrito a términos como la indisciplina o solo la falta de financiación de los colegios y las universidades, que por supuesto es un problema nodal. Sino que tiene que ver con que la escuela como la conocemos, la institución, las reglas de juego que están detrás de la enseñanza primaria, básica y media han fracasado”. Agrega que no tenemos una escuela moderna, pues, no se ha adaptado a las nuevas tecnologías: “La verdadera escuela de los niños de esta generación ya no es el colegio formalmente hablando, es Google, Internet, las redes que construyen con sus amigos”.

De otra parte, estas medidas del autoritarismo adulto también desconocen efectos contextuales. En este caso, es necesario reconocer que el uso del celular está en franco aumento en Colombia con efectos muy positivos en la educación rural. Así lo hemos comprobado en Karisma –donde trabajo–, pues, en algunas escuelas de poblaciones aisladas, el acceso a tecnología, por tanto, a mucha información y dinámicas pedagógicas, es casi exclusivamente por celulares. ¿Cómo va a gestionar esta prohibición la escuela nueva rural? ¿Les prohibimos a nuestros estudiantes que caminan horas para llegar a la escuela que lleven su celular e ignoramos todos los beneficios a los que finalmente han accedido?

Pensemos que, de acuerdo con el proyecto de ley presentado, la prohibición será para todos los niveles de educación en instituciones tanto privadas como públicas y cubre el horario escolar (se esté dentro o fuera de la institución académica). También reconoce que la tecnología puede ser usada con fines pedagógicos, delegando en el MinTIC la regulación de estos usos; algo que parece más una concesión que una revisión a fondo del tema y dando prioridad a la tecnología no a la pedagogía, ¿acaso no debería ser Mineducación?

Leyendo el proyecto me surge otra pregunta: ¿acaso la única forma de abordar el problema es legislando para prohibir? No, estoy convencida de que no. Propongo mejor cambiar el foco para promover los usos buenos y formar para comprender los problemas de la tecnología. Se podría trabajar en buenas prácticas, en recomendaciones, en acciones que puedan considerar contextos y realidades diversas. Esta aproximación desde la política pública serviría para guiar el proceso formativo en la escuela. Si se insiste en prohibir, seguiremos dejando a nuestros niños, niñas y adolescentes educándose solos en el uso de tecnología, y parece que a nosotros no nos ha ido muy bien en eso.

Como ven son muchas las preguntas que se mantienen: ¿tiene la sociedad colombiana el poder para hacer cumplir esta norma?, ¿cuánto va a costar?, ¿cómo se aplicará en las poblaciones aisladas?, ¿alguien más ve esta disposición como inocua?